Es hora de abrir un sendero que conduzca a una Colombia mejor, lo contrario sería caer en el derrotismo. El pueblo reclama paz y hay que garantizarla
Carolina Tejada
La guerra declarada contra la población colombiana, auspiciada desde los gobiernos de turno, no ha dado tregua en los últimos años. No se trata simplemente de una guerra contra un enemigo en armas, se trata de un ejercicio violento y desproporcionado, violatorio de todo derecho humano y auspiciado por poderes económicos y políticos que controlan la economía nacional, la justicia y el gran conglomerado de la prensa nacional.
De un ejercicio permanente y extendido a cada territorio del país, contra una población, por un lado, indefensa, sumida en la pobreza en zonas olvidadas y, por otro lado, contra personas que ejercen un liderazgo social y político, defensoras de derechos humanos que han desenmascarado los poderes locales y nacionales, involucrados en la violencia y la corrupción.
Ese enemigo interno, declarado así desde las altas esferas del poder, son quienes hoy se cifran en los grandes desplazamientos forzados, las víctimas de masacres y el asesinato selectivo en zonas estratégicas para el procesamiento y tráfico de droga, zonas ricas en recursos y minerales, fronteras para el tráfico de mercancías, entre otras.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hasta junio de 2021, en Colombia se habían registrado 9.183.766 eventos de desplazamiento declarados y 8.176.460 víctimas de desplazamiento. Tan solo en el año 2017 se presentaron 130.305 eventos de desplazamiento; 181.289 para el 2018; 162.156 en el 2019, y 97.161 para el 2020, año que coincidió con la pandemia del covid-19. Siguen siendo los departamentos Antioquia, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Cauca los de mayores niveles de victimización y desplazamiento. Para el 2021 estos eventos de desplazamiento forzado superaron los 93.000 casos
La seguridad prometida
Durante el presente periodo de gobierno del Centro Democrático, la inversión para el Ministerio de Defensa se ha venido incrementando año tras año, así lo evidencia la información registrada en el mismo Ministerio.
Para 2021, el presupuesto ascendió a 10.375.594.294 dólares. El 97% del total del presupuesto se destinó a gastos de funcionamiento de las Fuerzas Militares. En relación de las cifras presupuestadas para inversión, se destinarán 213.417.855 dólares para el aumento de las capacidades de las Fuerzas Militares en Seguridad Pública y Defensa, 61.014.263 para el aumento de las capacidades de la Policía en Prevención y Seguridad Ciudadana, muy por encima de lo invertido en el 2020, 10.371.876.815 dólares, es decir, un aumento en la inversión del 14 % para 2021.
Según la política de Defensa en Colombia, esta tiene como fin fortalecer y legitimar la acción gubernamental, particularmente en regiones y en donde ha aumentado de manera considerable el accionar delictivo de los grupos armados. Sin embargo, el control militar territorial por parte del Estado, y de los grupos armados irregulares, han mantenido una constante confrontación, en donde las víctimas han sido la misma población civil que vive en medio del confinamiento, aislada ante el aumentado el terror y el incremento de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Golpe de Estado mediático
Por otro lado, mientras América Latina, especialmente en los gobiernos progresistas, avanza en debates como la diversidad cultural, la democratización del sistema informativo, e incluso la comprensión de la economía política de la comunicación, es decir, se avanza en políticas públicas que responden a la comprensión de la dinámica de la comunicación, su rol y efecto social en esta contemporaneidad, su aporte para el avance y fortalecimiento de la democracia y, entendiendo la comunicación como el derecho que hace extensivo otros derechos de la sociedad, en Colombia, este debate se ha nublado y limitado a intereses netamente corporativistas que benefician a la gran prensa, menoscabando el derecho a la información y disminuyendo la posibilidad de gestión y alcance de la prensa alterna al gran poder de la información.
Este ejercicio tiene su asidero en la comprensión de la comunicación como parte de una disputa política y de poder. De disputa al relato histórico, a las narrativas sobre la guerra y el conflicto, sobre el sistema que se ha impuesto en el país y que ha sido responsable de los altos niveles de desigualdad y, en ese mismo sentido, de disputa al concepto de seguridad y democracia, tan pregonadas y manoseadas desde los monopolios mediáticos y el ejercicio de su prensa que obedecen a intereses económicos transnacionales, a la mafia que gobierna en el país.
En este sentido, lo que hoy tenemos en Colombia es un golpe de estado mediático, que cobija los intereses de las mafias bajo el uso de instrumentos de las comunicaciones para limpiar la cara de quienes ejercen el poder. Y, por otro lado, para desprestigiar a quienes no estén alienados con el mismo poder. Uno de estos ejemplos tiene que ver, con los “mercenarios criollos” denominados así por el investigador Renán Vega, responsables del magnicidio del presidente de Haití, defendidos por John Marulanda, ex militar e integrante de la Asociación Colombiana de las Fuerzas Armadas de Oficiales en Retiro, como “contratistas”, y apoyados por la reacción inmediata de la gran prensa, como la revista Semana, que los calificó de “víctimas” “engañados”.
O qué decir de los bombardeos de menores por parte del Ejército Nacional y acusados de ser responsables de su propia desgracia, o el profundo odio generado sobre la población venezolana que llegó a Colombia tras la crisis de su país, señalada de ser responsable de la inseguridad en el país, o las comunidades indígenas, las cuales han sido cotidianamente señaladas de narcotraficantes y auspiciadores de la guerra, o los marchantes en el reciente paro nacional, señalados, sin ningún elemento probatorio, de ser integrantes de los grupos armados o de delincuentes, algunos de ellos encarcelados bajo montajes judiciales que se han ido cayendo, y otros violentados con el objeto de inmovilizar y silenciar.
Lo último y lo más sonado en las últimas semanas ha sido la “tercera guerra mundial” sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ni el paro armado convocado por el Ejército de Liberación Nacional ha tenido tanto cubrimiento, sobre todo porque se ha prestado para señalar los supuestos intereses de la “Rusia comunista” sobre Colombia y el mundo. Nuevamente narrativas que carecen de toda realidad, aun cuando el mundo, políticamente letrado sabe que Rusia está más lejos de ser comunista.
Desescalar la guerra hacia el diálogo y la paz
En medio de la presente contienda electoral, que llega con una profunda crisis humanitaria en los territorios, se presenta la declaratoria de paro armado por parte del ELN, en diversos departamentos. Quema de camiones, petardos y retenes se han evidenciado como una forma de mostrar poder ante un gobierno que nunca ha estado dispuesto al dialogo. La pregunta que mucha población se ha hecho es ¿vale la pena en medio de la fatigada población inmersa en el conflicto? Lo cierto es que, como dicen las mamás, el palo no está para cucharas. Los medios, la inteligencia militar y todo el conglomerado económico han aprovechado la medición de fuerzas de este grupo insurgente para desprestigiar el proceso electoral adelantado desde los sectores alternativos.
Han sido recurrentes los panfletos y pancartas, con la bandera en sentido contrario del ELN, anunciando el paro armado en lugares en donde nunca ha tenido asidero. Lo que corresponde sin lugar a dudas a una estrategia diseñada desde los enemigos de la paz, para seguir fomentando el miedo seguido de la promesa de una seguridad completa desde el, ya casi desvanecido partido de gobierno.
Desescalar la guerra y proyectar un dialogo común desde los territorios, fortalecer la unidad con los sectores democráticos, comprometidos con una paz completa y abrirle camino a un nuevo gobierno que brinde garantías reales para la implementación del acuerdo de paz, para un dialogo con los grupos armados existentes en este nuevo contexto, es el llamado que organizaciones políticas, como la Unión Patriótica y el Partido Comunista vienen haciendo. Es hora de abrir una brecha que conduzca a una Colombia mejor, lo contrario sería caer en el derrotismo. El pueblo reclama paz, y hay que garantizarla.
