Hernán Camacho
@camachohernan
Preocupación genera la decisión del Gobierno colombiano de romper relaciones con Venezuela. En su más reciente comunicado respecto al tema, el Presidente Duque señaló que la fecha de ruptura de relaciones diplomáticas con el vecino país será el próximo 10 de enero.
La fecha no es por azar. Ese día será la posesión del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, después de ganar el proceso electoral del pasado mes de mayo, fecha atípica, pues las elecciones debían ser en noviembre del año en curso, sin embargo, las elecciones se adelantaron fruto del acuerdo político entre sectores de la oposición en Venezuela y el gobierno Maduro a finales del año 2017.
Ese día, el 10 de enero, se romperán más que las relaciones políticas. Se determinó por parte del ejecutivo colombiano expulsar los funcionarios diplomáticos de territorio colombiano, y con ello cerrar los 10 consulados de Venezuela en territorio nacional, nueve de ellos en las provincias y particularmente en los municipios donde se comparte frontera.
Los gremios económicos en Colombia no han sido consultados sobre la decisión, de hecho, han manifestado su desacuerdo pues los negocios que se comparten en la frontera son muy amplios. El capital no tiene amigos, tiene negocios que se verán afectados por la decisión.
Además, se conocen falsos positivos mediáticos contra los funcionarios de la embajada, por ejemplo, señalarlos de ser los partícipes y ejecutores de los desórdenes sociales que se presentaron en el campamento humanitario ubicado en la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá, aduciendo que dichos funcionarios infiltraron a venezolanos para realizar dichos actos.
La embajada venezolana en Colombia y sus diplomáticos sí han hecho presencia en los campamentos como consta en las actas de ingresos al albergue, en la idea de persuadir a sus compatriotas de acoger el Plan Vuelta a la Patria, para repatriar a los migrantes.
Hace meses no hay comunicación entre los cancilleres y menos entre los mandatarios de ambos países. Pero la orden del Gobierno Duque es no cruzar palabra con el cuerpo diplomático venezolano en ninguna parte del mundo. De hecho, el Canciller Arriaza se encontró en un pasillo de la ONU con Holmes Trujillo y este le indicó que por orden expresa del presidente Duque, él no podía intercambiar ninguna opinión con su homólogo.
Es una decisión equivocada, unilateral, sin razón. No es consultada ni aceptada por el Grupo de Lima -grupo dividido- tendrá repercusiones graves para la política diplomática en Colombia, que con este gobierno ha dejado los buenos modales para convertir la Cancillería en un espectáculo pobre para satisfacer al uribismo radical, como el caso Ordóñez y Pachito. Muy mal.
