Agosto inicia para el sur de Bolívar con desplazamientos forzados de más de 900 familias de los municipios circundantes al cordón minero Montecristo, Arenal y Morales. Actualmente se encuentran albergados en dos puntos de Santa Rosa
Jenny María Solís Roa
@Jemasolis
Los enfrentamientos armados entre el Frente 37 de las llamadas disidencias de las FARC, dirigidas por Gentil Duarte y el ELN, que hacen presencia en la zona, son los responsables del desplazamiento masivo de al menos 2.235 personas, que conforman 902 familias en su mayoría de comunidades campesinas residentes de los municipios de Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal y Morales, que, por su ubicación, se constituyen como el corredor minero de la zona conformado por la Mina Piojó, Mina Repollo, Mina Central, Mina Chocó, entre otras.
Según la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – Credhos, lo que se ha presentado en la zona constituye una “vulneración de derechos humanos y falta de garantías para la permanencia en el territorio, tras la reconfiguración y profundización del conflicto armado en la región del sur de Bolívar”. El control territorial que se disputan los grupos armados, está condenando a la población civil, al sometimiento, el hostigamiento y la amenaza, que desencadenaron finalmente en este éxodo masivo.
“Lo anterior, sumado a las acciones de contrainsurgencia del Grupo de Tarea Conjunta Marte del Ejército Nacional en la región, que aumentan el riesgo de la población civil ya que se han desarrollado cerca de áreas pobladas. Asimismo, la presencia y accionar del Clan del Golfo ha generado situaciones de vulneración a los derechos humanos tras el control de importantes focos económicos y amplias zonas del territorio” advierte la corporación.
En este momento, las 902 familias desplazadas de la zona agrominera, se encuentran albergadas en dos puntos del casco urbano de Santa Rosa del Sur, en el coliseo y la escuela, a la espera de las ayudas humanitarias dignas de una situación de emergencia como la que se presenta y las garantías necesarias para el retorno.
Después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, contrario a la esperada disminución del conflicto interno, lo que ha acontecido, es el recrudecimiento del mismo, en parte por la falta de garantías y cumplimiento por parte del Estado para su consecución. En el llamado Cono Sur, del departamento de Bolívar, confluyen no solo los grupos residuales de las extintas FARC, sino conatos del grupo guerrillero del ELN, que se enfrentan por el control de la minería del oro y la coca, y la apropiación de los enormes recursos con que cuenta la región, grupos que, a su vez, son enfrentados por el Ejército Nacional de Colombia, dejando en condiciones de extrema vulnerabilidad a los habitantes de la zona.
Hechos previos
El desplazamiento masivo de las comunidades campesinas y civiles del Cono Sur, estuvo antecedida por varios enfrentamientos durante el mes siete del año. Según reportó la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, el pasado 10 de julio de 2021. Dos días antes, el 8 de julio, en horas de la madrugada se presentó el enfrentamiento armado entre el autodenominado Frente 37 ‘Mario Morales’ de las FARC y miembros del Frente ‘Luis José Solano Sepúlveda’ del ELN en la vereda Mina Piojó del municipio de Montecristo, que dejó un saldo de varios combatientes muertos y heridos. Más tarde, fueron asesinadas por parte del ELN, tres personas en la Mina Repollo del municipio de Morales, acusadas de pertenecer al Frente 37 de las FARC.
Para el 26 de julio, la situación que sorprendió a los pobladores, fue el asesinato de Oswaldo Pérez, al parecer por el Frente 37 dirigido por Gentil quien fungía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Piojó, municipio de Montecristo, y, además, era líder de Fedeagromisbol. “Según denuncia pública compartida por Fedeagromisbol y la Corporación Sembrar el 27 de julio de 2021, Oswaldo Pérez y familiares habían sido víctimas de intimidaciones por parte de presuntos miembros del Frente 37 de las FARC”.
A finales del mismo mes, se conoció además, un comunicado público del Frente de Guerra “Darío Ramírez Castro” de la guerrilla del ELN, quienes advierten de la presunta relación entre los paramilitares y el Frente 37 de las Farc, comandadas por Gentil, relación que estaría dirigida para el control de las rutas del narcotráfico. De otra parte, el 31 de julio, en una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, fue dado de baja al parecer un miembro del frente 37 y se dio captura a “Ciro”, quien sería el segundo al mando.
No obstante, las situaciones anteriores, los líderes y lideresas mineros, afirman que la situación de emergencia que se vive en el sur de Bolívar, no responde estrictamente a los últimos enfrentamientos entre los grupos armados, incluido el ejército, sino que esa disputa territorial responde a la desidia y al abandono por parte del Estado colombiano, que no tiene interés en hacer inversiones sociales para garantizar la vida digna a los pobladores, no solo de los municipios directamente afectados sino a la totalidad del territorio.
Respuesta institucional
En un comunicado público, las comunidades han denunciado la inoperancia y falta de compromiso de las autoridades regionales con las garantías de encontrar una solución integral para el retorno de los miles de desplazados a sus zonas de origen. En una primera reunión, miembros de la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar, rechazaron el aumento de la fuerza pública en la región, porque como actor armado, hacen parte de la problemática que viven las comunidades.
“Desde que inició el desplazamiento desde la gobernación de Bolívar la primera pregunta que nos hicieron fue a qué sitios había que enviar fuerza pública para que la gente iniciara el retorno, a lo que respondimos que el incremento de la fuerza pública antes que una solución era agravar la situación de los pobladores ya que mientras a más presencia de actores armados mayor presión van a ejercer contra la población y más se incrementará la violencia. A pesar de esas razones, estamos convencidos que la única “solución” que las autoridades conciben para el retorno es seguir incrementando el pie de fuerza en nuestro territorio”.
Así mismo, se ha denunciado, que las ayudas humanitarias de emergencia, no responden a una respuesta digna para las comunidades desplazadas albergadas en dos puntos del casco urbano de Santa Rosa del Sur. La alimentación no contempla verduras ni proteínas que garanticen una nutrición adecuada para las familias ni una dieta adecuada para las niñas y niños, ni para las mujeres embarazadas ni para las personas de la tercera edad. Los albergues no cuentan con camas suficientes y ni siquiera se está garantizando agua potable. Las comunidades también advierten que no existen programas de atención psicosocial que mitiguen el impacto de lo sucedido a quienes lo requieran.
Garantías para el retorno integral
Las comunidades del sur de Bolívar les exigen a las diferentes instituciones del Estado, garanticen las ayudas humanitarias necesarias para responder a esta emergencia que padecen cientos de familias. Además, la puesta en marcha de un plan integral de retorno seguro a sus territorios de origen y su permanencia y rechazan, el aumento del pie de fuerza, pues esto no disminuye el riesgo para las familias mineras, sino por el contrario, aumenta la vulnerabilidad de las mismas.
