Un conflicto laboral que no solo afecta a los trabajadores de una empresa, sino a comunidades indígenas
Desde el primero de marzo pasado, los trabajadores de las salinas de Manaure en La Guajira, agrupados en los sindicatos Sintrasales y Sintrabgsalinas, iniciaron un cese de actividades por la negativa de la administración de la empresa Big Group Salinas Colombia a negociar un pliego de peticiones presentado en enero del presente año.
En comunicado los sindicatos explicaron que las salinas de Manaure, son el patrimonio y riqueza de las comunidades indígenas Wayúu y de Manaure en general, municipio que desde tiempos inmemorables, ha tenido vinculación directa e indirecta con esta producción, ya sea con actividades de transporte, los explotadores de la sal de las charcas indígenas Manaure y Shorshimana y en el laboreo dentro del complejo salinífero.
Razones por las que los trabajadores también le pidieron a la empresa la generación de empleo estable, digno y justo, que tenga en cuenta a las comunidades indígenas y en general. “No es posible que a las comunidades Wayúu de Manaure les toque enterrar a sus niños por física hambre y sed, por no tener un medio de sustento para su familia, mientras ve cómo saquean las riquezas de su pueblo, con la complacencia de los gobiernos municipal, departamental y nacional”, cuestiona Carlos Gómez, trabajador y presidente de Sintra BG.
La labor
La empresa tiene como razón la explotación de sal, para lo cual usa la fuerza de trabajo de 105 trabajadores. “Se saca del agua del mar con bombeo hacia unos depósitos de concentración. En los depósitos hay unos canales que están dividiendo los depósitos, después que el agua de mar se va condensando por medio del sol, del viento y por el proceso sísmico que le dan los trabajadores, pasa a unos depósitos que se les llama cristalizadores; ya es la sal lista para su recolección. Cuando está cristalizada se utilizan equipos como bulldozer, cargadora, motoniveladora y retroexcavadora, para arrimar la sal. Posterior a eso, se inicia el transporte interno para llevarla de las cristalizadoras a las plantas, para lavarla o para molerla. Aquí no se refina, se vende bruta, lavada o molida”, explica Carlos Gómez.
Según el dirigente sindical, SAMA fue constituida por el gobierno, quien luego la obligó a contratar un operador privado: “Tenemos contrato directo con el operador Big Group, pero de igual forma éste subcontrata a unos transportistas internos que son los que llevan la sal de los depósitos a las plantas. Hace dos años y medio la empresa al momento de entrar hizo un acuerdo contractual con los trabajadores que iniciamos, daba como garantía un contrato a término indefinido y no se podía ser despedido sin justa causa, pero se puso una cláusula que tenía validez hasta diciembre de 2017”. Por eso, la estabilidad laboral es la médula del actual conflicto.
Condiciones indignas
Pero las peticiones también pasan por condiciones dignas para laborar. Carlos Gómez da sólo un ejemplo: “Hay unos depósitos de concentración y dentro de estos unas estaciones de bombeo donde hay gente encargada del bombeo, son unas motobombas muy grandes que bombean alrededor de 25 mil galones por minuto. Dentro de esas estaciones no hay un sitio adecuado donde el trabajador pueda hacer una necesidad fisiológica, tampoco hay un sitio para que dentro de su turno pueda descansar por lo menos media hora. Hay turnos de ocho horas continuas y la temperatura mínima es de 40 grados, y no hay puntos de hidratación. También pedimos una mejor prebenda en el alza de salarios, cuando el Gobierno administraba las salinas nosotros fuimos empleados de SAMA, pero como el Gobierno acondicionó el contrato para que lo administrara un privado, a SAMA le tocaba contratar. Hubo trabajadores a quienes en ese entonces les debían alrededor de ocho mil millones de pesos, SAMA no podía cancelar. Entonces, el operador privado dijo: ‘Pago algunas obligaciones y hagan ustedes algunos acuerdos de pagos para cancelárselos’. Con el tiempo accedimos porque era la única posibilidad. En ese entonces éramos 76 empleados”.
Los trabajadores también anotan que Big Group no le ha invertido al centro para que funcione a cabalidad, está utilizando la misma infraestructura, la misma maquinaria que dejó SAMA, aunque el compromiso era otro.
Entre las acciones adelantadas por la administración en medio del conflicto está desprestigiar las manifestaciones de protesta; le dice a las comunidades que los trabajadores están exigiendo un contrato irrevocable, lo que no es cierto.
Lo que viene
Pero, como si las condiciones de los trabajadores fueran óptimas, su suerte empeoró cuando no recibieron el respaldo que esperaban del Ministerio de Trabajo. La semana pasada, esta entidad emitió una resolución en respuesta a una petición de la empresa en la que solicitaba se le permitieran cuatro acciones: Bombeo de agua constante en el centro de producción; reparación de jarillones; almacenamiento de sal indígena en el centro de acopio y la entrega de 30 mil toneladas de sal vendida, lista para despachar. El Ministerio respondió positivamente a los tres primeros puntos, lo que causó molestia entre los huelguistas, quienes preparan respuestas con sus abogados. “El sindicato rechaza rotundamente eso porque el derecho que nos confiere la ley de irnos a huelga es eso, frenar el proceso productivo como tal y no permitirle a la empresa que genere ingresos”, aduce Carlos Gómez.
Al cierre de esta edición, no había conversaciones entre la empresa y los sindicatos, y la producción de sal estaba parada. Pero también, había programada una reunión entre la comunidad Wayúu, representantes del alto Gobierno, como delegados del Ministerio del Interior y funcionarios del área administrativa de la empresa Big Group, para tratar el incumplimiento de la firma extranjera con obras de inversión social.
