El sindicato de profesores dice que apenas presentaron un pliego de peticiones para negociar mínimas garantías para los docentes de planta, los ocasionales y los catedráticos, la administración de la institución empezó a perseguirlos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Desde hace cinco años los profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, afiliados a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, presentaron un petitorio a la administración de esta institución estatal de educación superior. Según el sindicato, desde ese año iniciaron una sistemática persecución.
VOZ habló con María Doralba Sánchez Gómez, presidenta de la seccional de ASPU en la UNAD, en donde también es docente en la Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería, desde febrero de 2009.
–¿Primero que todo, ¿qué es la UNAD?
–Es un ente universitario cuyo objeto principal es la educación abierta y a distancia. Hace presencia en todo el país con unos 70 centros de atención y ofrece sus servicios a 70 mil estudiantes, para lo cual cuenta con 80 docentes de planta y 1.200 catedráticos y ocasionales.
–¿Cuál fue el detonante del problema?
–El sindicato presentó un pliego de peticiones a la administración de la universidad en el año 2012 y desde el año 2013 la Universidad decidió desconocer la existencia de la seccional del sindicato, a raíz de un concepto jurídico del Secretario de la institución, con lo que dijeron que no habría permisos sindicales, negociación ni descuentos. Ahí inician procesos jurídicos contra nosotros para negarnos todo. Fueron a los estrados judiciales para quitarnos la personería jurídica, aunque en este caso somos solo una seccional de ASPU.
–¿Qué pidieron en el pliego para que respondieran de esa manera?
–Cosas elementales como que se organizaran bien las cargas de trabajo tanto de los profesores ocasionales como de los de planta, que se definiera la planta administrativa, las funciones, porque allá hay mucha gente que no se sabe qué hace, que no tienen cargos, se inventan cargos y dan remuneraciones extras. Dicen que tienen autonomía para hacer todo eso. Y pedíamos también el reconocimiento del sindicato, que nos pusiéramos de acuerdo en cuanto a la representación de los docentes en los diferentes estamentos, cómo deberían ser elegidos, que las votaciones no fueran virtuales sino presenciales porque en la virtualidad no hay privacidad en los votos.
–¿Qué argumentaron para desconocer al sindicato?
–Que se había creado una seccional apartada de la ley, que ASPU no podía tener esa seccional porque ya tenía cinco seccionales en Bogotá y que eso no podía ser porque el ordenamiento jurídico dice que un sindicato solo puede tener una seccional por municipio. Pero este no es un sindicato de base sino de gremio, y en este caso nos identifica el oficio de docentes y en Colombia hay varias universidades en un mismo municipio, por lo que no podemos tener el mismo patrón. Por eso hay varias seccionales. No se puede crear un pliego de peticiones para todas esas universidades. Por estatutos nos conformamos por universidad.
–¿Qué otras acciones de persecución hay?
–Como presidenta del sindicato me negaron todos los permisos sindicales, me abrieron procesos disciplinarios diciendo que no éramos sindicato. Nos dejaron de descontar las cuotas sindicales que iban a una cuenta de ASPU nacional y no hubo negociación. A finales de 2015 metieron una demanda para quitarnos la personería jurídica y en primera instancia el fallo fue contra nosotros, pero en segunda instancia la Corte Suprema nos dio la razón diciendo que el sindicato era ASPU y que las seccionales eran organizaciones internas del sindicato. Entonces, volvieron a interponer una demanda que no pedía la cancelación de la personería jurídica, sino anular el registro de la seccional en el Ministerio de Trabajo, y lo consiguieron pero eso está demandado.
–También se sabe que la demandaron por unas denuncias suyas en un noticiero de televisión.
–Di una entrevista a un medio de comunicación donde denunciaba a estudiantes que a pesar de habían perdido varias veces los semestres, seguían matriculados. También lo denunciamos en el Ministerio de Educación y nunca nos dijeron nada. A raíz de la entrevista me abrieron otro disciplinario faltándome el debido proceso, y la prueba era que había dado acceso al periodista a los sistemas de información de la Universidad, aunque lo que salió en televisión eran pantallazos de un archivo PDF que mostraban las irregularidades de lo que denunciaba. Me inhabilitaron por 12 años y me destituyeron. Pero como tenía fuero sindical, pusieron una demanda contra el fuero y una juez dijo que seguía el fuero porque a pesar de haber sido cancelada la seccional yo era de la comisión de reclamos de ASPU, y mandó copia al Ministerio de Trabajo para que investigara a la funcionaria que había firmado mi resolución de despido.
Metimos una demanda de reintegro y un Tribunal de Medellín nos dio la razón y derogó la sentencia. Se ordenó mi reintegro, pero ellos se fueron a una tutela contra la sentencia, alegando que se les había violado el debido proceso, y la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia les dio la razón. Lo que dicen los abogados expertos es que eso no es una decisión en derecho. Ya impugnamos eso y estamos esperando respuesta.
–¿Qué viene, qué sigue para ustedes y la seccional de ASPU?
–Ahora estamos sin reconocimiento, sin negociación, sin nada. Solo queremos que nos respeten el derecho de asociación. No queremos que el Ministerio de Trabajo se siga prestando para cosas. Nos han estado vulnerando derechos desde el año 2013. Pedimos que nos descuenten, que nos den reconocimiento sindical y que negocien.
