La propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de conceder una nueva amnistía general, cuyos principales beneficiarios son las Fuerzas Armadas, va en contravía del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la iniciativa no es nueva en la historia. ¿Cuál ha sido el recorrido histórico de esta figura jurídica y política?
Jefferson Corredor (Jepes)
La amnistía y el indulto son dos medidas jurídicas de amplia tradición en Colombia, implementadas en diferentes momentos de la historia del país, cuyo fin ha sido resolver la situación jurídica de quienes se han visto involucrados de manera activa en la confrontación armada por el poder político.
En términos generales la amnistía es un mecanismo de la extinción de la acción penal y el indulto es un mecanismo de la extinción de la pena, siendo ambas fruto de decisiones tomadas en la instancia legislativa y ejecutiva ante situaciones consideradas como graves motivos de conveniencia pública.
La instauración del enemigo ilegítimo
El siglo XX inauguró una nueva etapa sobre el uso de las amnistías generales, en contraste con las dinámicas que se construyeron en las guerras civiles del siglo XIX. La Guerra de los Mil Días instauró por primera vez el estatuto de un enemigo ilegítimo, descalificado tanto política como religiosamente.
Lo anterior provocó la expedición de decretos de guerra o legalidad marcial, mediante los cuales se impuso la pena de muerte a los responsables de dichas conductas, contribuyendo a la puesta en práctica de fusilamientos y ejecuciones de los capturados. Ya en la última fase de la guerra se dispuso el otorgamiento de indultos a cambio de la entrega de las armas.
Pero, la destrucción de la guerra y el agotamiento de los contrincantes determinaron la conclusión de los enfrentamientos, mediante la suscripción de tres tratados de paz expedidos para cobijar al conjunto de los alzados en armas de las diversas regiones del país.
Rojas Pinilla y la palabra empeñada
Durante la segunda mitad del siglo XX no se volvió a dar uso de la figura de la amnistía hasta que culminó la República Liberal, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), quien rápidamente dispuso mediante una orden el indulto a quienes estuvieron inmiscuidos en las alteraciones del orden público. Dentro de las negociaciones adelantadas para poner fin a las actividades armadas de los movimientos de autodefensa y de guerrilla, se expidieron varios documentos que concluyeron un año después en la desmovilización de la mayoría de las guerrillas liberales.
Una vez ocurrió esto el gobierno expidió el decreto 1823 de 1954, por medio del cual propuso el otorgamiento de una amnistía amplia e incondicional que no distinguía para su aplicación de ninguna distinción entre las ofensas cometidas por quienes se acogieron a la misma. No obstante, los propósitos de desmovilización no consiguieron extenderse a todos los grupos, por lo cual muchos de estos continuaron operando con el objetivo de oponerse al empleo de la violencia por parte del régimen militar.
El Frente Nacional y la “pacificación”
Tras la caída del general Rojas Pinilla y durante el tránsito que hubo hasta la presidencia de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), se idearon nuevas medidas de índole nacional para obtener la pacificación del territorio nacional. La nueva administración preparó la expedición de una nueva norma de exenciones penales, comúnmente denominada “Ley de Amnistía”.
Posteriormente, durante el periodo presidencial de la administración de Julio César Turbay (1978-1982), se consolidaron nuevos movimientos guerrilleros como el M-19, y en respuesta a ello el gobierno tramitó la Ley 37 de 1981, que cobijó al resto de guerrillas, mediante la cual se otorgaba la amnistía por delitos políticos, pero a diferencia de las figuras implementadas anteriormente, esta contemplaba una expresa clasificación de lo que debía entenderse como delito político, sin embargo, este proceso de negociación no avanzó.
Así pues, tras la elección de Belisario Betancur (1982-1986) se marcó una ruptura en el tratamiento proporcionado a las guerrillas. Apoyado en una renovada legitimidad, otorgó prioridad al tema de la paz, disponiendo el diseño de mecanismos legales orientados a tal fin. Consecuencia inmediata de esto fue la expedición de un nuevo otorgamiento de una amnistía general.
Bajo este marco el gobierno adelantó un diálogo de paz con las FARC, que se conoció como el Acuerdo de La Uribe, asimismo con el M-19, el EPL, y el grupo de Autodefensa Obrera que culminaron con un acuerdo de cese al fuego y diálogo nacional. De igual manera, algunos destacamentos del ELN suscribieron un compromiso mediante el cual se adhirieron a los términos del acuerdo negociado con las FARC.
Empero, las dificultades para avanzar en las condiciones estipuladas referentes a la apertura institucional, los obstáculos para concretar las iniciativas de un gran diálogo nacional y, los incidentes fatales que rodearon las aproximaciones en terreno de los distintos comisionados, junto con las vacilaciones gubernamentales, condujeron al fracaso de los acuerdos proyectados.
Bajo la administración de Virgilio Barco (1986-1990) se retomó la búsqueda de los acuerdos con el M-19 y también se suscribieron los acuerdos de desmovilización con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la guerrilla Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, entre otros.
El nuevo milenio y la paz a medias
A lo largo de la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se llevó a cabo un proceso de diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual concluyó con la Ley de Justicia y Paz, sin embargo, su desmovilización no fue total, posteriormente en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), se desarrolló el proceso de paz de La Habana, y es bajo este marco que el gobierno expide la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales.
El 26 de agosto del presente año Álvaro Uribe Vélez, presentó ante la bancada del Centro Democrático un primer borrador de texto, para el diseño de un acto legislativo que permitiría conceder una amnistía general en el país, que facilita el perdón y olvido de delitos que actualmente son investigados por la justicia ordinaria y transicional, al proponer que se permita “por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones y procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular o nombradas en la administración pública”.
Perdón y olvido
En este borrador por primera vez se vincula a integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes beneficiaría por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación del Acto Legislativo, así que, si esta amnistía llegara a aprobarse, podrían quedar libres y recobrar sus derechos políticos.
Esta propuesta significa un retroceso, pues en las últimas décadas el poder judicial ha realizado ajustes para que los autores de delitos políticos relacionados con el conflicto puedan aportar a la verdad, reparación de las víctimas y asumir un compromiso de no repetición a cambio de penas más leves.
Este perdón masivo podría dar un nuevo aire a exfuncionarios condenados por delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documentos públicos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad. Mientras tanto, civiles, policías y militares judicializados podrían ser amnistiados por algunos de sus crímenes, como vinculación con bandas criminales, abusos contra la población civil y otros que son investigados por la Fiscalía. Esto sería según Uribe una compensación por haberse permitido que las FARC sean judicializados por la JEP, conservando sus derechos políticos.
Por lo cual ante el contexto actual es necesario que los sectores alternativos y de izquierda defiendan el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, a la JEP, la Comisión de la Verdad y otras entidades de la justicia transicional, para que los diferentes crímenes que se cometieron en el marco del conflicto armado sean esclarecidos y las víctimas reparadas.
