El Gobierno nacional reprime con violencia las protestas, se niega a negociar con el movimiento social
Redacción Laboral
Desde el 7 de septiembre, en las principales ciudades se han realizado movilizaciones de protesta de trabajadores que rechazan la reforma laboral expresada en el Decreto 1174. A estas, se han sumado sectores como estudiantes y se han presentado otras como las de Bogotá, Medellín y Cali, originadas en el abuso policial.
Estas últimas han dejado un saldo de varios jóvenes asesinados por la Policía, quien ha utilizado armas de fuego, lo que ha generado mayor rechazo por parte de sectores políticos y sociales.
En ese sentido, el departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, emitió una comunicación de rechazo y preocupación por el actuar desmedido y violento de la Policía Nacional.
El documento califica al Gobierno como fascista, pero además señala que el asesinato de Javier Ordóñez ha generado indignación y repudio social, puesto que constituye la expresión cruda de los reiterados abusos y usos desmedidos de la fuerza pública, en contra de los ciudadanos y las manifestaciones públicas. “La reacción brutal de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá́, ha dejado como resultado 8 personas asesinadas y más de 140 personas heridas, varios desaparecidos y detenidos por parte de la Policía Nacional”.
La central sindical dice que respalda e invita a sus organizaciones sindicales a participar de las acciones de protesta pacíficas convocadas como rechazo al asesinato de Javier Ordóñez y contra la brutalidad policial.
“En conjunto con el Comando Nacional Unitario, CNU, y el Comando Nacional de Paro, CNP, estaremos convocando de igual manera expresiones de movilización y rechazo para la semana entrante”, aunque al cierre de esta edición de VOZ no había aún reuniones.
No habrá negociación de pliego
Por otra parte, a principios de septiembre la CUT recibió un documento firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, que da respuesta a un petitorio hecho por el Comando Nacional de Paro hace algunos meses, en el que solicitaban negociar un pliego de emergencia económica para enfrentar la pandemia.
En la respuesta, el Gobierno expresa que gran parte de lo que se solicita ya se ha estado implementando. En ese sentido, mientras las organizaciones sociales integrantes del CNP exigían una renta básica de un salario mínimo para treinta millones de personas, el Gobierno respondió que esa renta básica ya era aplicada con el nombre de Programa de Ingreso Solidario que llega a tres millones de hogares, pero además que están los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
En cuanto al rechazo del CNP a la venta de los activos de Ecopetrol especialmente Cenit, el documento responde que ese despacho no ha recibido solicitudes para conceptuar o aprobar sobre la privatización de la red de oleoductos de la estatal petrolera.
Finalmente, acerca de la solicitud de una audiencia con el presidente de la República, la comunicación expresa que no es pertinente realizarla ni nombrar una comisión negociadora porque las peticiones del movimiento social cuestan 196.6 billones de pesos, lo cual sería inviable al tener en cuenta que representaría más de dos veces el gasto público social de 2018 y cerca de 72.3% del presupuesto general de la nación.
Por su parte, Omar Romero del ejecutivo nacional de la CUT, dijo que no han podido discutir el documento, pero que al verlo rápidamente se evidencia la misma práctica de dilación y de evitar la negociación y concertación con los sectores populares, lo que entrega más motivos para retomar y profundizar las movilizaciones.
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