El Gobierno busca poner los recursos de la salud, cercanos a los 50 billones de pesos al año, en beneficio del capital financiero
Héctor González Carvajal
Con ocasión de la pandemia, el Gobierno nacional por intermedio de su Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha presentado el proyecto de Ley 10 de 2020 que reforma la salud. Es una iniciativa orientada a poner los recursos de la salud, cercanos a los 50 billones de pesos al año, al servicio del capital financiero.
Aunque lo publicitan como el fin de las EPS, el proyecto oculta la estrategia de privatizar todo el sector salud y despojar de este derecho a la mayoría de los colombianos, pues tiene como columna vertebral fortalecerlas y convertidas en aseguradoras como cualquier entidad financiera, y su papel no estará orientado a garantizar la salud de la población, sino las utilidades a los dueños, pues los colombianos solo podrán tratar sus enfermedades si cuentan con los recursos para costearse los tratamientos.
Es útil no olvidar que en este proyecto de Ley el Gobierno aplica una de las “recomendaciones” de la OCDE, de eliminar subsidios y privatizar servicios a las comunidades con presupuesto estatal.
De esta manera han llegado al país emporios financieros como British United Provident-Sanitas, la tercera EPS más grande del país después de Nueva EPS y EPS Sura; United Health Group (Colmédica y Aliansalud EPS); Cristhus Health (Coomeva EPS); Black Stone (Coosalud EPS); los grupos Fresenius Medical Care operador de Unidades Renales y Quirion Salud; este último adquirió el Centro Médico Imbanaco de Cali, con una facturación de 130 millones de euros en 2018 y de los cuales forman parte Luis Carlos Sarmiento Angulo, la familia Pastrana, la Familia Char y el grupo empresarial antioqueño, entre otros. También en servicios de ambulancias la empresa danesa Falck que maneja Emi y Femsa, grupo de farmacias Cruz Verde.
El Proyecto pretende darle facultades al presidente para reformar la estructura administrativa de la salud y acabar de privatizar la red pública hospitalaria. Como consecuencia, modificar las condiciones de trabajo a más de 46 mil trabajadores de la salud.
Lo anterior obliga a cerrar filas en torno a la defensa de la salud pública y hace necesario que los parlamentarios de la oposición, que elaboran un proyecto de ley alternativo con el concurso de diversas organizaciones de trabajadores y pensionados, académicos y sectores populares, lo socialicen y hagamos propia esta lucha, si queremos seguir contando con el derecho a la salud en el país.
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