A comienzos del presente año la directora del Hospital Militar general, Clara Galvis, recordó que en el año 2011 se tenía un promedio de 500 militares heridos a causa de la guerra, mientras que en el año 2017 solo hubo 1 lesionado y se redujo el número de soldados que perdieron alguna extremidad a causa de la guerra; destacó que estos son los beneficios que ha generado la firma de los acuerdos de paz con la entonces guerrilla de las FARC.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de la contraparte. La FARC, transformada ahora en un partido político, registra más de 60 de sus miembros asesinados en las áreas de incorporación y varios de sus familiares.
Y lo más grave es la situación de los líderes sociales en las áreas rurales, que han vivido en el abandono del Estado. No fue sino que se anunciara que, después de estar marginados por años de la participación política, estas regiones tendrían 16 curules en el parlamento y se desataron dos campañas simultáneas: una en el Congreso por parte de la extrema derecha uribista que hundió esta iniciativa; y paralelamente, una política de exterminio de reconocidos líderes sociales que seguramente eran potenciales candidatos a ocupar esas curules. Es indudable que estas dos campañas criminales estaban articuladas.
Como se denunció en el debate del Congreso, estos crímenes contra líderes sociales son sistemáticos y generalizados, se presentan en regiones con amplia presencia del ejército y muy cerca de instalaciones militares, se producen contra líderes que promueven la sustitución de cultivos, reclamantes de tierras, contra pobladores que se oponen a megaproyectos que afectan la riqueza hídrica del país, contra líderes de la Unión Patriótica, de Marcha Patriótica y en los últimos días un concejal de Convención –Norte de Santander, miembro del Movimiento por la Constituyente Popular.
Cuando ya creíamos superada la oscura noche de las masacres, volvieron en los municipios de Argelia, Cauca y El Tarra, Catatumbo. Se ha presentado un desplazamiento masivo de toda la población del municipio El Charco en la costa del Pacífico nariñense, en medio de 14 mil soldados que ocupan ese territorio.
La Fiscalía no ha puesto en evidencia a los terceros civiles involucrados con crímenes paramilitares, se mantienen en la impunidad los asesinatos de los líderes regionales; se evidencia una clara relación de tropas militares con grupos paramilitares y mafiosos en las regiones, no de otra manera se explica que los criminales actúen con completa tranquilidad e impunidad a falta de investigaciones contundentes.
En Colombia los políticos de la extrema derecha, sectores del empresariado y del ejército no renuncian a la utilización del paramilitarismo para beneficiar sus intereses particulares.
Sin embargo, estamos en otro momento de la relación de fuerzas, experiencias de protesta como la velaton que rebosó calles y plazas en todo el país, van a adquirir nuevas dimensiones hasta derrotar a los asesinos de cuello blanco.
