Washington anuncia una nueva escalada de retaliaciones contra Managua, consistente en el endurecimiento de las sanciones económicas y financieras al gobierno sandinista
Ricardo Arenales
En unas elecciones en las que el actual presidente de Nicaragua se disputó un nuevo mandato con cinco candidatos más de distintos partidos políticos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y sus aliados, obtuvieron el 74.99 por ciento de la votación, con lo cual la actual fórmula presidencial se garantiza un mandato más al frente de la nación centroamericana.
En unas primeras declaraciones a la prensa, el mismo día de la jornada comicial, Daniel Ortega destacó que el pueblo tuvo la posibilidad de escoger libremente entre seis fórmulas a la presidencia, y que “independientemente del pensamiento político, ideológico, religioso de cada quien”, la población ha podido ejercer su derecho al voto y elegir a los candidatos de diferentes partidos”.
Este paso dado por la nación centroamericana frustra de momento los planes desestabilizadores de los Estados Unidos y sus aliados en la región, y en opinión de Ortega, “estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz”. Además de elegir presidente y vicepresidente, también se escogieron 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Más sanciones
El proceso electoral del pasado 7 de noviembre estuvo vigilado de cerca por 232 observadores internacionales provenientes de 27 países, sin que estuvieran delegados de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que, siguiendo un guion del Departamento de Estado norteamericano, descalificaron por anticipado los resultados de la jornada.
El gobierno norteamericano no se limitó a anunciar que desconocía por anticipado el veredicto de las urnas en Nicaragua. También una nueva escalada de retaliaciones de la Casa Blanca contra Managua, consistente en el endurecimiento de las sanciones económicas y financieras al gobierno sandinista, la notificación de sanciones personales contra el presidente Daniel Ortega y sus más cercanos colaboradores, pero también las presiones a la Unión Europea, la OEA y la banca internacional, para que hagan lo mismo y diseñen una estrategia de asfixia y desestabilicen el país centroamericano.
El lunes de la presente semana, Washington confirmó sanciones contra el Ministerio Público nicaragüense, por su ‘connivencia’ con un proceso electoral que varios países como Rusia, Cuba, Venezuela y otras naciones, consideraron democrático y transparente.
Democracia en Nicaragua
Aquí la cuestión es que Estados Unidos no considera ‘democráticos’ sino los procesos electorales que garanticen el ascenso de gobiernos títeres y serviles a sus intereses, o lo que es lo mismo, que faciliten el saqueo de las riquezas naturales de esos países por parte de las grandes empresas norteamericanas.
Washington todavía logra movilizar a sus secuaces, por presión o convicción. La Unión Europea dice que no reconoce a Daniel Ortega y anuncia sanciones. La Organización de Estados Americanos y organismos ‘independientes’ como Human Rights Watch, vociferan sobre la necesidad de “redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos y que se restablezca la democracia en Nicaragua.
En esa honda se inscribe el gobierno de Iván Duque en Colombia, que a las pocas horas de concluido el debate electoral en el país sandinista, calificó el proceso de ‘fraudulento’ y aseguró que ‘pone en duda la solidez democrática del país”. La democracia que Iván Duque, Joe Biden y otros personajes semejantes defienden, no es la de las urnas. Esa les incomoda. Prefieren la democracia del gran capital privado, del mercado, así las reivindicaciones sociales de los pueblos no cuenten.
