La cooptación que ejecuta el gobierno uribista sobre los organismos de control del Estado (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República) y aún la Fiscalía General de la Nación constituye una alta concentración de funciones que la Constitución le atribuye a los órganos cooptados. Para colmo de males el detentador de ese poder es absolutamente inepto. En estas condiciones avanzamos hacia un régimen totalitario, que elimina los pocos elementos democráticos que hay en el país.
Genera una profunda preocupación que, en forma desvergonzada el presidente critica a la Corte Suprema de Justicia, delante de la veeduría internacional en cuanto se refiere al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Estas críticas del poder ejecutivo incluyen a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que procura el cumplimiento de los derechos. Todas estas acciones tienen el objetivo de preparar el tinglado para conseguir la impunidad de los delincuentes del Centro Democrático, empezando por sus principales líderes y para fortalecer el régimen que garantice, además, los beneficios de burgueses e inversionistas del campo y de la minería.
Como lo expresa la declaración del senador Iván Cepeda, la Fiscalía no dio garantías a las víctimas, fue notoriamente burda la gestión ilegal para favorecer a Álvaro Uribe Vélez por ello terminó pidiendo la preclusión del caso del sumariado expresidente, en términos claros procurando la impunidad del expresidente y exsenador.
Uribe está tratando de salvarse a cualquier costo, y para ello la estrategia que utiliza lesiona la poca democracia que aún queda en este país. Las acciones depredadoras del expresidente incluyen al sistema judicial y lógicamente a la Fiscalía con lo cual elimina toda posibilidad de que funcione adecuadamente el poder judicial.
En cambio, el país ha observado que la JEP tan criticada por el uribismo ha conducido notables investigaciones que están revelando la verdadera dimensión de las ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente llamadas falsos positivos. La opinión pública horrorizada fue informada por la JEP que las ejecuciones extrajudiciales cobraron la vida de 6.402 colombianos, los cuales fueron asesinados por las Fuerzas Militares en el periodo 2002 a 2010 y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Todos estos asesinatos tenían el objetivo de incrementar los logros de la malhadada, y no suficientemente repudiada, seguridad democrática. Según el Ministerio de Defensa en este periodo fueron abatidos 12.999 subversivos, en realidad casi el 50 por ciento de estos fueron inocentes colombianos ejecutados criminalmente por las Fuerzas Militares. Por tanto, el Comandante General de ellas, el Presidente de la República tiene una gran responsabilidad en estos crímenes.
Uribe tiene la necesidad angustiosa de defenderse, no tiene recursos legales para evadir la condena, por ello requiere mantenerse en el poder, para que organismos como la Fiscalía le garanticen la impunidad, ya que son varios los procesos en los que se le acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad, entre otros por conformación y fortalecimiento de grupos paramilitares y violaciones a los derechos humanos.
Es importante denunciar las acciones delincuenciales cometidas por Álvaro Uribe. Afortunadamente ya la opinión pública empieza a cobrarle al sujeto Uribe sus transgresiones a las leyes. La última encuesta (Datexco y W 2021) muestra el desprestigio de Uribe que ya tiene una imagen desfavorable del 66%, además de una desaprobación del gobierno de Duque de 68,19%, lo que permite inferir la crisis del uribismo y la caída de su favorabilidad. Existen suficientes razones para construir la más amplia unidad que permita el cambio democrático que requiere el país, el Pacto Histórico representa la oportunidad de buscar justicia y verdad.
No podemos concebir el Pacto Histórico como instrumento exclusivamente electoral, en consecuencia, es de gran importancia llenar de contenido el programa, para apostarle a la paz, la justicia correcta y a la construcción de una verdadera democracia. Lo que implica que no debemos hacer concesiones a la impunidad, ni guardar silencio ante la gravedad de los acontecimientos, es preciso apoyar a Iván Cepeda, a las organizaciones defensoras de derechos humanos e identificar la verdad sobre el genocidio continuado estimulado y protegido por el genio del mal, Álvaro Uribe Vélez, su parentela y algunos líderes del Centro Democrático.
Hilando delgado los soldados y suboficiales de las Fuerzas Armadas, son víctimas del expresidente y exsenador a quien su megalomanía lo llevó a violar la Constitución, las leyes y el principio esencial de proteger la vida humana. En estas condiciones tan deplorables del país, los integrantes del Pacto Histórico deben comprometerse a realizar el desiderátum de Bolívar: “Un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la anarquía, y la culpa. Un Gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad…”.
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