Declaraciones de dos altos funcionarios del Gobierno evidencian la orientación ideológica de la política uribista frente al campo: Beneficiar a la agroindustria, estigmatizar al campesino y boicotear el acuerdo de paz
Martín Vallejo
No dejan de salir escándalos de la administración Duque en medio de la pandemia. Los presuntos hechos de corrupción con la reedición de las políticas uribistas de Agro Ingreso Seguro, en donde de manera selectiva se otorgan créditos agropecuarios para los grandes dueños de la agroindustria y la ganadería, como ya fue mencionado en un artículo previo del semanario VOZ, hoy tienen al programa Colombia Agro Produce en investigación por parte de los entes de control.
Lo curioso es que a pesar de vivir una de las más grandes emergencias planetarias del capitalismo histórico, este Gobierno se ha mostrado totalmente ajeno a las crisis sociales; en cambio, ha utilizado todos los medios para pagar favores políticos por medio de la contratación pública.
Concentración de la tierra
No obstante, en el transcurso de la semana pasada dos importantes funcionarios del gobierno de Iván Duque realizaron una serie de menciones, que son bastante ilustrativas para analizar y comprender los intereses de las élites uribistas sobre el campo.
El martes 5 de mayo en un foro convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO-Colombia, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, quien antes de ocupar el cargo público fue directiva de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, mencionó que los hechos relacionados al proceso de acaparamiento de la propiedad rural no responden a un concepto técnico sino a un capricho ideológico.
Al hacer esta afirmación, la funcionaria está haciendo una temeraria omisión, al negar uno de los principales precedentes del conflicto armado sobre la población campesina y sobre los pueblos étnicos, ya que el acaparamiento de tierras, que es un sinónimo de la super-concentración de la propiedad debido al accionar paramilitar, donde este actor en complicidad con los grandes capitalistas, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública, ayudaron a la concentración de más de seis millones de hectáreas en pocas manos. Esta mención, es un complejo Déjà vu de negación reiterada de los problemas asociados a la tenencia de la tierra y la vorágine de la guerra.
Pequeños agricultores en la mira
El otro hecho, sucedió en un foro académico, donde el ministro de agricultura Rodolfo Enrique Zea hizo la siguiente afirmación: “Tenemos que usar mejor nuestros suelos. Esos monocultivos de los pequeños agricultores han puesto en riesgo la seguridad alimentaria”.
Esta afirmación confirma la posición del uribismo sobre los problemas del campo, estigmatiza a los pequeños propietarios, los cuales han sido las principales víctimas del conflicto armado y que esta población, es la que actualmente provee a las grandes ciudades del país de alimentos, a través de los cultivos transitorios.
El impertinente pronunciamiento, no sólo niega los principios consignados dentro de la normatividad vigente dentro de la Constitución Política colombiana y la Ley 160 de 1994, sino que va en contravía de lo plasmado en el acuerdo de paz en el punto de la Reforma Rural Integral. Además, busca legitimar el modelo que se ha impuesto por medio de la violencia, cuya consecuencia es que el país empiece a vivir una inocultable crisis alimentaria pues la producción de alimentos ha quedado subsumida a la producción de agrocombustibles.
Boicot al acuerdo de paz
Por parte de este gobierno se hacen todos los esfuerzos por boicotear el acuerdo de paz, por medio del accionar de los grandes gremios económicos que buscan fatigar las energías del pueblo colombiano y desangrar el presupuesto dedicado a la reforma rural integral, como ya pasó en las décadas de los treinta y de los sesenta en el siglo pasado.
El gobierno de Duque como representante de los grandes despojadores y beneficiados del conflicto social y armado (Fedegán, Fedepalma, Federación Nacional de Cafeteros, entre otros), se ha mostrado indolente ante los llamados de la comunidad internacional y nacional de implementar los acuerdos de paz y poder ayudar a resolver los problemas históricos dentro de las zonas agrarias y rurales.
Lo cual requiere crecer en los escenarios de denuncia a nivel internacional del nefasto desarrollo de la política agraria y los graves hechos de corrupción que vuelven a posicionarse dentro de la opinión pública y la siempre necesaria movilización social como único mecanismo de exigencia de la implementación de los acuerdos de paz.
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