Hernán Camacho
@camachohernan
Soy abogado y sé qué es estar en la baranda del juzgado. Mientras trabajaba en el día, estudiaba derecho en la noche. En esa etapa de mi vida fui dependiente judicial o patinador. Atendía todo tipo de procesos y entendí el concepto de acceso a la Justicia.
Nos aturden las noticias por la captura de un falso fiscal, un juez engañado o engañador, de un exprófugo camionero, de un magistrado malo, de otro raponero de calle reincidente, de la fuga de presos, del fiscal amigo de banqueros, y larga retahíla de problemas diarios de una Justicia obligada a ser reformada, pero de abajo hacia arriba.
La rama tiene un presupuesto insuficiente. El problema estructural de la justicia se siembra desde las condiciones laborales deplorables de jueces, fiscales y funcionarios judiciales cuyo régimen de garantías cada vez contiene menos derechos.
Crisis por la congestión y la demora de las decisiones. Un fiscal recibe a diario un promedio de 17 causas para resolver, y un juez debería proyectar 33 sentencias diarias para que la Justicia se ponga al día. El funcionario no está obligado a lo imposible.
Colombia es una sociedad tan desigual que existe brecha social hasta en su institucionalidad. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, encartado por la compra y venta de fallos, Gustavo Malo, desde octubre pasado viene cobrando su salario de 32 millones de pesos, sin trabajar. Malo representa la indignidad de la justicia, nada comparable con el esfuerzo de un fiscal de delitos contra la administración pública, quien trabaja en el complejo judicial de Paloquemao con una remuneración máxima de 3.5 millones, para ese sí, trabajar casi 18 horas diarias.
Ya no más el cuento que la libertad de los reincidentes de delitos menores, tenga como única responsabilidad la de los trabajadores judiciales. Nunca se le pregunta a un fiscal la razón por la cual ellos no pueden sostener ante un juez la captura de un delincuente.
Un abogado defensor de baranda me dice que gana los pleitos y las libertades de sus clientes, después de encontrar fallas en el procedimiento de captura e individualización de la conducta. Me dijo este simpático personaje, que aquí el problema no lo causaron las penas ni los fiscales o jueces, sino los policías que no los preparan bien para capturar. La reforma a la justicia tampoco puede ser una feria punitiva ni la oportunidad para conducir a la justicia a privatizarse.
La reforma decente debe convertir la justicia en poder independiente, autónomo y darle la majestuosidad que se debe como poder público, o sea, el poder de todos y todas.
