El pueblo Awá viene denunciando una serie de situaciones que, de manera consecutiva, se han presentado y que atentan contra la seguridad, la tranquilidad y la vida de la comunidad indígena
Redacción DD.HH.
Las organizaciones indígenas han señalado que, por acción u omisión, el gobierno nacional no ha garantizado la vigencia de los derechos humanos, y en el caso particular de las comunidades indígenas Awá, se les ha condenado al exterminio físico, cultural y espiritual.
Esta situación se ha planteado luego de que, en extraños eventos, varias comuneras y comuneros, han sido víctimas de desaparición forzada, amenazas y asesinatos. Entre esas situaciones se señala que:
El pasado cuatro de junio, en extrañas circunstancias desapareció Rocío García Paí, mujer indígena perteneciente al Resguardo Awá de Hojal la Turbia, ubicado en el municipio de Tumaco. Su cuerpo fue hallado sin vida en el cauce del Río Nulpe el siete de junio. La comunera deja varios hijos huérfanos.
El cinco de junio, en medio de la asamblea general y la conmemoración de los 29 años de vida organizativa de la UNIPA, un mensaje de texto enviado al celular de uno de los consejeros, le advierte que, a partir de ese momento, él y cinco líderes más son declarados objetivo militar por el grupo armado ilegal autodenominado “Oliver Sinisterra” de las disidencias de la ya extinta guerrilla de las FARC, quienes se disputan el control territorial y poblacional en la zona.
El día seis de junio, en horas de la mañana la estudiante Leidy Jackeline Burgos Paí de grado once de la Institución Educativa Indígena Técnica Agroambiental Bilingüe Awá, IETABA, de 18 años de edad desapareció de la asamblea general en la que estaba participando durante los días cuatro y cinco de junio. El cuerpo de la joven, sin vida, fue encontrado al día siguiente cerca de su casa. Su cuerpo mostraba signos de varios golpes y tres tiros los cuales ultimaron su existencia. La joven, integraba la guardia indígena que pertenecía al Resguardo Honda Río Güiza, de la jurisdicción del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño.
A los hechos antes mencionados, se suma el asesinato de Robert Dionisio García Bisbicús, un joven de 21 años de edad, que siendo las 8 am del siete de junio, fue ultimado en el patio de su casa por dos hombres que llegaron en una motocicleta y sin mediar palabra le propinaron varios disparos que acabaron con su vida. Roberto, deja a su esposa y a una hija menor de edad. Él pertenecía al Resguardo Indígena Awá de Gran Rosario, en el municipio de Tumaco.
Una situación sistemática
Por medio de diversos comunicados, esta comunidad indígena ha manifestado públicamente desde el mes de mayo, que habían aparecido panfletos provenientes de múltiples actores armados ilegales donde se amenazaba directamente a líderes Awá. Sin embargo, esta situación no se atendió y hoy ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 hasta ahora.
La sistematicidad en este tipo de situaciones se constituye como parte de una crisis humanitaria demostrando el exterminio al que vienen siendo sometidos, tal y como lo ha declarado la Corte Constitucional en los autos 004-2009, 174-2011 y 620 de 2017, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en las medidas cautelares otorgadas a los pueblos indígenas y al pueblo Awá.
Llamado a las garantías
Por medio de un comunicado público, los comuneros han expresado que, “todos los que buscamos vivir dentro del territorio ancestral en armonía con la naturaleza, vemos los asesinatos y amenazas a nuestros líderes como un atentado contra nuestros principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, pese a la crisis humanitaria que nos afecta”.
Llaman a reactivar la mesa de concertación del plan de salvaguarda étnica, y exigen al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, que se garantice la vida y la integridad de todos los líderes, lideresas y en general de todo el pueblo indígena Awá. “Resaltamos que durante su Gobierno se han incrementado las estigmatizaciones e intimidaciones a los líderes sociales, buscando a través de ellas debilitar el proceso organizativo que tenemos y por el cual venimos luchando desde hace 29 años”, aseguran los indígenas Awá.
Igualmente, se le exige a la Unidad Nacional de Protección, UNP, que de manera inmediata de viabilidad al proyecto del sistema de protección propio presentado por la UNIPA, el cual desde hace más de dos años se viene exigiendo, “además que cumpla con el compromiso que hizo en minga de apoyar el camino de autoprotección que viene adelantando la Zona Telembí Awá y que hasta la fecha no se tiene conocimiento del avance”. Enfatizan en que la Fiscalía General de la Nación, investigue los hechos denunciados y a la mayor brevedad se conozcan los avances.
