Mientras en el mundo se alzan las voces de los pueblos para exigir que se contenga el cambio climático, el Gobierno colombiano se aferra al viejo modelo de extracción de materiales fósiles como carbón y petróleo
Jaime Osorno
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, quien llegó como cuota del Partido Conservador y el Centro Democrático y en consecuencia con lo que representa el gobierno de Iván Duque, tiene dentro de sus prioridades detener las iniciativas legislativas que ha catalogado como “altamente inconvenientes”, es decir, los proyectos de ley que prohíben el fracking, el uso de glifosato, aspersión aérea y la recuperación de las ciénagas y terrenos comunales, entre otros.
Lejos de argumentos técnicos o políticos serios y dignos de un debate de cara al país sobre la conveniencia o “inconveniencia”, este Ministerio se apega a criterios vacíos y argumentos vagos que denotan el poco nivel, incapacidad y nula voluntad política para avanzar en la lucha contra los grandes problemas ambientales del país.
Tensión entre UP y Minambiente
El pasado 10 de diciembre en la comisión quinta del Senado de la República se aprobó el proyecto de Ley 136 de 2020, “Por medio del cual se adopta una política de Estado para ordenar la delimitación, recuperación, restauración y ordenamiento ambiental y agrario de los lagos, ciénagas, playones y sabanas comunales”, de autoría de la Unión Patriótica en cabeza de la senadora Aída Avella.
Como era de esperarse, el Centro Democrático en una ciega oposición a esta iniciativa por los escasos argumentos, se niega a votar el proyecto; pero ello no impidió que este proyecto de la UP siguiera su trámite. Es el primero de cuatro debates que se logra ganar en la prolongada batalla contra la coalición de Gobierno.
Mientras tanto, el Ministro de Ambiente en una de sus primeras acciones del año, emite un concepto negativo sobre dicho proyecto de ley, negando la posibilidad de construir un instrumento que permita como Estado tomar medidas articuladas y armonizadas entre los diferentes niveles de gobierno y las comunidades alrededor de los cuerpos de agua lacustres del país. Vale aclarar que dicho concepto no es vinculante, y flaco favor le hace a la coalición de gobierno con una negativa a la conservación de agua y la recuperación de los bienes públicos del país.
La contraofensiva del Establecimiento
Por su aprete se dedica a ser funcional a los ministerios de Minas y Defensa, para impulsar para este primer semestre del año y recta final del periodo legislativo que termina el 20 de junio de 2021, dos iniciativas altamente regresivas en materia de derechos territoriales. La primera se refiere al proyecto de Ley sobre “Explotación Ilícita de Minerales” y el proyecto denominado “Artemisa”, articulados que aún no se han radicado y que seguramente estarán dirigidos hacia la Comisión Primera del Senado de la República, en tanto pretenderá modificar la Constitución haciéndola regresiva en materia de derechos ambientales y de los pobladores rurales y formalizando el tratamiento militar a los asuntos y conflictos ambientales, reprimiendo a los pequeños mineros para abrirle paso a las grandes multinacionales. Parece que la agenda ambiental la lidera el Ministerio de Minas, la ejecuta el de Defensa y la avala el de Ambiente.
No hay ni capacidad ni voluntad política para atender los graves problemas ambientales del país con fines de adaptación climática. Quedan por fuera de la agenda del ministro, la lucha contra la deforestación, los planes de reforestación de aproximadamente 360 millones de árboles hoy reducida al 50% sin explicación alguna, la formulación del Plan Nacional Forestal 2020-2030, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% en el período 2021-2030, el cambio de la matriz energética hacia la descarbonización de la economía hacia energías renovables y de transformación agrícola, industrial y del transporte; el apoyo decidido al acuerdo de Escazú, la prohibición de fumigación con glifosato, implementar una política de pagos por servicios ambientales, la protección del golfo de Tribugá, la protección del agua y en síntesis el cumplimiento de los compromisos internacionales frente a la crisis climática.
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