La mayor expresión de este arrasamiento del derecho internacional lo constituye el intento de aniquilamiento por parte de las potencias occidentales y un puñado de aliados mercenarios en América Latina de la Revolución Bolivariana de Venezuela
Alberto Acevedo
En su carta de nacimiento, tras un acuerdo entre las naciones al término de la segunda guerra mundial, el documento fundante de la Organización de las Naciones Unidas dice: “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.
Sin embargo, esta premisa, absolutamente respetuosa del derecho internacional, es letra muerta. En sus casi 74 años de fundada, la ONU ha sido incapaz de cumplir con los postulados que le dieron nacimiento, y más que eso, no ha podido reformarse, modernizarse ni reinventarse, a tono con los nuevos vientos que soplan en las relaciones internacionales del siglo XXI.
Las Naciones Unidas terminaron colocándose a merced de los intereses, a menudo expansionistas y colonizantes, de las potencias militares que emergieron de la segunda guerra mundial. Principalmente de los Estados Unidos de América, que bajo el principio del ‘destino manifiesto’, todos los días de dios viola los derechos humanos, los principios democráticos y aún las libertades individuales de sus propios ciudadanos.
Golpes blandos y duros
En lo que pudiéramos calificar como el arrasamiento del derecho internacional, en las últimas décadas, sin consultar con las Naciones Unidas ni con su Consejo de Seguridad, se ejecutaron invasiones militares en Afganistán, Irak, Libia, Siria. Para contrarrestar el intento de surgimiento de gobiernos democráticos en América Latina, el continente fue sacudido por una oleada de golpes de Estado, algunos bajo la tutela de castas militares plegadas a la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y en los últimos años golpes parlamentarios o ‘blandos’, en la mayoría de los casos siguiendo un libreto del Pentágono norteamericano.
La Chile de Allende, Granada, Panamá, Guatemala, Paraguay, y recientemente el montaje parlamentario contra Dilma Rousseff o el encarcelamiento arbitrario de Lula da Silva, para crear un ambiente favorable al ascenso del ultraderechista Bolsonaro, son expresión de esa política.
En el inventario de las Naciones Unidas figura el nacimiento artificial del Estado de Israel, para despojar al pueblo palestino de sus tierras ancestrales. El hecho de que durante 27 años consecutivos, la Asamblea General haya tenido que condenar el criminal bloqueo a Cuba socialista, la Isla de la Libertad en América, sin que se haya tomado una sola sanción o amonestación práctica, con efectos vinculantes, que permita retrotraer esta realidad infamante.
Piratería internacional
Este desmoronamiento del derecho internacional parece más patético en los últimos meses. Estados Unidos anuncia la construcción de un muro de la infamia en su frontera común con México. Otro tanto hace su pupilo favorito, Israel, contra el pueblo palestino, sitiado además por hambre, y la falta de acceso a medicinas, agua potable, tierra, vivienda y empleo decentes. Otros países construyen muros para contener las manos suplicantes de decenas de miles de migrantes.
La matanza y el aniquilamiento sistemático del pueblo de Yemen, se comete a la luz del día por Arabia Saudita, la misma que ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashogui, sin que nadie alce una voz para condenar al criminal, simplemente porque es un aliado estratégico de Estados Unidos y las potencias occidentales.
Guantánamo y Las Malvinas permanecen como recordatorio a la humanidad de que los tiempos del coloniaje y la piratería internacional no terminan aún. Guantánamo además como centro de torturas y detención sin fórmula de juicio de decenas de personas a las que se les niega el acceso a un defensor y a un debido proceso.
Gobiernos sin autoridad moral
Pero la mayor expresión de este desbarrancamiento del derecho internacional lo constituye, sin lugar a dudas, el intento de aniquilamiento por parte de las potencias occidentales y un puñado de aliados mercenarios en América Latina contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Países donde sus gobernantes ascendieron al poder mediante procesos fraudulentos o espurios, sin ninguna autoridad moral se otorgan el derecho a darle ultimátums a un gobierno democrático, elegido por el voto popular y ratificado ese poder en una treintena de ocasiones.
Un país, el de mayor desarrollo industrial, que se proclama cumbre de la democracia, decide por su cuenta y riesgo desconocer la legitimidad del gobierno de otro país vecino, y a un lugarteniente suyo, venido a menos, lo proclama “presidente interino”, y le entrega recursos materiales para que lidere un verdadero golpe de Estado, llevándose por delante hasta el más elemental principio del derecho internacional, de la no intervención, de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.
Guerra híbrida
La Casa Blanca, como juez supremo del universo, traza el guion de una guerra híbrida sin precedentes contra Venezuela, que junto con operaciones psicológicas y otras técnicas clandestinas, incluye acciones diplomáticas de la OEA, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de la Gran Bretaña, en una operación internacional sin precedentes para buscar colapsar la cotidianidad venezolana.
Esto incluye sanciones económicas, financieras y comerciales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aparecen como armas no convencionales al servicio del gran capital transnacional y sus intenciones de apoderarse del petróleo venezolano. Desarrollan en esa dirección guerras financieras, más letales y devastadoras que las guerras convencionales.
Recomposición del derecho
Con una larga lista de intervenciones y guerras ilegales en su historia, todas bajo el engañoso pretexto de que es para definir el futuro de otras naciones y salvar su democracia, pretende ahora arrasar con un proyecto bolivariano de revolución latinoamericana, cuyos logros sociales, en materia de salud, educación e inclusión, han sido reconocidos por organismos internacionales.
No es solamente el presidente Duque, en Colombia, el que dice que no reconoce los protocolos internacionales, refiriéndose a la insurgencia y a unas negociaciones de paz. Es también su tutor norteamericano, cuando se aparta de los acuerdos sobre cambio climático, los tratados de armas nucleares con Rusia e Irán; es, en fin, toda la legalidad internacional la que se va al despeñadero. Y no para que impere un limbo jurídico universal. Estamos ante una recomposición del derecho internacional en favor de las grandes corporaciones transnacionales, de las potencias occidentales; en las que una nueva conflictividad internacional se abre paso como instrumento de solución de la crisis global del capitalismo.
