La política carcelaria adolece de condiciones dignas para quienes son sometidos a los pagos de penas en las cárceles colombianas. Además, carece de una estrategia de prevención y reinserción
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Gracias a un artículo publicado por la Coordinadora de Detención del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Elke Kooyman, el tema de la crisis carcelaria vuelve a sonar en medios, y no es para menos, Colombia vive una de las peores crisis en términos de las condiciones dignas en las que un ser humano debe vivir, o pagar sus penas por la condición que sea.
Según el artículo que revela varias cifras sobre el tema, en las penitenciarías del país existen 115.792 personas privadas de libertad, estas son cifras oficiales al corte del día 28 de febrero de 2018, y paulatinamente, tal y como los mismos detenidos han denunciado, las tasas de hacinamiento se incrementan sin que, desde el mismo sistema penitenciario o el Gobierno nacional, existan paliativos que enfrenten dicha situación. Según se afirma en el artículo, hoy esa realidad supera el 365 por ciento en algunos centros de detención.
“En 1969 el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, comenzó a visitar las prisiones colombianas y desde entonces hasta ahora, las condiciones del sistema carcelario y penitenciario han empeorado sostenidamente (…)”, se afirma en el texto a la vez que describe, cómo en 25 años el hacinamiento pasó del 1,7 al 45 por ciento, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de febrero de este año.
Las precarias condiciones de salud
Otra de las situaciones a las que diariamente se enfrenta en las reclusiones del país, es una precaria condición de salud. Para quienes viven en estas condiciones, la pena de muerte sí existe, y se vive en estas penitenciarías. En mayo de 2016, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó la emergencia carcelaria, uno de los objetivos era alertar sobre el tema de salud, más sin embargo las medidas siguen siendo obsoletas.
Las duras condiciones en las que les toca convivir a las personas recluidas fueron contadas por un prisionero político desde su celda. En una carta se refiere, a como un mes después de decretada la emergencia, una epidemia de diarrea y vómito, se llevó la vida de varios reclusos y coómo otros cientos, en total desamparo, rogaban por una atención digna. “En el solo patio 4 hay 64 reclusos con esta epidemia y en el patio 2 hay 112; allí hay 956 reos y el pabellón es solo para 252, enfermos y hacinados. El barrido hecho por un representante de derechos humanos es de más de 700 presos con epidemia y patologías graves en salud. El panorama es desalentador, hasta la misma guardia está contagiada y son impotentes ante tal calamidad. Uno de ellos manifiesta, “yo mismo voy a sanidad y he corroborado, que ni pastas hay”, relata en una carta un prisionero político del patio 4, La Picota Bogotá, columna Domingo Biohó, julio 01 de 2016.
Sin el personal suficiente en las cárceles
El mismo decreto emitido para paliar esta crisis es claro, “tienen que ver con las brigadas de salud y el cambio de manuales, para que podamos dotar el área de sanidad y resolver lo urgente”. Igualmente advierte: “no hay personal suficiente para atender de manera prioritaria a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884)”.
Kooyman hace mención a las precarias condiciones de la estructura y, además, al insuficiente grupo de personas que deben atender los planteles. “El número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan clara la dificultad para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas”. Igualmente, se expresa el vacío frente a las necesidades insatisfechas.
Según mencionan, con el Proyecto de Ley Orgánica 026 de 2017, promovido por el ministro de Justicia y del Derecho, se pretendía crear 2.800 puestos para funcionarios nuevos entre 2019 y 2020, sin embargo, la lectura que se hace es que esta cifra es insuficiente, “Para poder cumplir con las obligaciones de seguridad penitenciaria y carcelaria que deberían incluir atención básica, la resocialización y la rehabilitación de la población detenida, el Inpec requiere unos 40.000 funcionarios en total”.
De allí que se hable de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Se referencian varias sentencias en las que las cortes han declarado una serie de cosas como inconstitucionales.
Se señala en el artículo que, “hace 20 años, en la Sentencia T-153 de 1998, la Corte dio su primera voz de alarma sobre el sistema penitenciario y carcelario. Para entonces, las tasas de hacinamiento eran mucho menores de las que tenemos hoy día (31,1 por ciento) (…) En la Sentencia T-388 de 2013, la Corte dio un salto cualitativo en la materia al indicar que el hacinamiento no era el único problema que debía resolverse. Esta sentencia caracteriza la política criminal colombiana como reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos y, por lo tanto, una política criminal que carece del necesario enfoque preventivo (…) en esta misma línea, la Sentencia T-762 de 2015 subraya la descoordinación de la política criminal, que está basada en estudios empíricos”.
Incremento en la detención de mujeres sin políticas de prevención
Acogiendo los señalamientos de la Corte Constitucional, en los que menciona que la crisis carcelaria va más allá del hacinamiento, es decir, no basta con construir nuevas cárceles, Kooyman, menciona, “la sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad, contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. El rediseño de la política criminal debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad”.
En su ejemplo hace referencia al incremento de la detención de mujeres, de su totalidad el 50 por ciento se encuentran detenidas por microtráfico. Esta cifra demuestra que las mujeres detenidas han aumentado hasta cinco veces con respecto a 1993. “El 93 por ciento de estas mujeres son madres, de las cuales 52 por ciento son cabeza de hogar. Muchas cometen estos delitos como única alternativa para solventar su situación económica; alternativa mal pagada y de alto riesgo. Ellas son el eslabón más débil de la cadena criminal, fácilmente reemplazables en las calles, pero insustituibles en los hogares”. Enfatiza, además, que de nada le servirá al país seguir construyendo cárceles mientras no se invierta en políticas preventivas y sociales más eficientes en materia de contención del delito.
