Los pueblos indígenas asentados en el histórico parque de la ciudad completaron su cuarto mes en este sitio. No hay soluciones viables del Gobierno nacional ni distrital y cada vez la situación es más tensa. Un juez decidirá el futuro de estas familias
Mónica Andrea Miranda Forero
@Emedemoni_
Tras el incumplimiento del Estado, la falta de soluciones y la situación de violencia constante en los territorios, más de 1.500 personas pertenecientes a diferentes comunidades indígenas se asentaron hace cuatro meses en el Parque Nacional, en Bogotá. Ahora viven en cambuches improvisados con palos, lonas y plásticos, resguardándose del frío y exponiéndose a las incomodidades de una ciudad que no les presta atención.
Desde el 29 de septiembre de 2021, 15 pueblos originarios ocupan el Parque Nacional. En el año 2020, el Plan de Desarrollo aprobado por la alcaldesa de Bogotá Claudia López incorporó el artículo 66 que trabaja el enfoque social y étnico que establece la protección y las acciones afirmativas hacia los pueblos originarios.
En aquella oportunidad un grupo de indígenas se acogieron al Decreto 612, sin embargo, la mayoría de las comunidades étnicas que se encuentran en Bogotá lo rechazaron. Un grupo de 15 de estos pueblos originarios son quienes hoy en día están padeciendo el inclemente frío de la ciudad. Si bien se concertaron 62 acciones específicas afirmativas en el marco del Plan de Desarrollo y la política pública indígena, la gente asentada sigue esperando que el Estado les cumpla la promesa de garantizar derechos básicos para vivir, como retorno a sus territorios ancestrales, vivienda digna, entre otros.
Incumplimiento distrital
“El distrito ha incumplido sistemáticamente esas acciones afirmativas, se tiene que tener en cuenta que estas poblaciones son de especial protección constitucional y aun así están en riesgos inminentes pues son víctimas”, dice el abogado Omar Díaz, quien ha estado pendiente haciendo un acompañamiento de asesoría jurídica a los procesos organizativos.
En 2020 se expidió la Sentencia 003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde se le dan órdenes específicas al Gobierno distrital de atención prioritaria al pueblo Embera, pero ante el incumplimiento, las comunidades se han movilizado y se han agrupado en un proceso de organización social llamado Autoridades Indígenas en Bacatá que se encuentran en Minga.
Es necesario recordar que cuando la Minga social e indígena llegó a Bogotá en octubre de 2020, una de las personas más felices era Claudia López, hasta en varios trinos se refirió a que eran bienvenidos a la ciudad capitalina, que acá se les recibiría con los brazos abiertos. Sin embargo, la garantía para una vida digna de quienes se asentaron en el Parque aún no se ve y mucho menos se ve que la alcaldesa quiera cumplir con la Sentencia 003 del Tribunal Administrativo.
«Nos parecía mejor recibir la minga de común acuerdo con el Gobierno nacional, como un gesto para aliviar tensiones. No quisieron. Bogotá se encargará, los recibirá y, como siempre, acordará con las organizaciones sociales, garantías para su movilización pacífica» escribió en aquella oportunidad la mandataria en su cuenta de Twitter.
Juego político
Está visto que López únicamente utilizó estas cartas para hacer propaganda política, y como siempre, tener una imagen conciliatoria entre el Gobierno nacional, la ciudadanía y los pueblos indígenas. No obstante, la toma del Parque Nacional el 29 de septiembre cambió sustancialmente la relación entre la mandataria y las comunidades étnicas en la ciudad.
La realidad hoy en el asentamiento es que falta agua potable, hay escasez de papel higiénico y de medicamentos, la poca alimentación depende de las ollas comunitarias, que entre otras cosas funcionan con leña generando un impacto negativo en la salud de los ocupantes y del ecosistema en el parque. Este hecho ha producido que más de 80 niños hayan sido hospitalizados y aproximadamente existan 10 casos de ingresados a las UCI por las enfermedades que han contraído en este lugar de la capital.
Esto sin contar al pequeño de casi dos años que falleció por beber agua del Río Arzobispo, canal que atraviesa el Parque Nacional, que además se ha convertido en el lugar donde se bañan estas familias con riesgos de ahogo, intoxicación y muerte.
Ausencia estatal
“Antes del asentamiento, la gente estaba en estado casi de mendicidad en varios sectores de Bogotá porque al levantarse el aporte que daba el Distrito para el arriendo en el marco de la pandemia, fueron sacados de sus casas exponiendo a sus hijos a la calle; a pesar de estas condiciones tan precarias que tienen hoy en día, se ha evidenciado que mantenerse unidos les ha permitido por sí solos mejorar el estado nutricional de los menores”, agrega Díaz.
El Estado, como en varios territorios del país, no ha hecho presencia, sino que, por el contrario, se ha dedicado a señalar y a aplicar medidas coercitivas, pero no ha existido acompañamiento en cuanto a la atención integral de los pueblos indígenas y a su vez víctimas del conflicto armado.
“Desde el 17 de diciembre el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Bogotá ordenó atención integral y reubicación hasta que se haga retorno completo, pero el distrito ha incumplido con esto, y solo ha expedido comunicados y ha hecho ruedas de prensa donde señala y desconoce su responsabilidad, generando acciones de daño como la división de estos pueblos indígenas”, denuncia Omar.
Tras el desacatamiento de las medidas que se han tomado por parte de este juzgado, la Alcaldía trasladó a algunas comunidades al Parque La Florida que está ubicado entre Bogotá y Funza, cerca de Siberia, lugar donde una familia compuesta por Erminda Sintua Tunay, quien estaba en estado de embarazo y su hija de menos de dos años fueron atropelladas por un camión recolector de basuras manejado por Hildebrando Rivera, causándoles la muerte instantánea a la mujer y sus hijas. Hildebrando fue linchado tras el accidente y trasladado de urgencias al hospital de Engativá donde falleció.
Exigencias
Las exigencias de las comunidades indígenas se dividen en cuatro puntos: 1) que se cumpla la tutela que protege los derechos del pueblo Embera, entre ellos, una política adecuada de retorno y reubicación; 2) que haya participación de estos pueblos en la reformulación de la política pública indígena, pues esta terminó en diciembre del año pasado y el Distrito quiere cerrar los espacios a otros pueblos y no amplificar los escenarios de participación; 3) que haya concertación o implementación del Plan de Desarrollo en el artículo 66, es decir, un plan de choque para la implementación de las acciones afirmativas que se encuentran en rezago; y 4) la modificación del Sistema Distrital de Participación de los pueblos indígenas, pues este es un sistema reforzado y vinculante para los actores.
Como se mencionaba anteriormente, la Alcaldía distrital más allá de apoyar mediante trinos a las comunidades indígenas, no ha tomado medidas para que estas poblaciones sean escuchadas, sino que, al contrario, le ha cerrado las puertas a la participación, argumentando que las problemáticas de estas comunidades son competencia del Gobierno nacional y no del distrital.
Como se dio a conocer, más de 200 funcionarios del Distrito estuvieron el pasado 3 de febrero en el Parque Nacional con el fin de hacer una caracterización para la identificación de estas comunidades y saber cuántas personas estarían dispuestas a volver a sus tierras, proceso que no se llevó a feliz término pues terminó en enfrentamientos dejando a varias personas heridas. Frente a esto, la alcaldía se pronunció diciendo que el futuro de estas comunidades dependerá del Juez Tercero de Pequeñas Causas de Bogotá.
