Los procesos penales más trascendentales de los últimos tiempos indican que, cuando se esconden poderosos intereses, la Justicia no marcha. En cambio sí actúa de manera diligente contra los pobres y los rebeldes. La Justicia cojea… y no llega
Alberto Acevedo
Jorge Eliécer Gaitán decía que “la Justicia es un perro rabioso que no muerde sino a los de ruana”. Y ese acierto parece confirmarlo el decurso que han seguido cruciales investigaciones penales que, por tocar poderosos intereses económicos y políticos, con el paso de los años van quedando en la más completa impunidad.
Por estos días, la prensa nacional se ha ocupado del crimen del prestigioso y querido humorista Jaime Garzón. Han pasado 15 años desde su inmolación y la Justicia no ha podido señalar con precisión ni encontrar a los autores intelectuales del magnicidio. Siete testigos han sido asesinados, incluidos funcionarios investigadores de policía judicial.
Ahora se menciona que la Fiscalía ha retomado la investigación, ha dictado resolución de acusación contra el coronel en retiro Jorge Eliécer Plazas Acevedo y llamado a indagatoria al general en retiro Rito Alejo del Río, virtualmente implicados en el asesinato de Garzón.
Además de los detalles del proceso, ampliamente difundidos, es digno de destacar que la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiar el caso del asesinato de Garzón. Una petición en este sentido fue hecha hace tres años y los dos organismos aún no han dado traslado de la petición al gobierno colombiano.
Un camino similar han seguido otros procesos por crímenes que conmovieron a la opinión pública. Tal el caso del asesinato del joven Luis Andrés Colmenares en el norte de Bogotá. En casi cuatro años de haberse perpetrado el crimen, las acusaciones infundadas contra las víctimas, las dilaciones injustificadas al proceso judicial y una larga lista de anomalías, como lo dice la periodista Maureén Maya, “indican que fuerzas oscuras y poderosas se mueven tras este sonado caso para garantizar impunidad, y con ella la destrucción moral de quienes desafían el poder corruptor del Estado colombiano” (Viva la Ciudadanía, edición 00358, julio 5 de 2013).
Botones de muestra
La lista de impunidades es larga. Los medios han recordado recientemente los 25 años del asesinato del caudillo liberal Luis Carlos Galán. Los 20 años del magnicidio del senador por la Unión Patriótica y director de este semanario, Manuel Cepeda Vargas.
El paso lento de la Justicia tiene además otras expresiones vergonzantes. Como en el juzgamiento al ex ministro Andrés Felipe Arias o la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. En el llamado proceso de Justicia y Paz, que debió juzgar a 31.671 paramilitares, en ocho años de vigencia de la ley y de haberse reinsertado los escuadrones paramilitares, apenas tres mil de ellos enfrentaron procesos de justicia alternativa y en ese lapso se han proferido 18 condenas contra 50 personas. Que por cierto, han comenzado a recuperar su libertad por pena cumplida.
La Justicia colombiana ha tenido además una peculiar forma de inclinar su balanza. En el caso de los soldados implicados en un proceso penal por lucrarse de una guaca de dinero atribuida a las FARC, desaparecieron como por arte de magia. Nadie sabe de su paradero.
Impunidad
En el caso de los cinco taxistas implicados en el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson, ahí sí, de manera fulminante fueron capturados, las pruebas aparecieron y de manera contundente, y en un abrir y cerrar de ojos, extraditados y puestos a los pies de la Justicia norteamericana. Claro, en el caso de la muerte del grafitero acribillado contra la pared en que desarrollaba su arte, la Justicia no funcionó. Pero en el caso de Luis Augusto Mora, que robó dos cajas de chocolatinas avaluadas en $15.110, su condena fue sumaria y deberá pagar cinco meses de prisión. En cambio los implicados en el robo multimillonario de Interbolsa, ¡ni un solo día de cárcel!
Según el abogado José Hilario López Rincón, de la Corporación por la Dignidad Humana, “los niveles de impunidad, en términos cuantitativos, bordean el 87%, pero en términos psicosociales, éticos y morales, socavan la entraña colectiva y exaltan el terrorismo de Estado como método para acallar a una sociedad y doblegarla ideológicamente, ante el poder de los victimarios, a partir del silencio, la resignación y la desesperanza, pero también de la indiferencia y la complacencia” (Viva la Ciudadanía, edición 00348, abril 26 de 2013).
Jorge L. Esquirol, un prestigioso investigador jurídico de origen cubano, profesor en varias universidades de los Estados Unidos, que se ha dedicado al estudio del derecho comparado latinoamericano, sostiene que, debido a la tendencia a copiar modelos extranjeros, y además copiarlos mal, en América Latina no se cumple el precepto doctrinario de que “si cometes un delito, debes ser sancionado”. En nuestro continente, desafortunadamente, dice el autor, dados los altos niveles de impunidad y de la incompetencia de los mecanismos de juzgamiento, la norma es que “si cometes un delito, seguramente no serás sancionado” (Las ficciones del derecho latinoamericano, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, primera edición, 2014).
