Han pasado 10 años desde que se descubrió el cementerio más grande de personas sin identificar en el país, en La Macarena, Meta. Desde entonces, se ha establecido que en cinco cementerios de los Llanos Orientales yacen 2.304 personas, la mayoría reportadas como muertos en combate por el Ejército
Carolina Tejada
@carolltejada
Dentro de las diversas formas de violación a los derechos humanos, existe el de la desaparición forzada de personas, el cual constituye un delito y, en determinados casos, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, puede constituir un crimen de lesa humanidad.
Según el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, este crimen equivale a un arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y que, en dicho accionar, se nieguen a reconocer dicha privación de libertad, oculten información, la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Un caso de desaparición forzada es una sumatoria de violaciones de derechos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales.
Y, dado a que es una práctica recurrente en diversos países, en donde particularmente existen conflictos armados, políticos y culturales, y que además adolece de justicia sobre las víctimas, el 30 de agosto fue definido como el día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada. Para este año el mismo António Guterres, Secretario General de la ONU, en su mensaje en el marco de esta fecha, resaltó que “presenciamos nuevos casos casi a diario, entre ellos la desaparición de defensores del medio ambiente, que con frecuencia pertenecen a pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el dolor atroz de los casos antiguos no remite, ya que sigue sin conocerse el sino de miles de desaparecidos, con lo que el crimen está constantemente presente en la vida de sus allegados”. E instó al gobierno a expedir medidas que correspondan con la necesidad de abolir este crimen sobre la población.
Colombia, un cementerio de NN
En el caso colombiano este flagelo ha tenido relación con las particularidades del conflicto interno, tales como el despojo de tierras, el desplazamiento forzado de territorios que luego han sido copados por grupos paramilitares y multinacionales, la disputa territorial entre grupos armados, o por zonas estratégicas para la extracción de recursos, cultivo y procesamiento de coca, entre otros. Pueden existir cientos de lugares que aún se desconocen en donde posiblemente estén enterradas personas que en el marco de estas circunstancias hayan sido desaparecidas y enterradas con el único propósito de desaparecer el crimen. Tan contundente es la situación que, a enero de 2018 se reportaron 26.395 cuerpos de personas no identificadas y enterradas en 426 cementerios en el país.
Un caso particular es el de La Macarena, en el departamento del Meta. Allí, hace diez años la misma población denunció que en el marco del conflicto armado interno, la muerte de personas fue silenciada en el momento en el que sus cuerpos fueron enterrados como NN, durante décadas. Estas denuncias permitieron la realización, en el 2010, de una Audiencia Pública denominada: “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” realizada en el Congreso de la República, en donde la comunidad y las víctimas pudieron empezar a sacar a la luz el horror de lo que se evidenciaría como crímenes de lesa humanidad, o mal llamados “falsos positivos”. Dada la responsabilidad del Estado en estos crímenes se inició un camino de exigibilidad de derechos y, sobre todo, al esclarecimiento de la verdad y sobre los responsables de estos hechos.
Durante estos diez años familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones sociales, han podido documentar, pese a diversas dificultades para encontrar la verdad, como amenazas, asesinatos y señalamientos, 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en cinco cementerios de los Llanos Orientales, de esos cuerpos, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública.
Desenterrar la verdad
Esta dramática realidad, que hasta ahora está saliendo a la luz, ha instado a que diversas organizaciones, como el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, CSJOFB, impulsen diversas iniciativas para buscar la verdad.
VOZ, dialogó con César Santoyo, director del CSJOFB, a quien le preguntamos cuál ha sido el papel del actual gobierno en función de apoyar ese proceso de desenterrar la verdad y, según Santoyo: “luego del acuerdo de paz y del cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque, se ha sentido de manera muy notoria un cambio en la política nacional frente a la implementación tanto del acuerdo de paz, como del acompañamiento de las víctimas, de múltiples vulneraciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Asegura el defensor de derechos humanos que, en los asuntos de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, se ha venido concentrando en el apoyo que la “comunidad internacional y los países que han acompañado al proceso y al acuerdo de paz, han brindado para que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y en especial la Unidad de Búsqueda, puedan no solamente tener los recursos, sino el acervo normativo y las necesidades organizacionales suplidas para poder desenvolverse y desarrollar esta labor”.
Tanto para Santoyo como para quienes representan el grupo de organizaciones sociales y de DDHH que actúan en favor de la paz, existe un claro incumplimiento por parte del actual gobierno a los acuerdos de La Habana, que es en gran medida, lo que le abrió camino a la búsqueda de la verdad enterrada, como un compromiso para hallar una paz estable y duradera.
El cumplimiento del acuerdo, se ha logrado gracias a que hay una comunidad internacional pendiente del desarrollo y de la ejecución del acuerdo, cuestiona Santoyo, lo cual, reflexiona, “condiciona un poco al gobierno de Duque para poder cumplirlo. Sin embargo, las dimensiones nacionales, el desarrollo en las distintas regiones, en los municipios, está mediado por las voluntades políticas tanto de los gobiernos locales, como también de las posibilidades de recursos y desarrollos que se tengan a nivel nacional”, asegura Santoyo, reiterando que el cumplimiento de este acuerdo, es relativo en cada región.
Campaña: contemos la verdad
Esta iniciativa tiene como fin contarle al país que todas las personas no identificadas tienen una historia. Es producto de un proceso que data de 2009, “fecha en la que se inició una documentación compleja de casos de vulneración a los DDHH en los Llanos Orientales, específicamente en el Bajo Ariari, y que, culminó con la Audiencia de La Macarena en 2010, donde pudimos constatar la inhumación de personas no identificadas en cinco cementerios. Desde aquella época se ha podido establecer la existencia de 2.304 personas en los cinco cementerios y de las cuales 1.674 han sido reportadas como dadas de baja en combate por el Ejército Nacional”, de estos casos el Colectivo ha acompañado 220 entregas con su respectiva solemnidad y el acompañamiento psicosocial, jurídico de investigación e incidencia política, cuenta Santoyo.
Esta campaña nacional, consta de un proceso de identificación mediante el método de necrodactilia, que hacen las unidades competentes como “el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía, la apertura, la visibilidad mediante piezas publicitarias diversas en distintas regiones de impacto de la desaparición forzada, para que las comunidades puedan acceder a la información sobre las personas que desafortunadamente se encuentran en los cementerios inhumadas como no identificadas”.
También relata Santoyo que, “se busca acompañar a las familias a que puedan desarrollar el proceso de entrega digna de su familiar de modo que se pueda esclarecer su identidad, se pueda identificar plenamente a esa persona, se entregue dignamente y se proceda a la inhumación del cuerpo en condiciones de dignidad”. Paralelo a este proceso la familia toma decisiones de mantenerse en la dinámica de conocer toda la verdad sobre el caso y poder generar las exigencias que correspondan.
El proceso de búsqueda, identificación y entrega de personas dadas por desaparecidas, posiblemente muchas de ellas enterradas en otros cementerios en el país, es una acción humanitaria que conduce a la verdad sobre estos crímenes. Saber quiénes eran las víctimas, quién dio la orden de su ejecución y posterior desaparición, y encontrar justicia es el mayor propósito y el camino hacia la paz, estable y duradera.
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