César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
Atravesamos el tercer año del gobierno de Iván Duque Márquez caracterizado por su negacionismo, por su doble discurso, uno para la comunidad internacional y otro, en la práctica violento y estigmatizante, para las mayorías nacionales que se encuentran empobrecidas, limitadas en sus proyectos productivos ante el pésimo manejo de la pandemia, asediadas por la reactivación de la guerra, golpeadas por la ausencia de una implementación real y vigorosa del Acuerdo de Paz y en la incertidumbre por la constante amenaza a la independencia judicial.
Duque y el partido “Centro Democrático” representan soberbia y desconocimiento sobre la realidad del país.
En contraste con este incierto contexto, se realizan acciones con un sentido mensaje simbólico lleno de esperanza para las víctimas. En días pasados se desarrolló el cierre de exhumaciones en el cementerio Nuestra Señora de La Macarena por parte del Grupo de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General de la Nación, proceso que completa 12 años luego de la denuncia que se realizó en el marco de la audiencia pública “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” en 2010.
Este paso incentiva la construcción de la lucha contra la impunidad, la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que ha dejado la seguridad democrática como estrategia de presión y persecución que promueve la tesis del “enemigo interno”, el señalamiento y la estigmatización de la población, sus procesos comunitarios y liderazgos sociales y ambientales.
Con este importante paso seguirá analizándose información trascendental para la paz en el país, se podrán examinar los cuerpos que fueron inhumados como no identificados y que además fueron reportados como “dados de baja en combate” en supuestas operaciones del Plan Colombia, del Plan de Consolidación Territorial y otros que contribuyeron al despojo de extensas regiones de los Llanos Orientales y a debilitar la movilización social campesina, étnica y popular en este territorio.
Los procesos de identificación de estas personas, la ubicación de las familias afectadas, la entrega digna y las acciones de exigibilidad que vendrán posteriormente, son absolutamente trascendentales para encontrar a todas las personas desaparecidas.
A pesar del contexto adverso que promueve Duque, el trabajo que hace la justicia transicional de paz, especialmente el de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, debe garantizar que sus planes de búsqueda en lo regional y lo nacional se articulen con las entidades competentes, y así generar un mayor impacto en la sociedad para crear condiciones de rechazo general al crimen de desaparición forzada, además de esclarecer la verdad frente a los llamados falsos positivos y establecer la estructura de máximos responsables de la criminalidad de Estado.
Es un reto de alto perfil, sobre todo porque no les interesa a quienes de manera activa y solapada se han mostrado como enemigos de la paz y recurren a un doble discurso y estándar de juicio, poniendo en ridículo el trabajo diplomático del país, tratando de engañar y causar sofismas de distracción con tal de cerrar el camino de la solución política, la justicia social y la convivencia nacional, basados en el diálogo y la construcción de una paz completa.
Mejorar las condiciones de la lucha por la implementación de la paz es un imperativo y será parte de la agenda que cambie de una vez por todas los privilegios, la mentira y la perfidia de quienes siguen desangrando al país.
