José Ramón Llanos
La burguesía colombiana, por lo menos el sector que detenta el poder hace más dos siglos, es estéril y carente de dignidad. Ha gobernado el país aplicando mecánicamente las políticas y orientaciones diseñadas por los Estados Unidos a través de organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BID, a partir de la segunda guerra mundial; a lo largo del siglo XX, con gran desvenguenza se ha limitado a aceptar las imposiciones de las políticas imperialistas.
Los medios de comunicación, instrumentos esenciales de una real democracia, están en manos de la misma clase que detenta el poder, por tanto toda la cuestión del contenido y como circula la información está determinada por el pequeño círculo de la oligarquía. Por supuesto, esto tiene un efecto negativo sobre la cultura ciudadana, sobre la existencia o no de la democracia. En esta ocasión solo nos referiremos a la cuestión vital de la protección del medio ambiente y los efectos nocivos de las actividades industriales y mineras, la contaminación y destrucción de condiciones sanas para el desarrollo de la vida humana.
En cuanto a esto se refiere, en Colombia los medios de comunicación, los periodistas en general son simples sirvientes del empresariado y de las multinacionales. Algunos dirigentes, se limitan a repetir y socializar las “verdades” que son elaboradas por los llamados “tanques del pensamiento”, que en realidad son simples socializadores de lo que le conviene a las multinacionales.
Mientras en Costa Rica y El Salvador un amplio sector del empresariado, los dirigentes políticos, la alta jerarquía de la iglesia Católica, los sindicatos y la comunidad en general presionaron al gobierno para que prohibiera la explotación a cielo abierto del oro en el primer país, y la prohibición de la actividad minera metálica en el segundo. En Colombia el empresariado y los medios de comunicación intentan hacer embrollos jurídicos, para restarle dientes a la ley que empodera a las comunidades para decidir sobre las actividades mineras lesivas del medio ambiente y que ponen en peligro, las fuentes del agua que escasean en algunas regiones.
El gobierno y los periódicos con el cuento de la necesidad de la “seguridad jurídica” para los inversionistas, tratan de restarle importancia a la decisión de los habitantes de Cajamarca que decidieron rechazar la explotación minera en su territorio. La verdad contundente es que la vida y bienestar de un pueblo están por encima de la “seguridad jurídica” de una minoría de empresarios. Por tanto, los ciudadanos, los partidos políticos progresistas, tienen el deber de movilizarse en solidaridad con las regiones que deciden defenderse de las empresas contaminadoras. Es el momento de exigir más soberanía a los gobiernos sometidos a las imposiciones de las multinacionales.
