María Eugenia Londoño
En los últimos días, Colombia ha escalado peligrosamente el índice de contagio por la Covid-19; según Worldometers se ubica en el puesto 15 de los países con mayor número de contagiados a nivel mundial, superando por miles a China, Alemania, Bolivia o Argentina; sin embargo, la ausencia de infraestructura médica y tecnológica para evitar que el número de muertes sea mayor o las más de ocho mil vidas humanas perdidas a nivel nacional, aún no son motivo de alarma para el gobierno de ultraderecha de Duque.
Tampoco lo es, que matemáticamente y al pasar los días, las cifras se multiplican; los intereses del Gobierno nacional, simplemente se enfocan en la protección del sector empresarial y financiero, verdaderos mandatarios del país, a costa de la garantía de los derechos y de la vida misma.
En el marco de esta política indolente de avaricia, el Ministerio de Educación, el pasado 29 de mayo, emitió a partir de las directivas 11 y 12 la estrategia de ‘Alternancia para la educación básica y media’ en la cual pretende el regreso a las instituciones educativas del país, de más de nueve millones de estudiantes, exponiendo a cerca de 20 millones de personas, dejando en un alto riesgo de contagio a las familias, administrativos, docentes, comunidad en general y exponiendo sus vidas con el vago argumento de “reactivar la economía”.
En consecuencia, la pregunta sigue siendo ¿reactivarla en favor de quién? y ¿a costa de la vida de quiénes?; la respuesta es clara, en favor de quienes concentran la riqueza y a costa de la vida de la clase trabajadora, eterna desposeída. Dicha medida de ‘Alternancia’, desconoce las dinámicas reales de relacionamiento en las escuelas, las condiciones de hacinamiento, la ausencia de baterías de baño, de espacios institucionales y de recursos para garantizar los insumos que requiere una multitud como la que acudiría a las instituciones.
En éste sentido y respondiendo a la vida como imperativo, el magisterio colombiano viene promoviendo la #DesobedienciaCivilYA, uniéndose al clamor de las comunidades educativas que exigen no volver a las clases presenciales a partir del 1 de agosto, con el objetivo de proteger el derecho fundamental y constitucional a la vida de todos y todas, en condiciones digna.; de igual forma, insta a la población a la #DesobedienciaCivilYA, pues ésta se convierte en una herramienta legitima, que organiza, moviliza y se configura como el mecanismo político de resistencia y visibilización consciente, intencional y deliberado adelantado en el marco de la lucha de clases.
En repetidas oportunidades y de diversas formas, acciones de hecho y de derecho, el pueblo colombiano ha manifestado su inconformismo ante las medidas regresivas en el marco de la pandemia. Lo propio ha hecho el magisterio en cabeza de Fecode y sus sindicatos filiales, cuya respuesta del Gobierno nacional ha sido el ignorar las réplicas y emitir decretos, resoluciones, directivas, entre otros, en función de tomar medidas torpes y contrarias a la protección y defensa de la vida y del derecho a la educación pública estatal.
Es por ello que, en el marco de la #DesobedienciaCivilYA, las diversas y creativas formas de movilización en calles, redes y medios de comunicación, son herramientas para materializar la desobediencia, es un imperativo ético; la #DesobedienciaCivilYA hoy, es un acto en defensa de la vida en todas sus dimensiones.
#DesobedienciaCivilYA por el derecho a la vida y la educación digna.
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