Alberto Acevedo
No deja de ser una paradoja que la Organización de Estados Americanos, OEA, nacida en Bogotá hace 70 años, en medio de un baño de sangre que anegaba a Colombia en esos momentos, tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, transcurrido ese largo período de la historia latinoamericana, convoque hoy a un evento panamericano, bajo las banderas del odio, la desarticulación de la integración regional y la apología del intervencionismo hirsuto, por cuenta de los intereses de Washington.
Porque no otra cosa, es el móvil de la convocatoria a la VIII Cumbre de las Américas, que sesionará en Lima los próximos 13 y 14 de abril, con la presencia del presidente de los Estados Unidos de América, y con el veto al líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro. Con razón, en algún momento del accionar de la OEA, el dirigente histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, calificó a este organismo como “el ministerio de colonias de los Estados Unidos”.
Por su estructura, por la agenda propuesta, la cita de Lima no reúne a una verdadera Cumbre de las Américas, sino a su antípoda, la contra cumbre, que no va a contribuir de ninguna manera a la integración regional, a la hermandad, la paz y el progreso social, sino al odio, la agresión y el irrespeto a la soberanía de los pueblos.
‘Corredor humanitario’
Y esto es así, porque siguiendo el libreto del Comando Sur de los Estados Unidos, contenido en el documento “Pentágono, estrategia del teatro”, el objetivo central de la reunión de Lima es articular una mayor ofensiva intervencionista contra el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, intentando reunir un apoyo regional y bajo el ropaje de una ‘intervención humanitaria’, inmiscuirse directamente en los asuntos internos de este país, desestabilizar el proceso de reformas sociales y sacar del poder al presidente constitucional.
En realidad la agenda de Lima es más amplia. Busca en lo inmediato allegar un consenso para una condena regional al proceso de elecciones democráticas del próximo 20 de mayo en Venezuela; buscar el respaldo de una mayoría de países, vinculados a la OEA, para aplicar la llamada ‘Carta democrática’, otro mecanismo intervencionista, que podría ser una especie de Plan B, en reemplazo del ‘corredor humanitario’.
Este objetivo iría de la mano con nuevas sanciones políticas y económicas por parte de gobiernos latinoamericanos, que se unan al nuevo ‘consenso de Washington’. Las nuevas sanciones, se añadirían al endurecimiento del cerco económico, financiero y comercial, ya decretado por Estados Unidos y la Unión Europea.
Contra las fuerzas democráticas
La estrategia de Lima es, por cierto, también una advertencia a los sectores democráticos de la región, si están pensando en apartarse de las doctrinas de la Casa Blanca. En la Cumbre de las Américas se buscará una especie de antejuicio criminal a Maduro, por supuestos vínculos con el caso Odebrecht, además de sindicaciones por ‘violaciones a los derechos humanos”.
Pero se notifica también a las fuerzas democráticas del continente, que la política del ‘gran garrote’ de Estados Unidos sigue vigente. Ya metieron en prisión al dirigente del Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. En medios de prensa se especula con que irían después tras Rafael Correa, en Ecuador, y seguramente contra Cristina Fernández, en Argentina. Y que no se duerma Evo Morales, pues los planes también lo incluyen. Ni tampoco Andrés Manuel López Obrador, en México, contra quien colocarán toda la maquinaria financiera y militar del Estado para evitar su triunfo en las próximas elecciones.
Al presidente Trump, por cierto, no le quedará fácil salirse con su plan intervencionista contra Venezuela y Latinoamérica. El tema de la Cumbre de Lima es la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Pero el hasta ayer anfitrión de la cita regional, el señor Pedro Pablo Kuczinsky debió abandonar el trono por los escandalosos sobornos recibidos de parte de la firma Odebrecht. Y los escándalos de corrupción envuelven también a los mandatarios de México, Brasil, Colombia, Honduras, es decir, de quienes se proclaman supremos juzgadores de la revolución bolivariana en Venezuela.
Sin autoridad moral
Pero los mandatarios latinoamericanos, plegados a la política de Washington, no tienen escrúpulos, y a pesar de su hoja de vida de corruptelas e inmoralidad, y de no tener autoridad moral para ello, van a buscar un consenso regional para llevar a la picota pública a Maduro. Para eso se sirven de un instrumento de intervención que es el denominado ‘Grupo de Lima’. Un grupo de mandatarios que desde la formación del organismo se sitúan en la ilegalidad, pues su cometido anti venezolano viola la Carta de la OEA, la Carta de las Naciones Unidas, y el Derecho Internacional Público, que consignan entre sus postulados la no intervención en los asuntos de otras naciones, no amenazar ni agredir a un país hermano.
El ‘Grupo de Lima’ es una banda de Estados delincuentes y mercenarios, liderados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al servicio del Comando Sur, en contra de la política regional de paz proclamada por la última cumbre de la Celac.
Cumbre alternativa
El liderazgo de esta política mercenaria lo lleva el gobierno colombiano, que en una actitud de servilismo sin precedentes en la diplomacia internacional, facilitó el emblemático recinto del Salón Boyacá del Congreso de las república, para que los días 3 y 9 de abril sesionara la denominada Corte Venezolana en el exilio, que acompañada por la exfiscal Luisa Ortega, pretendieron adelantar un juicio criminal contra el presidente Maduro, como insumo de la condena en la Cumbre del Odio de Lima.
Esta trama siniestra, fue denunciada también por los miles de participantes en la Cumbre Alternativa de los pueblos, que bajo la consigna de la lucha “por la articulación social de Nuestra América”, sesionó en forma paralela en Lima. La cumbre alternativa ha denunciado que “el encuentro de mandatarios se realiza en un contexto regional signado por la contraofensiva de la derecha continental, que pretende relanzar a la Cumbre de las Américas para promover el proyecto económico de la Alianza Pacífico y los intereses políticos del Grupo de Lima, que se contraponen a los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños, expresados en Unasur, el ALBA y la Celac”.
