Insistiendo en un añejo libreto, la Fiscalía la emprende contra la movilización ciudadana y logra el encarcelamiento de 13 miembros de ese grupo de resistencia juvenil
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Se ha dado otra vuelta de tuerca en la estrategia de persecución a la protesta social en Colombia. La Fiscalía ha pasado de la fracasada táctica de retenciones masivas “en caliente”, que llevó a los jueces a desestimar las acusaciones contra casi 160 personas detenidas arbitrariamente y presentadas como supuestos responsables de desmanes durante el paro nacional, a la táctica de las detenciones gota a gota contra quienes ejercieron el liderazgo durante las jornadas de movilización.
Trece jóvenes integrantes de la Primera Línea Engativá han sido enviados a la cárcel por una jueza que ha admitido la acusación de la Fiscalía de participar en hechos de violencia contra las infraestructuras y la policía en cinco eventos específicos entre mayo y agosto de este año en distintos lugares de Bogotá.
A la cárcel
En una audiencia virtual que más parecía una sesión de regaño de una profesora con sus estudiantes, la jueza intentó presentarse como defensora del derecho a la protesta y a los jóvenes como los culpables de su propia estigmatización: “El proceder descrito en las diligencias contribuye a deslegitimar las justas demandas sociales y sirve de excusa para que el grupo dominante o el gobierno de turno acuse a la movilización social de estar infiltrada por la guerrilla y el no tener objetivos legítimos”.
La jueza llamó a los jóvenes «alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos que usan las redes sociales como caja de resonancia para darse una falsa, absurda y pusilánime publicidad, esgrimiendo como trofeos a humildes servidores públicos». En resumen, toda una muestra de garantías procesales que permiten entrever hasta qué punto los acusados podrán contar con un debido proceso neutral e imparcial. En esta ocasión, la jueza se dejó convencer por el “acervo probatorio” que presentó la Fiscalía, que consistió básicamente en chats de WhatsApp y en grabaciones de llamadas interceptadas entre los detenidos en los que, supuestamente, reconocen la comisión de los delitos.
La Fiscalía se ha empleado a fondo con el Código Penal y les ha acusado de toda suerte de delitos como perturbación en servicio de transporte público, violencia contra servidor público, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, concierto para delinquir agravado, instigación para delinquir con fines terroristas, hurto calificado y agravado, secuestro simple y tortura agravada.
En las grabaciones presentadas ante la jueza se registran conversaciones demasiado explícitas para personas que están planeando un delito, como “se supone que el ELN nos debe a nosotros 100”, lo que supondría para los investigadores una prueba irrefutable de la financiación que esa organización insurgente le dio al paro nacional a través de la Primera Línea.
En otra interceptación se escucha la expresión “el SITP que secuestramos”, lo que para los investigadores constituye la prueba reina de la comisión de un secuestro. Algo absurdo, pues se asume que los bienes son susceptibles de ser secuestrados como las personas. Según esa lógica, ¿incendiar un autobús del SITP equivale a “asesinarlo”?
Los miembros de la Primera Línea Jurídica, una iniciativa de abogados creada para defender gratuitamente en los estrados judiciales a las personas violentadas y detenidas por la policía durante el paro, reportan que han logrado liberar a varias decenas de jóvenes detenidos arbitrariamente e injustamente acusados. No obstante, estos trece jóvenes se suman a los más de 130 que están implicados en los 17 procesos penales que tiene abiertos la Fiscalía contra personas que de una u otra manera participaron en el paro nacional como periodistas, manifestantes o miembros de la Primera Línea.
Prometer para meter
El caso de los jóvenes de la Primera Línea no es ni mucho menos un hecho aislado en el proceso político colombiano. Por el contrario, revela la forma como históricamente las élites han tramitado las demandas sociales de cambio cuando estas se han salido del cauce institucional y han arrinconado al Establecimiento.
En 1781, ante el desafío que significaba la presencia del ejército Comunero que marchaba victorioso desde Santander y amenazaba con entrar a la capital, las autoridades del virreinato concedieron todas las peticiones a los insurrectos y tras su desmovilización, les buscaron uno por uno en sus casas, les acusaron de traición y les ejecutaron.
En el siglo XX, Guadalupe Salcedo comandó las guerrillas del Llano que en los años cincuenta firmaron la paz con el gobierno militar de Rojas Pinilla. En aquel momento, el Establecimiento prometió tierras, paz, respeto por la vida y amnistía por los delitos cometidos. Más tarde, los líderes de la antigua guerrilla fueron cayendo uno a uno víctimas de las balas oficiales. El propio Guadalupe fue asesinado por la policía en 1957 en el centro de Bogotá. En 1990, la guerrilla del M-19 firmó la paz con el gobierno de Virgilio Barco y ese mismo año fue asesinado su líder Carlos Pizarro, entre muchos otros militantes que también fueron víctimas de la persecución.
Pocos años después, en 1993 la Corriente de Renovación Socialista, una escisión del ELN, comenzó un proceso de negociación política con el gobierno nacional que culminaría el año siguiente con la firma de un acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla.
No obstante, en septiembre de 1993, durante el proceso de traslado de los miembros de la CRS a la zona de concentración en Ovejas (Sucre), fueron detenidos y ejecutados sumariamente por el ejército los guerrilleros Ricardo González y Enrique Buendía, este último comandante en jefe de la CRS. A pesar del intento de sabotaje con la muerte de su líder, los guerrilleros honraron su palabra, firmaron la paz y se reincorporaron a la vida civil.
Con todos y para todo
Esta forma de actuar es recurrente y los ejemplos antes citados son solo los más llamativos por tratarse de organizaciones armadas, pero lo mismo se hace todas las semanas cuando se presentan paros, huelgas o movilizaciones ciudadanas. De este modo, se escucha a las comunidades cuando estas por fin han logrado hacer retroceder al Esmad en la carretera, se firma un acta de compromiso, se disuelve la protesta y semanas después caen asesinados o presos sus líderes, acusados de instigación al terrorismo, agresión a funcionario público o lo que se les ocurra a los ingeniosos fiscales de turno.
Por ello no debemos olvidar a los y las jóvenes que están siendo acusados de delitos en el marco del paro nacional. No se pide aquí que la justicia no actúe, lo que se pide es que no se estigmatice a la juventud y a la protesta social mientras paramilitares como el señor Andrés Escobar, responsable de disparar contra la minga en Cali, sigue libre, asistiendo a eventos políticos y amenazando a través de las redes sociales.
Los chicos y chicas de la Primera Línea son parte de la vanguardia que arriesgó su integridad para proteger las manifestaciones ciudadanas agredidas por la policía. Nos protegieron de los abusos de la autoridad y salvaron muchas vidas. Hoy son Luis Alberto, Daniela, Karen Zulay, Simón Santiago, Laura Sofía, Jhoan Sebastián, Luidiar Felipe, Santiago, Daniel Fernando, Adriana Esperanza, Uriel David, Steven y Yonatan Yair, pero mañana podemos ser usted o yo.
