Crisis humanitaria en Bogotá

Como pocas veces en la historia contemporánea, el discurso de los derechos humanos ha dejado ver claramente uno de sus rostros, el de ser funcional a las élites del poder en las denominadas democracias actuales

Omar Díaz*

En medio de la crisis social, acrecentada por la pandemia del covid-19, cientos de miles de bogotanos y bogotanas de todos los estratos, grupos sociales y grupos etarios se han arrojado a las calles desafiando no solo la realidad de la pandemia y las prohibiciones amañadas que hiciese una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino también de los intentos señaladores que desde la Alcaldía de Bogotá han realizado a los y las convocantes de las manifestaciones para desactivar la movilización.

Bogotá contrasta entre la centralidad del poder económico y político con la ciudad que más concentra pobreza, con 3.3 millones de ciudadanos en pobreza monetaria. Razones que han llevado a que sea unos de los centros de las movilizaciones que, a nombre del paro nacional, llevan más de un mes con cientos de miles en las calles.

Respuesta institucional ante la crisis

Como se podría intuir, la respuesta institucional ante la crisis ha sido casi formateada en todo el territorio nacional, con las diferenciaciones propias de cada operador político: señalamientos, hostigamiento, negación de las razones del paro, criminalización de la protesta y los protestantes y ausencia de respuesta a las peticiones ciudadanas y represión. Mucha represión. En más de un mes de movilización las cifras son aterradoras, inspiradoras para cualquier aspirante a dictador.

Según las cifras de organizaciones de derechos humanos, en Bogotá han ocurrido por lo menos tres homicidios en el contexto de la protesta, 849 personas detenidas en su mayoría de manera arbitraria; 362 personas lesionadas por el abuso de la fuerza de la Policía; nueve personas heridas por arma de fuego, presuntamente por accionar de la Policía y/o de civiles no identificados; 24 personas que han sufrido lesiones oculares, presuntamente por accionar de la Policía; tres personas han sido víctimas de violencia homicida, presuntamente por accionar de la Policía; 11 personas han sufrido agresiones de violencias basadas en género; 65 personas defensoras de derechos humanos han sido agredidas en el marco de su labor como parte de las Comisiones de Verificación e Intervención CVI que realizan su trabajo en terreno y 12 allanamientos de los cuales ocho fueron declarados ilegales. Todo esto a corte de 24 de mayo.

Seguramente se irán documentando otras formas de violencia. El tema de la brutalidad policial, sistemática y masiva, no obedece al desconocimiento de manuales de intervención por parte de la Policía Nacional, sino a la concepción misma del tratamiento de enemigo interno a todo aquél que se manifieste y del tratamiento militar a la protesta social. En fin, la misma doctrina militar. Desde la firma del acuerdo de paz, Santos afirmaba que el acuerdo de paz era el broche de oro del plan Colombia y anunciaba el fortalecimiento del Esmad.

¿Para qué la conmoción interior?

Ante el panorama de violación sistemática de derechos humanos, la actitud de la Alcaldía ha sido, por decir lo menos, ambigua. Por un lado, señala de falaces las cifras que desde las organizaciones se manifiestan, pero por otro, presenta informes de violaciones a los delegados del sistema de Naciones Unidas en el país. Informes construidos de manera unilateral entre las instituciones, silenciando las voces de organizaciones que hacen un trabajo serio de intervención ante la barbarie en las calles y profundo de sistematización de todo tipo de violencia policial.

Son tan profundas las contradicciones, que mientras en los medios de comunicación se niega la aplicación de la figura de asistencia militar, en los espacios de coordinación interinstitucional de emergencia se solicita la presencia de militares para la protección de equipamientos denunciados por las y los manifestantes como espacios de prácticas que podrían constituir graves infracciones a los derechos humanos, tales como la tortura.

En un ambiente incierto de violaciones de derechos humanos en todo el país, masivo y sistemático, evidenciado ahora en el contexto de la movilización, se amenaza con la declaratoria de la figura excepcional de “conmoción interior”. No obstante, solo hay que aguzar la mirada para ver la lejanía de la aplicación de esta figura. Los instrumentos jurídicos y políticos con los que cuenta el Estado colombiano le permiten por el momento aplazar la declaración de la conmoción interior y seguir con la más descarada e impune represión. Figuras como la asistencia militar impuesta a ocho departamentos, la criminalización de la protesta mediante judicialización de la Fiscalía, la detención con fines administrativos, demuestran el carácter militarista del Estado.

Por años el movimiento de derechos humanos planteó la necesidad de crearse un espacio de interlocución como mecanismo de garantía a la protesta social, espacio que, aunque existente en el Distrito, ha sido desconocido por la Alcaldía, a tal punto, que ha decidido crear una figura paralela de “relator” de derechos humanos para que sistematice violaciones a los derechos humanos y dé recomendaciones, funciones que se habían ganado para el movimiento de derechos humanos y que la alcaldesa ha decido arrogarse para su alcaldía.

¿Paramilitarismo en Bogotá?

A la pandemia que atraviesa el país, le debemos agregar la para-demia que ha surgido en todo el territorio y que representan las gentes de bien. Si bien en Bogotá desde hace un buen tiempo venimos planteando la existencia de bandas neo paramilitares, la negación ha llevado a su impunidad. Panfletos, amenazas a líderes sociales, jóvenes y todo tipo de diversidades; rentas criminales; control territorial, son solo algunas de las prácticas identificadas propias de las bandas paramilitares.

La noche del 30 de mayo fueron rayadas varias paredes de localidades del sur de la capital con alusiones a grupos paramilitares, esto se suma a los constantes panfletos que desde hace años vienen siendo suscritos o bien por las Águilas Negras, o bien por las Autodefensas Gaitanistas que amenazan y siembran terror en los barrios populares.

La estrategia paramilitar ha cambiado. Los grandes ejércitos de paramilitares han sido sustituidos por bandas pequeñas, herederas de sus prácticas, de su modus operandi y de su control territorial. Bogotá no escapa a esta dinámica y mientras no exista una política seria orientada a identificar y desmantelar estos grupos, la impunidad será su máximo aliado.

Nuevamente la Defensoría del Pueblo, que hasta el momento se ha caracterizado por su ausencia en el contexto, ha expedido el día 31 de mayo una alerta temprana donde advierte la presencia de grupos organizados en por lo menos 10 localidades de Bogotá. Ojalá no se ignore como ha pasado con las otras varias.

*Abogado y defensor de los derechos humanos. Responsable DDHH Regional Mario Upegui – PCC. Miembro de CPDH.