La relación con la naturaleza debe basarse en los principios de sostenibilidad, integralidad y biodiversidad, considerando necesario implementar un modelo para el desarrollo sostenible
Ingrid Johanna Solano
Desde los tiempos de la conquista, nacían las ansias de explotación de los recursos mineros, forestales e hídricos, descritos en las Crónicas de Indias, donde describen con gran fascinación y admiración por la riqueza encontrada en tierras americanas.
Esa fascinación, se convertía más adelante, en avaricia desmedida, como fue relatado por: Francisco López de Gómara, al mencionar en su obra: Historia general de las Indias:
“Si yo supiera, cristianos, que mi oro habéis de reñir, no vos lo diera, ca soy amigo de toda paz y concordia. Mararavíllome de vuestra ceguera y locura […] Más os valiera estar en vuestra tierra, que tan lejos de aquí está, […] Más empero, si tanta gana de oro tenéis, que desasoguéis y aun matéis los que lo tienen, yo os mostraré una tierra donde os hartéis de ello”.1
Citando lo mencionado, en el relato sesenta, al narrar la historia vivenciada en tierras americanas, a la entrega de unas cuantas joyas, a los españoles, por parte de los amerindios, puede entonces evidenciarse dicha situación particular. De igual manera, la Expedición Botánica cuyo objetivo fue el estudio de los recursos y su aprovechamiento, que, entre otras cosas, puede llamarse inventario de recursos naturales.
Los decretos conservacionistas
De esa manera, desde dicha época, se desencadenaba y vivenciaba una problemática similar a la actual, guardando las proporciones de cada época, donde los intereses mezquinos y desmedidos de los acumuladores de “riqueza”, sumado a la nula regulación y legislación sobre el tema ambiental, tomaban control de las políticas de ello, y actuaban a su acomodo y provecho.
Pero, desde la consolidación de la república, Bolívar dictaba las primeras leyes y regulaciones sobre el actuar de los ciudadanos; mandatos denominados: “Decretos conservacionistas”, los cuales se referían de manera puntual a: “conservación y buen uso de las aguas, protección y mejor aprovechamiento de los bosques, fomento y desarrollo de la agricultura, conservación y fomento de la ganadería, y reparto de tierras”.2
Sin políticas ambientales
Situación contraria, al hacer el paralelo a la actualidad y guardando las dimensiones de cada época, donde se observa que no existe catastro rural a pesar de haber sido ordenada en “Conpes 3859 de 2016 “Política para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural -Urbano”.3 Propósito plasmado en el Acuerdo de La Habana en el punto uno.
La población campesina no goza de una vida digna, ni de la posibilidad de adquirir tecnología para desarrollar la producción agrícola y satisfacer la demanda del mercado nacional; requiriendo entonces, que compañías o particulares poseedores de grandes capitales, terminen adueñándose de vastas extensiones de tierra y/o constituyendo monopolios sobre productos agrícolas como: azúcar, carne, pollo, arroz, la palma de aceite; partiendo de la falencia de una planificación sostenible.
Observándose, que la carencia de políticas ambientales y de instituciones que contribuyan a llevar a cabo un plan de ordenamiento de tipo ambiental, ha sido un gran obstáculo para el desarrollo de iniciativas que promuevan la conservación de los ecosistemas, la concepción de crecimiento económico por encima de los intereses individuales de unos pocos donde las corporaciones autónomas regionales han pasado a favorecer los intereses particulares por encima de los colectivos, siendo así las veedurías ciudadanas, una herramienta que contribuya a fomentar los espacios de discusión y de denuncia.
Dando paso a que los movimientos sociales, vean la necesidad de un relacionamiento no destructor ni depredador con la naturaleza, asumiendo que ésta debe ser concebida como fuente de vida antes que de explotación, considerando que las relaciones a construir deben basarse en los principios de la sostenibilidad, de la integralidad y de la biodiversidad, se considera necesario implementar un modelo para el desarrollo sostenible.
Movimiento campesino y la ACVC
Una de las experiencias más representativas es la zona del Magdalena Medio, donde la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional, ACVC-RAN, organización social de base campesina y minera, presente en las zonas rurales de los municipios de Segovia, Remedios y Yondó en Antioquia, San Pablo y Cantagallo en el Sur de Bolívar, tiene 23 años de existencia formal enfocándose en la defensa de los derechos humanos, la convivencia, la paz, la vida digna y la defensa del territorio y de los recursos naturales. Desarrollando de la mano de las comunidades, la construcción del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS – 2012-2022) de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra (ZRC-VRC).
Siendo así, como a través del Plan de Desarrollo Sostenible, donde las comunidades campesinas y mineras trazaron la ruta para que la ACVC-RAN iniciara un proceso en búsqueda de blindar jurídica y administrativamente el territorio, conocido como la zona de “Línea Amarilla”, que a través de la resolución 1628 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mmads), se considerada como una reserva natural, refugio de muchas especies en vía de extinción, donde se encuentran invaluables elementos de la biodiversidad nacional y fuente de agua pura para muchas comunidades rurales y cabeceras municipales del Magdalena Medio. Estamos hablando de un territorio de selva virgen robusto de unas 70.000 hectáreas aproximadamente, ubicado en la parte alta de los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el departamento de Bolívar, en donde las comunidades desde la época de la colonización en los años 60’s decidieron no intervenirlo, no habitarlo, no explotarlo.
La zona de Línea Amarilla
Una lucha vigente del movimiento campesino y del movimiento social, en general, del reconocimiento por la defensa del territorio y los acuerdos comunitarios construidos con los habitantes de las zonas, que han emprendido la búsqueda de un modelo distinto al extractivista, que tanto daño le ha hecho al país y que por el contrario a lo que pregonan, ha enriquecido a unos cuantos y empobrecido a las mayorías, a costa de la destrucción del agua y el ambiente.
La propuesta para la zona de Línea Amarilla en el marco del polígono de la resolución 1628 para la serranía de San Lucas, es crear una figura que no permita el uso del subsuelo y selva conservada, entendido como un núcleo base de conservación de 70 mil hectáreas aproximadamente, en donde a su alrededor y como zona amortiguadora, se complemente e interconecte con un mosaico de figuras que permitan usos sostenibles, actividades agropecuarias y mineras propias de las comunidades que habitan la serranía de San Lucas.
No se trata de una mirada netamente conservacionista o idealista de la serranía o del medio ambiente, se trata de realismo político ante la decisión del acuerdo comunitario vigente de conservación, que es un mandato popular y soberano, que es necesario defenderlo, mantenerlo, reivindicarlo y formalizarlo; encajando perfectamente en la implementación del acuerdo de paz.
1 LOPEZ. G. F. (2019). Historia General de las Indias. Linkgua-digital.com. Barcelona.
Recuperado de: https://books.google.com.co/books?id=RFFf0aqWUyUC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
2 BOLIVAR, S.: Decreto. Chuquisaca, 17 de diciembre de 1825.
3 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, Catastro multipropósito [en línea]. Disponible en: https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/catastro/catastro-multiproposito
