El atraso estructural de la economía muestra que hay una ruptura entre el sector de la gran empresa, que provee solo el 20% del empleo, y el de las mipymes, consideradas el nicho para potenciar el emprendimiento
Carlos Fernández
Cada final o comienzo de año genera entre los comentaristas de la situación económica o política o cultural la tentación del balance. Pero balances hay que hacer cada día y su alcance depende del tema, de la urgencia de soluciones, de si el asunto es coyuntural o estructural, de corto, mediano o largo plazo.
Más allá de cualquier balance, en este primer artículo de 2021, me propongo comentar un tema que ha pasado relativamente desapercibido en la prensa en general y, aun, en la especializada. Se trata de la expedición por parte del Congreso de la República de la ley 2069 del (fíjense en la fecha) 31 de diciembre de 2020, «por medio del (sic) cual se impulsa el emprendimiento en Colombia». El descuido gramatical acompaña todo el texto de la ley y de los documentos antecedentes. Lo primero que llama la atención es la premura con que se llevó a cabo el proceso de aprobación de la ley. Sólo un mes antes, el 30 de noviembre, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) había aprobado el documento 4011 sobre «Política Nacional de Emprendimiento».
El tratamiento mediático fue más bien discreto y la ley pasó sin mayores inconvenientes. Sin embargo, el proyecto de ley y su exposición de motivos fueron presentados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y suscritos por un congresista de Cambio Radical, siete del Centro Democrático, uno liberal, cuatro del partido Mira, cuatro conservadores y dos del partido de la U, el 20 de julio de 2020. El orden de los documentos no deja de sorprender: primero el proyecto de ley, que implica una orientación de política, luego la política gubernamental (CONPES) y, claro, después, la ley.
Interés oficial en el emprendimiento
La atención de que es objeto el llamado emprendimiento por parte de los sectores de la derecha es, por decir lo menos, sorprendente. Lo prueba la larga lista de antecedentes normativos que se remontan a unos 30 años o más. La nueva ley no hace ningún aporte en términos conceptuales y no toca la definición de emprendimiento que dio la ley 1014 de 2006, que lo considera
«una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad».
Esta definición puede aplicarse a cualquier tipo de negocio o de empresa, independientemente del tamaño de la misma. Sin embargo, el emprendimiento ha sido ubicado, en la literatura oficial, nacional e internacional, en los niveles convencionales de micro, pequeña y mediana empresa. Las empresas se dividirían, entonces, en emprendimientos y grandes empresas.
La nueva ley apunta a «impulsar el emprendimiento», es decir, a procurar que sectores importantes de la fuerza laboral del país que, hoy en día, se encuentran sin trabajo, no busquen emplearse en empresas constituidas o nuevas creadas por el capital, sino que se vuelvan ellos mismos empresarios. La urgencia de esta promoción se incrementa en la medida en que la pandemia destruyó puestos de trabajo y llevó a la ruina a gente que encontraba en el negocio por cuenta propia la manera de medianamente subsistir.
Esta situación coyuntural ilustra una situación estructural de fondo: el carácter deformado del capitalismo colombiano -que se caracteriza por la dependencia respecto al capital transnacional y el atraso de las relaciones de producción en el campo y en vastos sectores de la economía urbana- ha llevado a un mercado estrecho y a una deficiencia de inversión de capital que no se hace cargo de generar riqueza y trabajo en proporción a la cuantía de la fuerza laboral, dejando a miles de personas que necesitan emplearse a merced de los vaivenes de una economía de subsistencia y constituyendo el ejército de reserva que permite tener a raya los incrementos salariales y de los beneficios sociales de los trabajadores asalariados.
Para el capital, esta situación constituye, también, aunque desde otro punto de vista, un problema, como lo prueba, en parte, la procedencia política de los congresistas que suscribieron el proyecto de ley. Y, como ya se dijo, desde hace más de tres décadas viene buscándole solución a través del tan mentado emprendimiento. Los estudios realizados al respecto, citados en la exposición de motivos, muestran el por qué de esta situación. Veamos:
*Al 30 de abril de 2020, había en el país 1.728.635 empresas, de las que el 99,6% eran mipymes y el 70,6% eran microempresas de personas naturales.
*Las mipymes dan cuenta del 79,1% del empleo en el país. Asimismo, aportan el 45,7% del empleo formal y el 97,6% del empleo informal.
*La motivación para establecer una empresa radica mayormente en la falta de ingresos provenientes de un trabajo asalariado que en las oportunidades de negocios que se presentan. De algo hay que vivir. Y ésta es una situación general en América Latina.
Lo dicho ilustra lo que se ha señalado sobre el atraso estructural de la economía colombiana y muestra que hay una especie de hiato entre el sector de la gran empresa, la que da cuenta del 20% del empleo en el país y el de las mipymes, consideradas el nicho para acomodar el emprendimiento. Pero no se trata de un dualismo estructural sino que la enorme dimensión cuantitativa de las mipymes es funcional a una monopolización de la economía en la medida en que no obliga al sector más importante de la misma a atender las necesidades de empleo y de ingresos de buena parte de la fuerza laboral. Pero a ésta, de todas maneras, hay que formalizarla para que también pague impuestos y así las cargas tributarias se distribuyan «equitativamente».
Informalidad y formalización
El tema de la informalidad es clave en todo lo relacionado con el emprendimiento. Reconociendo los costos adicionales en que incurre un negocio formal, por el hecho de serlo, respecto de uno informal de las mismas dimensiones, la nueva propuesta gubernamental le apunta a «facilitar» la formalización mediante la disminución de sus costos en el nivel nacional y territorial, el mayor acceso al financiamiento, el desarrollo de programas de formación y de innovación, el mejoramiento de la asociatividad en materia de producción y, sobre todo, de comercialización y el mejor funcionamiento de la institucionalidad que se ha creado a lo largo de los años para atender las necesidades del emprendimiento. Nada nuevo.
El sector campesino merece en la nueva ley una mención especial, si bien la palabra campesino, como ya es costumbre, no aparece por ninguna parte, salvo una en la exposición de motivos. Las clases dominantes han buscado borrar este importante sector de la población no sólo mediante la fuerza, la violencia y el desplazamiento, sino de la terminología oficial y no reconocen que, si quiere encontrar emprendedores, los campesinos lo vienen siendo desde hace siglos. En la nueva norma, se busca promover el emprendimiento en el sector rural promoviendo la asociatividad y el desarrollo de proyectos agroindustriales que sean liderados por los grandes empresarios e industriales del campo. Nada nuevo.
La economía popular
La estructuración del desarrollo económico del país ha llevado a que los pequeños productores, tanto del campo como de la ciudad, hayan estructurado un sector de economía popular que, en ocasiones, atiende necesidades del sector preponderante de la estructura económica pero que, también, vive al margen de lo que provee este sector o le disputa espacios para actuar (caso vendedores ambulantes frente a comercio organizado).
Esta economía es importante para el gran capital como consumidora, como proveedora cíclica de fuerza de trabajo y, eventualmente, como desfogue a las presiones por remuneración y empleo. Pero hay que enderezar las cosas y hacer de Colombia un país de propietarios, como lo soñara Uribe, porque la pérdida de mercado en el exterior y la disminución de un magro mercado interno, junto a la necesidad de recursos fiscales hace imperativo para la oligarquía que los más precarizados y los más vulnerables se encarguen de resolver esos problemas.
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