Contrario al acuerdo de paz, continúa la violación sistemática de los derechos humanos y la demora en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. El Gobierno nacional no ha cumplido cabalmente su parte del acuerdo e incrementa el pie de fuerza militar en los territorios
Carolina Tejada
@carolltejada
En los años noventa, Colombia sobresalía en el mundo como uno de los principales países productores de coca. Las comunidades agrarias en donde se extendía con mayor auge la siembra de esta mata y la producción de la droga y sus derivados, eran las más apartadas del país, abandonadas por el Estado, sin ninguna financiación para garantizar los derechos sociales y ante dicho abandono, el cultivo de la mata de coca se convirtió en una salida económica para la población.
Todo el país fue testigo de las grandes movilizaciones sociales de campesinos que, en junio de 1996, se dieron en el Putumayo. Hombres y mujeres con niños de brazos salieron desde sus veredas, abandonaron sus chozas y viviendas, atravesaron los ríos amazónicos y la selva por trochas para llegar a los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga, Villagarzón y la inspección de El Tigre.
Su único objetivo era exigirle al gobierno central inversión social sobre el territorio, abrir una mesa de diálogo para concertar la sustitución de los cultivos y que se frenaran las fumigaciones con glifosato que estaban envenenado a los habitantes. Contrario a lo esperado por las comunidades campesinas, la ampliación de la política antidroga, basada en la militarización de las zonas, so pretexto de asfixiar la producción de “la mata que mata” fue la salida. Los campesinos para entonces argumentaban, “la mata de coca ha sido el Estado”.
A la fecha de iniciados los diálogos en La Habana, las zonas del país con hectáreas sembradas con coca, amapola y marihuana habían copado varios departamentos. Diez años después de las movilizaciones cocaleras, no se había presentado una reforma agraria integral, no hubo inversión social, los gobiernos habían invertido miles de millones de dólares en política antidrogas, y la “mata que mata” contrario a lo “planificado por el gobierno” se había expandido por zonas estratégicas: Putumayo, Guaviare, Catatumbo, Meta, Caquetá, Magdalena Medio, toda la Costa Pacífica desde Chocó hasta Tumaco, entre otras. Por eso, uno de los puntos en el acuerdo fue, el de retomar lo expresado por las comunidades en 1996, y concertar una política de sustitución de cultivos, invertir en el campo y dejar de fumigar.
No fracasa lo que nunca tuvo intención de ser
Colombia ha gastado, como se dice coloquialmente, un dineral en política antidroga, todas sus estrategias han sido fallidas si la pretensión era acabar con el cultivo y el procesamiento de la hoja de coca y distribución de todos sus derivados.
En términos presupuestales, solo por poner un ejemplo del informe: Gasto directo del Estado colombiano contra las drogas, para el periodo 2007–2008, de la Dirección Nacional de Estupefacientes y de Planeación Nacional, el gasto antidroga, para ese periodo ascendió a “$3.27 billones de pesos constantes de 2008 (con recursos extraordinarios), de los cuales $1.29 billones corresponden a la vigencia 2007 y $1.98 billones a 2008, con un incremento de 54.16% en términos reales”. Para el 2008, se ejecutaron, además, otros “recursos extraordinarios provenientes del impuesto al patrimonio (sector defensa) equivalentes a $453,314 millones de pesos” dichos recursos se ejecutaron por “la Armada (Plan Orión) $452,229 millones de pesos y la Fuerza Aérea, $1,085 millones de pesos, las demás fuerzas no reportaron ejecución de recursos extraordinarios”.
El plan Orión, tenía como proyecto estratégico, garantizar la Defensa y Seguridad Nacional, y luchar contra el narcotráfico. Se fortaleció para ello, todo el aparato militar, las capacidades navales, aeronavales, de guardacostas, fluviales, terrestres y de apoyo, los sistemas de control, sensores, radares, se modernizaron las capacidades de sus cañones y de los sistemas de comunicaciones, entre otros. Esta época fue la de la seguridad democrática, periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en el cual, se presentaron las más amplias cifras de crímenes en todo el país, a manos del aparato militar del Estado.
Según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en el 2008 existían 81.000 hectáreas de coca sembradas en el territorio colombiano, ubicadas en 24 de los 32 departamentos. En el Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare, en la región de la Orinoquía, para esa época, se presentó una disminución de este tipo de plantaciones. Pero también, el país recordará, que éstas fueron las mismas regiones en donde, las acciones militares del gobierno, dejaron un sin número de crímenes determinados como de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, violencia sexual, desaparición forzada, entre otros.
En el caso de la desaparición forzada, las dimensiones de dicha violencia fueron tan dramáticas, que cuando se ubicaron, gracias a las denuncias de la misma población civil y de organizaciones de los derechos humanos, cementerios de NN, o los cementerios municipales de los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, destinados por el Ejército Nacional para enterrar personas, en su mayoría civiles, que habían sido dadas por desaparecidas, y que fueron presentadas como dadas de baja en combate, las cifras alarmaron al país. El Meta es una de las regiones que, según el Registro Único de Víctimas, tiene 13.000 casos, ocupando el primer lugar entre los departamentos de la Orinoquia en los que se han evidenciado 22.046 casos.
Si comparamos estas cifras, con la reducción de los cultivos de uso ilícito en esta misma zona del país, encontramos que, en la región de la Orinoquía se redujeron en un 61% y en los departamentos de Meta y Guaviare, en un 38%, según los estudios de Naciones Unidas. La pregunta es: ¿la política de erradicación de los cultivos de uso ilícito tenía como estratega la erradicación violenta del campesinado?
La sustitución de cultivos
El punto de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que se incluye en el acuerdo de paz, tenía como propósito hacer lo que las comunidades para 1996 habían exigido en su marcha cocalera. Erradicar de manera concertada, invertir en la región para sustituir los cultivos de forma escalonada. Sin embargo, contrario a lo esperado, para el 2018, la Unodc, afirmó que el territorio sembrado con hoja de coca en el país había bajado un 1,16% a 169.000 hectáreas en relación a las 171.000 hectáreas sembradas en el año anterior, pero, que la producción de la cocaína había aumentado en un 5,8%, en comparación con el año inmediatamente anterior.
VOZ dialogó con varios campesinos de estas zonas en donde se ha dicho, debe existir una prioridad para avanzar en los planes de sustitución de los cultivos. Sin embargo, el panorama regional, no solo es de incumplimientos por parte del gobierno, también se evidencia que sigue existiendo una política militarista, de imposición de la violencia estatal, y de negación de derechos de las comunidades agrarias.
Según Juan Ramiro Atehortúa, presidente de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el D.I.H. y la defensa del medio ambiente de la Amazonía, Dhrimaa, este gobierno no cumplió su palabra, “pues nosotros vemos es una pantalla que el gobierno nacional está mostrando ante los Estados Unidos para garantizar que le sigan inyectando recursos. El mismo gobierno es culpable del aumento de cultivos de hoja de coca en todo el territorio nacional, porque no cumplió con los acuerdos de paz y lo que busca es desmejorar las condiciones del campesinado y borrar de las comunidades la idea de que los acuerdos se van a cumplir”.
Comenta el líder agrario que hasta el momento “no ha cumplido con los proyectos. Pero, lo que sí hace es presionar a la población con el Ejército, con la fuerza pública y la Policía Antinarcóticos, para que se dé la erradicación. Llegan maltratando física y psicológicamente a las comunidades, robándoles las cositas a los campesinos y para muestra un botón, está el Plan Artemisa, que llegaron y en diez minutos devoraron toda una finca, acabaron con todo y se llevaron niños y personas adultas”. Se refiere al plan que se llevó a cabo a inicios del mes de marzo y que buscaba desalojar campesinos de las zonas, so pretexto de estar en lugares protegidos, arrasaron con la siembra, y detuvieron a varias personas.
Atehortúa, cuenta que lo que hay es una muestra de “la debilidad del Estado que no tiene la forma, la inteligencia y la capacidad para afrontar una situación como esta, para plantearle al campesino cosas mejores, proyectos donde el campesino pueda trabajar tranquilamente”.
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