La cruzada de 35 caminantes desde Popayán a Bogotá́ se realizó para denunciar los abusos y el abandono estatal, aunque también, como reinicio de las grandes movilizaciones que buscan frenar las arbitrariedades gubernamentales
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Aun mientras caminaban recibían noticias sobre los asesinatos de más mujeres y hombres que caían por las balas de los criminarles, solo por ser lideresas y líderes sociales o por defender sus territorios.
Lo paradójico es que justamente ese era uno de los motivos por el que días atrás habían iniciado su caminata desde Popayán hasta Bogotá: El rechazo a los homicidios contra quienes reclaman condiciones de vida digna. Pero también, los nueve marchantes que iniciaron su cruzada desde la capital del Cauca lo hacían por el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno con las comunidades, el cese del exterminio de excombatientes de las FARC e inversión social, entre otras cosas.
“Daba impotencia enterarnos de eso. A uno le duele ver que el Estado no garantiza la vida, ver los asesinatos y preguntarse ‘¿hasta cuándo ese río de violencia en el país?’”, comenta María Leonor Yonda del Coordinador Nacional Agrario, CNA, quien marchó con su compañera del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, porque se cansó de los asesinatos, desplazamiento y conflicto armado que se vive en el país: “No podemos seguir indiferentes a lo que está sucediendo”.
En comunicación, los marchantes dijeron: “A nuestro paso por la ciudad de Ibagué, recibimos con tristeza la noticia que continúan los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, mujeres, líderes LGBTI, firmantes del Acuerdo de Paz”.
Solidaridad
Inicialmente el cubrimiento de los medios de comunicación fue poco. Aun así, en cada municipio, en cada vereda, en cada ciudad eran recibidos por organizaciones sociales que los apoyaban y con quienes compartían problemas y soluciones.
“Salió gente de todas las organizaciones, de todas las razas, campesinos, estudiantes que nos recibieron y marcharon en contra de este mal Gobierno. Le dijimos a la gente que no siga encerrada, que van más de 100 días en los que el presidente Duque ha aprovechado para legislar en contra del pueblo colombiano”, dijo José Milciades Sánchez sindicalista de la CUT Valle y defensor de derechos humanos, quien además inició la caminata desde Popayán.
El caminante se refiere a los decretos emitidos a favor de los bancos, a los desalojos realizados en la pandemia, la negativa a una renta básica y el favorecimiento a los grandes capitales. Por lo anterior, está de acuerdo y llama a una desobediencia civil y a una rebeldía.
José explica que encontraron una voz de aliento, de acompañamiento y que recogieron el sentir de diferentes voces. Además, que dejaron un mensaje para salir a las calles a protestar, “ya que el Gobierno manda a aislamiento, pero sin garantías y hay mucha gente padeciendo el hambre. No es posible que aprovechen la pandemia para hacer los desalojos como en Bogotá y Soacha”.
No solo hablaron, también escucharon. Fueron receptivos con los problemas de sindicalistas, estudiantes, ambientalistas y comunidades que en la Colombia urbana sufren el abandono estatal.
Diversos apoyos
Los marchantes no solo contaron con el apoyo de organizaciones sociales del ámbito nacional y regional, mientras avanzaban hacia la capital varios congresistas alternativos enviaron una carta al presidente Iván Duque y algunos de sus ministros en la que respaldaban la movilización, pedían garantías a las comunidades y detener los asesinatos, entre otras cosas.
“En Colombia la muerte de líderes y lideresas sociales, así como la vulneración de los derechos de los pueblos étnicos se ha convertido en cotidiano, solo en lo corrido de 2020 se estima que hay más de 100 líderes sociales asesinados, además del incremento exponencial de la violencia intrafamiliar y contra la mujer desde la incorporación de la primera cuarentena.
“A esto se suma la preocupación de una deserción estudiantil de aproximadamente 50% de nuestros jóvenes debido a la crisis económica que enfrentan. Situaciones indignantes que desdibujan el sentido de una sociedad con posibilidades de progreso y libre de violencia.
“Estas actuaciones que en numerosas ocasiones han sido denunciadas por los entes de control y el pueblo colombiano, encarnan el reclamo de la sociedad para que el gobierno nacional implemente medidas que garanticen unas condiciones de vida dignas en el marco del aislamiento obligatorio”.
Hostigamiento oficial
En pueblos y ciudades por donde pasaron como Cali, Tuluá e Ibagué se sumaron varios caminantes. Al ingreso a Bogotá ya eran 35 en representación de organizaciones como el partido FARC, quien reclamaba el cese del exterminio contra los firmantes de la paz; el movimiento negro pidiendo al Congreso de la República no reformar la consulta previa; el movimiento indígena exigiendo respeto a la vida y armonía en los territorios; estudiantes que solicitan matrícula cero en las universidades; integrantes de la Unión Patriótica, UP; y campesinos, quienes reclaman la sustitución de cultivos y no erradicación forzosa.
El objetivo a su arribo a la capital del país no era sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno. Por eso, rechazaron la invitación de un delegado de un ministerio quien los llamó al inicio de la movilización para exhortarlos a abandonarla y sentarse a negociar.
“Le dijimos que este Gobierno no nos daba confianza, que hay más de 117 acuerdos con organizaciones sociales incumplidos, que nuestra exigencia era que en Bogotá nos escucharan las organizaciones internacionales”, explicó José Milciades.
A pesar de las amenazas y del hostigamiento por parte de la fuerza pública y de hombres de civil que no saben si son de estructuras paramilitares, llegaron a feliz término. “Saliendo de Bugalagrande la Policía trató de impedirnos el paso, pero teníamos gestionado el permiso y pudimos pasar. En Pereira desde un carro nos amenazaron, una moto de alto cilindraje con dos individuos nos siguió, en Tolemaida igual, pero bueno, llegamos bien”, recuerda el defensor de derechos humanos.
En Bogotá fueron recibidos por organizaciones políticas y sociales como estudiantiles, partidos políticos progresistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Atendieron ruedas de prensa, se reunieron con entes como la Personería y atendieron reuniones con organizaciones de derechos humanos del ámbito internacional. Acompañaron mítines como el que se hizo contra la alcaldesa Claudia López por parte de viviendistas quienes le pedían respetar el derecho a la vivienda digna. Además, estuvieron en la plazoleta de la sede de Ecopetrol respaldando a quienes desde hace días se manifiestan contra la venta de activos de la estatal petrolera.
Caminaron por la dignidad, la educación pública, la salud, la autonomía y respeto a los territorios; y denunciaron al Estado por normalizar la política de la muerte. Sus peticiones son las mismas que desde hace años viene haciendo el movimiento social en el ámbito nacional y que desde el pasado 21 de noviembre, a través de movilizaciones, son más evidentes. Movilizaciones que invitaron a reiniciar.
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