Desde septiembre pasado en la ciudad fronteriza se registran desapariciones de mujeres. Según el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, se trata de 15 casos, la mayoría de ellas menores de edad
Carolina Tejada
@carolltejada
Desde inicio de año, el Observatorio ha afirmado que las violencias sexuales y desapariciones de mujeres ha crecido en la ciudad. Las mujeres migrantes de origen venezolano, especialmente aquellas en situación irregular, las trabajadoras informales y sexuales, las mujeres trans y quienes viven en comunas con problemas de orden público o que se encuentran cerca de los pasos fronterizos irregulares, son la población más expuesta, no sólo a circunstancias que amenacen su integridad sino a una mayor impunidad institucional cuando se denuncian hechos de violencias contra ellas.
Un reporte del Instituto de Medicina Legal, indica que en el año 2016 en la ciudad de Cúcuta hubo un registro de 74 mujeres desaparecidas, 72 en el 2017, 60 en el 2018 y en el año 2019, 43 mujeres. Este reporte solo habla por las mujeres que fueron registradas como desaparecidas. El conocimiento público de esta situación tiene en alertan a la población, y ha generado que también empiecen a salir a la luz, otros casos en los que se muestra un incremento en los tipos violencias contra las mujeres.
Multiplicidad de casos
VOZ dialogó con Adriana Marcela Pérez, integrante del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, ella asegura que, de los 15 casos registrados a través de las redes sociales, hay varios aspectos preocupantes. Por un lado, “11 de estos casos corresponden a menores de edad, seis ocurrieron en las comunas 6 y 8 las cuales cuentan con condiciones socioeconómicas y de seguridad precaria”, y analiza que, la misma situación se viene presentando en ciudades como “Medellín, Pereira y Buenaventura. Esta semana estaremos publicando un informe sobre VBG en el espacio público e indicadores de exposición a la trata de personas con cifras preocupantes donde las víctimas son principalmente mujeres colombianas y venezolanas trabajadoras informales y sexuales en la comuna 1, ubicada en el centro de la ciudad”.
Hasta el momento se desconocen los móviles o las organizaciones delincuenciales que estarían detrás de estos hechos. Como también se desconoce si son casos de desapariciones voluntarias o que correspondan a desapariciones forzadas que tienen como fin, detener o raptar a una persona y ocultar información sobre su condición o paradero. Cúcuta es una de las ciudades en donde el conflicto armado ha dejado cientos de víctimas y, en este momento, la gerencia de los grupos armados ilegales, y bandas criminales han crecido en medio de una disputa territorial, con un carácter transdepartamental y transnacional, vinculadas principalmente a las economías ilegales.
Comenta Paola Mendoza, quien también integra el Observatorio, que “algo que nos preocupa en este caso es que, desde 2015, la trata de personas se ha fortalecido y ha cambiado de dinámica: de captar mujeres para expulsarlas del país, ahora no sólo las mantiene dentro de las fronteras nacionales, sino que las entrega a actores armados ilegales quienes luego de explotarlas sexualmente las desaparecen”.
Asegura, además, que esta situación no afecta únicamente al departamento, “la alerta temprana No. 025-2020 de la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio alerta sobre la desaparición de mujeres, principalmente adolescentes de origen venezolano en situación irregular, vinculadas a la trata de personas para explotación sexual, muchas de ellas retenidas dentro de la región en territorios controlados por actores armados ilegales. Si, por el contrario, estas situaciones se trataran de casos en los que las mujeres salen del núcleo familiar sin informar de su paradero, nos preocupa qué factores de huida o expulsión estén ocurriendo al interior de sus hogares, evidenciando que no corresponden a escenarios seguros y de bienestar para ellas”.
Desde el observatorio también han denunciado otros hechos que se suman al delicado panorama para las mujeres en la ciudad, como lo muestran en el Boletín No. 2, sobre afectaciones diferenciales a mujeres, población LGBT y migrantes de origen venezolano, durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. “En este caso, se reportaron seis desapariciones en las comunas 6 y 8, las cuales son zonas con altos índices de violencia de género y de carácter intrafamiliar” comenta Adriana Marcela Pérez.
Presión sobre la administración municipal
La Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno organizó el 11 de noviembre una mesa técnica para abordar este tema, sin embargo, para Adriana Marcela Pérez, “las respuestas por parte de la Administración fueron poco claras dejando en evidencia la desarticulación interna para el abordaje de estos hechos tan delicados. Esta mesa se convocó casi dos semanas después de presentarse las alertas y se percibió más como una respuesta de contención ante la presión del movimiento feminista y social de mujeres de la ciudad, quienes movieron estas denuncias en las redes sociales”.
Y expresa que, “al día siguiente de la mesa técnica, el Alcalde hizo una alocución en compañía del general Palomino, y de las declaraciones hechas, tres afirmaciones generan gran preocupación: primero, se insinuó que los hechos obedecían a noticias falsas, es decir, de alguna manera reafirmaron en el imaginario social que las mujeres mentimos ante los hechos de violencia. Segundo, que las denuncias en redes sociales fueron relacionadas con problemas aislados en familias disfuncionales. Puede que las menores hayan escapado de sus hogares, en la versión oficial, pero, cómo es posible que la institucionalidad no indague qué hay detrás de estos hechos. Antes que minimizar la situación se deben conocer las razones por las cuales las menores decidieron huir de sus hogares, si fue el caso. Y tercero, y más preocupante, que se exija la denuncia formal como mecanismo para acceder a la atención institucional, a sabiendas que los hechos de violencia contra las mujeres deben ser investigado de oficio”.
Estas declaraciones han generado un descontento y rechazo social porque, según aseguran las mujeres en redes sociales en donde se han registrado las denuncias, es una evidente actitud de desprotección a las mujeres.
Uno de los casos que se conoce públicamente, es el relacionado Shirley Johanna Ruiz, de 39 años. El pasado 29 de octubre, el mismo día de su cumpleaños, y siendo cerca de las 10:00 p.m. Shirley desapareció. La mujer es madre de Gabriel, un niño de seis años, es enfermera y estaba estudiando para ser auxiliar contable. Shirley, fue vista por última vez en la noche de ese día al frente de su residencia ubicada en el barrio Llanitos de la ciudad de Cúcuta.
Movilización social
Para las integrantes del observatorio que trabajan en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres, “la atención institucional no puede ser desarticulada, no esperamos que nos informen que hizo una u otra entidad, la respuesta que se exige es saber, qué ha hecho la Administración del Ingeniero Yáñez para mitigar estos hechos y brindar garantías de seguridad para las mujeres en la ciudad”. Por ahora se desconocen las medidas institucionales, más allá del relato hecho por parte de la Secretaria de Equidad de Género del municipio, quien en la misma alocución del alcalde, presentaron los servicios que brinda la entidad, pero haciendo nula referencia a las cifras de violencias contra la mujer que existen en la ciudad o frente a los casos recientes, de los cuales la ciudadanía exige una investigación exhaustiva y atención preventiva desde las diversas entidades. **
El movimiento feminista y social de mujeres de la ciudad, ha venido teniendo un papel protagónico en relación con los acontecimientos recientes. “Fueron las primeras en hacer los llamados de atención ante la desatención institucional. Organizaron un plantón el 13 de noviembre, en rechazo al silencio institucional y exigiendo respuestas efectivas”, aseguran las integrantes del observatorio y enfatizan en que “las mujeres necesitamos una institucionalidad alerta para evitar hechos lamentables. Una institucionalidad que se comunique con el movimiento feminista y social de mujeres de la ciudad, quienes son las que están en los territorios y en contacto directo con las comunidades. La articulación Gobierno Territorial y Movimientos de Mujeres no sólo favorece el posicionamiento de la agenda de derechos de las mujeres en la agenda pública, a su vez eleva los niveles de gobernanza y gobernabilidad del territorio”
Para los próximos días del mes de noviembre, el movimiento social y de mujeres se va a movilizar en función de seguir exigiendo garantías para los derechos de las mujeres.
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