Los homicidios de Albeiro Suárez y Alexander Largo se suman a la larga lista de asesinatos contra firmantes del Acuerdo de Paz. ¿Cuándo el Gobierno detendrá este exterminio sistemático?
Erika Nuncira Avendaño
El 16 de octubre de 2020 en horas de la mañana en la vereda El Planchón del municipio de Uribe, Meta, fueron asesinados Juan de Jesús Monroy de 47 años, conocido como Albeiro Suárez, quien se encontraba liderando el proceso de reincorporación en el departamento, y Luis Alexander Largo (Mandela) de 38 años, integrante del programa de protección de la Subdirección Especializada de la UNP y escolta de Monroy.
La muerte de estos dos excombatientes comprometidos en la búsqueda de la paz y el progreso de la región se suma a la larga lista de asesinatos selectivos ejecutados en lo corrido del año, en donde hasta el 14 de octubre las cifras arrojaban 231 líderes y lideresas, y 51 excombatientes firmantes de acuerdo de paz asesinados/as, tal y como lo indica el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, y tras el desarme de más de diez mil hombres y mujeres de la antigua organización guerrillera, el país ha acumulado la escalofriante cifra de 234 exguerrilleros/as asesinados/as a lo largo de estos cuatro años, de los cuales 146 se han presentado bajo el mandato del actual gobierno.
Estos crímenes desatan el miedo en las comunidades y ponen en riesgo no solo la confianza hacia la implementación del Acuerdo Final de Paz, sino la continuidad de los espacios comunitarios de planeación y gobernanza participativa, lugares que son importantes en el marco del diálogo de las problemáticas sociales que han sido evadidas por el Estado en los territorios olvidados de Colombia.
Rechazo a los asesinatos
La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coordosac, expresó el 17 de octubre sus condolencias y el profundo rechazo a este hecho, catalogándolo como un cobarde crimen, que involucra acciones que insisten en la continuidad de la guerra e impiden que los procesos de cambio se lleven a cabo en el país.
Coordosac en su comunicado emitido solicita al Gobierno nacional ofrecer “garantías reales para la implementación integral del Acuerdo”, así como exige “acciones urgentes que permitan esclarecer los hechos”. De igual forma, demanda del Estado colombiano que se brinden “condiciones reales para el funcionamiento del tejido organizativo que hoy se encuentra roto por la ceguera política de unos pocos que insisten en impedir la paz”.
Tras los hechos perpetrados a estos dos firmantes del acuerdo de paz, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, se pronunció ante el profundo dolor que produce la muerte de los que ellos denominaban “luchadores por la paz”. En el mismo comunicado el partido político informa a la opinión pública la decisión de participar decididamente el día 21 de octubre de 2020 en la marcha “Por la vida y por la paz”, acto que partirá desde diversos puntos del país y que se hará bajo la compañía de diversas organizaciones sindicales, campesinas, juveniles, de mujeres, comunidades diversas, JAC, y comunidad en general del Meta.
También se sumaron al rechazo colectivo la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM, Corpoamem, organización que condenó el asesinato de Juan de Jesús Monroy, espacio donde también expusieron su compromiso con “la paz, como un derecho que no será arrebatado”.
Igualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Colombia, condenó y lamentó el homicidio de estos dos excombatientes, resaltando en este la labor que venía adelantando Juan de Jesús Monroy en el liderazgo de “la cooperativa J.E., conformada por 104 excombatientes de las FARC, en el departamento del Meta” y en “los procesos productivos de cacao y cultivos de especies nativas para la restauración, junto a la cooperativa y programas del PNUD, como ambiente para la paz, comunidades sostenibles y amazonia sostenible para la paz”.
Líderes que defendían los territorios
Juan de Jesús, era vocero de la Agenda Campesina, Étnica y Popular que integra a los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá; su lucha se enfocó en los intereses de las comunidades y en el compromiso porque el acuerdo de paz fuera implementado, destacándose por liderar varios procesos organizativos, sociales, ambientales, productivos y de turismo comunitario en el Meta, y por dirigir la búsqueda de respeto y oportunidades para el buen vivir.
Este líder fue un ejemplo en la construcción del desarrollo local y en la defensa por el territorio, mejorando las condiciones de vida de la comunidad de La Pista, jurisdicción del municipio de Uribe. Su batalla siempre estuvo guiada por el compromiso, la firmeza y la lealtad para trabajar por una región que combata las desigualdades y el incumplimiento del acuerdo de paz. Las personas que lo conocieron recuerdan siempre su lema de “entrelazar manos, construir sueños y forjar un mejor futuro”.
Los crímenes consecutivos contra líderes y lideresas, defensoras de derechos humanos, y firmantes del Acuerdo Final de La Habana, no son hechos aislados, es una constante en contra de quienes optan por defender la vida.
El llamado no es solo para las organizaciones sociales nacionales e internacionales, sino especialmente para todos los actores involucrados pues es imperativo que se incrementen los esfuerzos por la implementación del Acuerdo de Paz para así defender la vida de quienes dejaron las armas con el propósito de construir un país distinto.
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