El Covid-19 demostró la debilidad de los sistemas judicial, económico, político y social colombianos y una legislación laboral, que prioriza los intereses de los patrones, del sistema de salud, que no es eficiente, universal y solidaria. En resumen, demostró la naturaleza clasista del Estado, y les dio la razón a los sectores sociales, que durante décadas han exigido real democratización, eliminar el latifundismo, un sistema de salud y de educación estatal, y real usufructo del derecho a la vivienda y una política de protección de la naturaleza para atemperar el cambio climático.
El gobierno de Duque no ha sido capaz de generar nuevos empleos, formales y bien remunerados. Según el DANE, existe una tasa de ocupación de 22.437.000 personas, de las cuales cerca del 67% se encuentran en la informalidad; 7.615.380 con empleos formales, de los cuales, 1.198.834 se encuentran en carrera administrativa, y 231.935 son contratistas. Finalmente, tenemos la tasa más alta de desempleo de los últimos 10 años: 13%.
Este panorama demuestra lo deplorable del mundo del trabajo en Colombia y las nefastas reformas laborales durante tres décadas de neoliberalismo. A esto se suma que la OIT calcula que el Covid-19 produciría alrededor de 25 millones de nuevos desempleados, en su mayoría, provenientes de los países más pobres e inequitativos, como es nuestro caso.
De forma encubierta y soterrada se aproxima una masacre laboral, sin que aún se ejerza la fiscalización rigurosa anunciada con bombos y platillos por el Ministerio del Trabajo, que por medio de circulares informativas (que no son obligatorias o vinculantes), solo ha planteado “prevenir abusos derivados de la coacción, que podrían ejercer algunos empleadores, para que sus trabajadores procedan a la firma de licencias no remuneradas”, y expone “alternativas como: el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas y los permisos remunerados, entre otras”. De lo anterior, es preciso subrayar que no se ha autorizado el cierre o clausura de empresas o se ha manifestado la imposibilidad de la ejecución de los contratos de trabajo.
Igualmente, el acuerdo Pcsja20–11526, del 22 de marzo del 2020, ordenó suspender todos los términos judiciales ordinarios y tramitar solamente hábeas corpus y acciones de tutela relacionadas con la vulneración del derecho a la vida, la salud o la libertad, lo que borra del ordenamiento jurídico la posibilidad de solicitar, por medio de un mecanismo transitorio, y como medida urgente, la protección del derecho al trabajo (que en teoría, es el único derecho en Colombia que goza de especial protección) y sus derivados, como lo son el mínimo vital y el debido proceso, entre otros.
Con la excusa de la crisis, se ha exacerbado el sesgo de clase y han desprovisto a los trabajadores de sus derechos mínimos fundamentales, por medio de decretos que amparan el incremento de la explotación laboral como el teletrabajo. A través de esta modalidad, miles de empleados enfrentan excesivas jornadas laborales en casa y son presionados por resultados exagerados, con la amenaza permanente del despido y otra serie de medidas abiertamente ilegales, como la clausura de las empresas sin autorización previa del Ministerio del Trabajo, suspensión de los contratos de trabajo, violación del Artículo 187 del CST Nº 2 con respecto a las vacaciones, presión para solicitar licencias no remuneradas, entre otras figuras propias de la asimétrica y violenta relación de trabajo afectando, sobre todo, a los trabajadores más precarizados.
En conclusión, la crisis del Covid-19 va recaer en la clase trabajadora, y las cargas fiscales vía reformas tributarias e impuestos, van a continuar con el empobrecimiento de las capas medias de la sociedad.
La crisis también es una oportunidad para la clase obrera que podría exigir la instalación de una Mesa Nacional de Garantías Laborales para construir alternativas, al menos, respecto de cuatro circunstancias: i) Empresas exentas de la orden de aislamiento preventivo (D 457/2020), ii) Empresas no exentas de la orden de aislamiento preventivo, iii) Trabajadores independientes, ambulantes, estacionarios y semiestacionarios y iv) Situaciones especiales. Nuestras propuestas: renta básica universal, como alternativa socio económica durante la cuarentena; apoyo al mantenimiento de pequeños y medianos negocios; cobertura universal de servicios públicos domiciliarios y la estatización del sistema de salud, garantizando mayor inversión, eficiencia y eficacia ante la crisis, entre otras.
Post pandemia, habrá que construir un nuevo Sistema General de Seguridad Social, administrado por el Estado (Ministerio de Salud), y sin intermediarios, capaz de garantizar los derechos a la salud, pensiones y riesgos laborales, y asimismo, otro régimen laboral que imponga la construcción de un Estatuto del Trabajo, basado en los principios que sustenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia más favorable a los trabajadores dotada de las Altas Cortes, lo que como consecuencia, hará que se deroguen disposiciones legales contrarias a ese espíritu, para así darle aplicación y estrenar los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia.
Y así, dar por fin, un paso hacia la construcción de un Estado Social y Democrático, que garantice la dignidad del ser humano, la inclusión, la defensa y protección del hombre y la naturaleza y no solo la protección del patrimonio, de los dueños de los medios de producción, bancos y la tierra y detentadores del poder, cuyo fin último es el enriquecimiento mediante la explotación extrema de la fuerza de trabajo.
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