Sergio Salazar
@seansaga
Hace unos días, la Colombia decente celebraba que se hubiese caído el “mico” de artículo, incluido en el texto de la ley que reglamentará el nuevo Sistema Nacional de Regalías y que otorgaba incentivos tributarios para los proyectos que utilicen la controvertida técnica del “fracking” (o fracturamiento hidráulico), en la explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en Colombia.
El “mico”, a pesar de su eliminación en el trámite legislativo de la nueva ley de regalías, queda una larga trayectoria para evitar que la técnica del fracking se desarrolle plenamente en Colombia. Están en curso el proceso jurídico en el Consejo de Estado que tiene suspendido el marco legal que habilita la exploración y explotación de yacimientos No Convencionales[i] y el proceso por incidente de desacato contra el Decreto 328 que habilitó los proyectos piloto de investigación integral de fracking – PPII[ii], así como un proyecto de ley en el Congreso para la prohibición de la controvertida técnica[iii].
Y más allá del fracking, lo que está en el centro del debate es la paradoja del “desarrollo sostenible” y la materialización del derecho a un ambiente sano, y de entre otros, los derechos humanos al agua y al saneamiento. De ello, se escriben algunas reflexiones a continuación.
Desarrollo sostenible y derecho a un ambiente sano
Colombia fue uno de los países pioneros en incorporar las nociones de desarrollo sostenible y el derecho a un ambiente sano en su arquitectura jurídica con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974). Tales aspectos fueron elevados a rango constitucional con la Carta Magna de 1991. A pesar de ello, la concepción de “desarrollo” en Colombia ha estado ligada en el territorio con políticas -por acción o por omisión- de despojo violentas e incluso “legales”.
Desde los inicios del presente siglo tal despojo se ha ido acelerando con la orientación hacía una reprimarización de la economía desde la industria extractivista de minerales e hidrocarburos[iv], así como de grandes proyectos hidroeléctricos, de explotación maderera, monocultivos para biocombustibles, infraestructura vial… y ello sumado a las ya conocidas prácticas latifundistas para ganadería, agroindustria, coca… Con ello, se ha ido perdiendo cobertura natural, se han venido contaminando las aguas superficiales y subterráneas, así como el suelo, se ha venido perdiendo biodiversidad.
La conflictividad social ha ido creciendo al vulnerarse derechos fundamentales como los ya mencionados anteriormente, y otros como los mecanismos de consulta previa e informada con comunidades étnicas. Actualmente, están en el centro del debate varios proyectos. Unos de ellos son los de explotación minera en zonas de Páramo[v] como el polémico megaproyecto en Santurbán, en el cual se ha planteado el dilema entre minería (ilegal y legal), protección de recursos hídricos y de un ecosistema de especial interés, y en particular el derecho humano al agua. Otro ejemplo es el proyecto del Puerto de Tribugá[vi], el cual según expertos, amenaza uno de los lugares más biodiversos del mundo (la Serranía del Baudó), afectando más de 114 mil hectáreas de áreas protegidas, eliminando áreas de manglar, impactando playas de anidación de tortugas, afectando un lugar de paso anual de ballenas jorobadas y amenazando la seguridad alimentaria de los pobladores de la zona.
Esos son ejemplos de la paradoja del “desarrollo sostenible” agudizada en un territorio como el colombiano el cual alberga una riqueza natural y de biodiversidad como pocas en el mundo, pero a su vez eso es un motivo para su disputa y apropiación para el enriquecimiento de unos pocos.
Los derechos humanos al agua y al saneamiento
El pasado 28 de julio, se celebraba el décimo aniversario del reconocimiento explícito, por parte de la Asamblea de la ONU, del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, DHAS, cuyo ponente no fue por casualidad el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia[vii]. Dicho reconocimiento es todo un hito para impulsar acciones políticas que ayuden a los países a avanzar en la garantía de esos derechos vulnerados principalmente en poblaciones empobrecidas.
El Derecho Humano al Agua implica el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, y asequible para el uso personal y doméstico. El Derecho Humano al Saneamiento, el cual tuvo su reconocimiento independiente mediante la resolución 70/169 de la Asamblea de la ONU, implica que toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad.
A pesar de ello, los retos siguen siendo gigantes a nivel mundial: aproximadamente 700 niños mueren al día por enfermedades relacionadas con el consumo de agua o saneamiento deficitario, y cerca de 2 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable en sus hogares.
En un informe reciente del Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua otable y al Saneamiento[viii], se plantea que “…En cuanto a la disponibilidad de agua, la sobreexplotación de los recursos hídricos a manos de la agroindustria y en megaproyectos de gran consumo de agua podría dar lugar a que no se dé prioridad a la asignación de agua para el uso personal y doméstico de las generaciones futuras”.
Tal cuestión está en el centro de los conflictos sociales hoy en Colombia, como se expuso en casos como el del páramo de Santurbán. Por otro lado, el Relator plantea que “En cuanto a la asequibilidad … los Estados deberían ser conscientes de que las tarifas y demás cargos por servicios pueden tener un efecto regresivo en el disfrute de los derechos, en particular cuando las tarifas son elevadas, lo que lleva a las personas a evitar el uso de los servicios y origina riesgos de salud pública… La privatización de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento suscita preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad, ya que a menudo las empresas privadas se abstienen de invertir en la expansión, la mejora o el mantenimiento de la infraestructura, especialmente cuando sus contratos van a rescindirse de forma inminente”.
Esto último se encuentra con otra forma de despojo en Colombia: la de las empresas de servicios públicos de abastecimiento y saneamiento, vulnerando los Derechos Humanos respectivos. Al respecto, es necesario tener presente lo relacionado con la empresa Triple A envuelta en uno de los casos de corrupción que enlazan a la política caribeña y española[ix]
Las tareas populares en marcha
Colombia tiene una tradición prolongada en un entramado legal en favor de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, a pesar de que no se ha adoptado explícitamente. El mencionado Decreto-Ley 2811 de 1974, y sus reglamentaciones técnicas y actualizaciones hasta la actualidad dan cuenta de ello. Solo es dar un vistazo a la amplia reglamentación que desde 2010 se ha venido cursando para la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Sin embargo, hay una tarea pendiente. Hace unos años se cursó una iniciativa legislativa para el reconocimiento constitucional de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, pero no fue posible. Dicha batalla hay que seguirla dando desde las bancadas legislativas progresistas y desde los movimientos políticos y sociales, en la perspectiva de blindar aspectos aún no cubiertos en la normatividad actual como por ejemplo el mínimo vital: nadie puede quedarse sin acceso al mínimo de agua necesaria para las necesidades vitales por no tener dinero. Ese desequilibrio social debe ser cubiertos por un sistema tarifario solidario en el que ese mínimo vital sea garantizado para las personas de bajos (o sin) ingresos.
Las acciones en defensa del agua, el territorio y en definitiva de la vida, han venido dando sus frutos en los últimos años. Gracias a las consultas populares se logró detener la minería en varios municipios de Colombia, hasta que el gobierno de turno le puso freno a ese derecho constitucional. Diversos movimientos sociales han logrado difundir los efectos negativos de los megaproyectos de hidroeléctricas y las violaciones de Derechos Humanos asociados a dichos proyectos en los últimos años, como los casos de Samaná II o Hidroituango.
Las organizaciones que se han unido contra el fracking también han logrado un efecto positivo a nivel social y político para lograr acciones en torno al rechazo a dicha técnica extractiva que ha mostrado impactos negativos sobre el recurso hídrico en otros países, principalmente en Estados Unidos que es dónde mayor implantación ha tenido.
La clave está en seguir tejiendo unidad popular para avanzar en un salto cualitativo de correlación de fuerzas que permita un gobierno que realmente garantice los Derechos fundamentales de sus ciudadanos, en los que los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento son un aspecto fundamental en ese Derecho colectivo de un Ambiente Sano, maravilloso en el papel, pero aún incipiente en la praxis a pesar del relato oficial del desarrollo sostenible.
[i] Consejo de Estado suspende normas que regulan el fracking. Alianza Colombia Libre de Fracking. 9 de noviembre de 2018. https://justiciaambientalcolombia.org/consejo-de-estado-suspende-normas-que-regulan-el-fracking/
[ii] Radican incidente de desacato contra el Gobierno por pilotos de Fracking. Semana. 2 de julio de 2020. https://www.semana.com/nacion/articulo/radican-incidente-de-desacato-contra-el-gobierno-por-pilotos-de-fracking/683424/
[iii] Nuevo intento legislativo para prohibir el fracking en Colombia. Dinero. 10 de agosto de 2020. https://www.dinero.com/pais/articulo/prohibicion-del-fracking-en-colombia-nuevo-proyecto-de-ley-en-congreso/295293
[iv] El extractivismo, una apuesta gubernamental errada. Periódico digital de la Universidad Nacional de Colombia. 14 de septiembre de 2020. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/el-extractivismo-una-apuesta-gubernamental-errada/
[v] Para el periodo 2006-2016, se concentran más de 6000 títulos mineros otorgados por el Gobierno Colombiano, 391 de ellos en zonas de paramo: 88 en el páramo de Pisba, 41 en el páramo de Santurbán, 17 en el complejo de páramos de Rabanal y río Bogotá. Fuente: GRENPEACE, 2013: Páramos en Peligro.
[vi] La alerta por el proyecto del puerto de Tribugá. El Espectador. 10 de septiembre de 2020. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-alerta-por-el-proyecto-del-puerto-de-tribuga/
[vii] Kruse, T. (2005). La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, 85-119.
[viii] Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Consejo de Derechos Humanos: 45º período de sesiones, 14 de septiembre a 2 de octubre de 2020. https://undocs.org/es/A/HRC/45/10
[ix] Las claves para entender el caso Inassa. El Espectador. 27 de marzo de 2018. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-claves-para-entender-el-caso-inassa/
