Entrevista con Rafael Jaimes, CPDH Norte de Santander. El proceso de paz entre Santos y FARC y los actuales diálogos de paz con el ELN han generado expectativas a la hora de poner fin al conflicto armado, pero la llegada del gobierno de Iván Duque crea un ambiente de incertidumbre con respecto a la implementación de la paz
Renata Cabrales
@RENATARELATA
El Congreso Fronterizo de derechos humanos es un escenario de diálogos, de confluencia y cambio de opiniones entre los diferentes actores sociales de la vida académica, institucional y política de la región de Norte de Santander que se dan cita cada año para discutir los diferentes temas de la actualidad política en materia de derechos humanos, es decir es un escenario donde se discuten los principales temas de la agenda de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región del Catatumbo, en la región de frontera y en el área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.
Este congreso se viene realizando desde hace nueve años en cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, capítulo Norte de Santander y es un escenario en el cual han confluido entre otros organismos internacionales, agencias de cooperación, ministerio público, instituciones de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas.
Presentación del CPDH
En el actual momento social y político de nuestro país, asistimos a un escenario que, sin duda, reconfigurara las dinámicas en materia de promoción, defensa, exigibilidad y vigencia de los derechos humanos. Por una parte, se cumplen dos años de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, se cumple un año de la fase pública de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN y se ha formulado e impulsado en el legislativo una propuesta de sometimiento a la justicia para las denominadas “bandas criminales”.
Estos procesos han generado la expectativa de superar la página de la violencia en nuestro país en perspectiva de sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la construcción de la paz; no obstante, el futuro de los mismos atraviesa una etapa de incertidumbre frente a la llegada de un nuevo gobierno en cabeza del presidente electo Iván Duque; toda vez, que el desarrollo e impacto de los mismos estará mediado por la posición y derroteros que el Gobierno electo fije en materia de derechos humanos y garantía de protección de derechos fundamentales para su mandato.
Si bien la implementación de los acuerdos de La Habana representa una oportunidad significativa para la transformación de la sociedad colombiana en clave de brindar garantías para el acceso a los derechos fundamentales y la vida digna de los colombianos, particularmente en las regiones que han sido objeto de la violencia, procesos de despojo histórico y abandono estatal; este nuevo escenario ha implicado una serie de riesgos que se han traducido en un incremento de la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos en los territorios.
Así mismo: la reorganización de grupos post desmovilización y la disputa por los territorios previamente ocupados por la otrora guerrilla de las FARC, el retraso en la implementación de planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y planes de desarrollo con enfoque territorial, la apertura a procesos de implementación de proyectos minero energéticos y monocultivo en los territorios y el desdibujamiento normativo de las políticas, programas y componentes del acuerdo de paz, configuran un panorama de revictimización y de riesgo frente a los logros obtenidos en el marco de la suscripción e implementación de los acuerdos de paz.
Sumado a lo anterior, la resolución en el ámbito regional de situaciones como la crisis humanitaria derivada del resurgimiento de conflictividades entre organizaciones insurgentes por la hegemonía en la región del Catatumbo y los impactos del fenómeno migratorio desde Venezuela en las dinámicas de violencia y recomposición de actores armados ilegales en zona de frontera, representan retos importantes para la plena garantía y vigencia de los derechos humanos y la generación de condiciones para la consecución de la paz en Norte de Santander.
IX Congreso Fronterizo de Derechos Humanos, retos de la paz territorial y los DD.HH.
En conversación con VOZ, Rafael Jaimes Figueroa presidente del CPDH, capítulo Norte de Santander, nos comentó sobre el Congreso Fronterizo que “para este año, el Congreso Fronterizo abordó el tema relacionado con los retos de la paz territorial y los derechos humanos en perspectiva de ubicar las principales discusiones en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y el hoy partido FARC, a la luz de las realidades que enfrenta la región de frontera. La primera está relacionada con la configuración de nuevas violencias y conflictividades en la región del Catatumbo y el nuevo escenario de confrontación entre las guerrillas del ELN y EPL, y por otro lado el impacto del fenómeno migratorio en la vigencia de garantía de los derechos humanos en Norte de Santander”.
Otros colaboradores
Acerca de invitados y participantes, Jaimes afirma: “El Congreso Fronterizo se realizó los días 21 y 22 de septiembre y contó con la participación de diferentes académicos, de diferentes sectores, por el sector de la academia estuvieron como invitados, el profesor Sergio de Zubiría, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Institucional de la Universidad Libre de Bogotá, Luis Rincón Suárez y diferentes organizaciones activistas de derechos humanos, como el colectivo Orlando Fals Borda, a cargo de César Santoyo, también estuvo el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA y desde los diferentes espacios institucionales, estuvieron la Agencia Nacional de Tierras, el director territorial, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cabeza del funcionario Octavio Londoño, asimismo estuvo la Fuerza Pública, policía de Norte de Santander con una ponencia sobre la caracterización del Catatumbo”.
El congreso contó también con el apoyo de la Universidad Libre, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. “Es un espacio muy amplio, donde hay discusiones de carácter jurídico académico y que procura la construcción de agendas conjuntas para enfrentar los principales retos que implica la paz. En este caso, el congreso nos deja un escenario abierto para el abordaje interdisciplinario del conflicto en la región del Catatumbo y para hacer unos ejercicios de análisis y seguimiento a la problemática fronteriza en términos de la migración”, afirma Rafael Jaimes.
Espacio de convergencia
Afirma también Jaimes, acerca del Congreso, que: “Este es un escenario de intercambio de opiniones, de convergencia, partiendo del nuevo momento político que atraviesa la vida nacional y consideramos importante ampliar el espectro de discusión en perspectiva de que del Congreso y del diálogo de saberes surjan iniciativas y propuestas que permitan visibilizar las principales problemáticas y los principales retos que enfrenta la construcción de paz territorial y la implementación de los acuerdos de paz de La Habana”.
El Congreso se enmarca también en la estrategia del CPDH capítulo Norte de Santander en sus acciones para la promoción, defensa, exigibilidad y garantía de los derechos humanos y la observancia por el respeto al derecho internacional humanitario por parte de las autoridades y de los actores en el marco del conflicto armado santandereano y colombiano.
