Mientras organizaciones ambientales y congresistas llaman a un pacto de vida por los cerros orientales, el Distrito privilegia inmobiliarias y sector privado de la construcción
La capital del país está rodeada y ambientada por una amplia gama de naturaleza, montañas, humedales, páramo, además de encontrarse en una sábana a una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las comunidades originarias que habitaban aquí favorecían la protección de la naturaleza pues su práctica de recolección de alimentos, y de rituales hacia la naturaleza, la mantenían exenta de daños. Sin embargo, al llegar el proceso de colonización, la sabana y en particular los cerros, fueron intervenidos con especies no nativas como pinos y eucaliptos y de diversas formas que desfavorecían el hábitat natural.
En la actualidad, los cerros se encuentran en un proceso de protección, principalmente por parte de organizaciones ambientalistas y cuidadores del ecosistema. Pero además, desde 1977, fueron declarados como Reserva Forestal Protectora, alcanzando altitudes de 3.400 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de 13.800 hectáreas. En esta extensa área, se incluye una variedad única de ecosistemas.
Las principales intervenciones en los cerros
Una de las principales problemáticas de los cerros es la estabilidad de los suelos, la conectividad biológica, deterioro en la calidad del paisaje, el desplazamiento de especies propias del ecosistema, entre otros. Esta situación se presenta gracias a la explotación de canteras. La lucha de las organizaciones ambientalistas y los vecinos y cuidadores de este ecosistema, ha impedido el crecimiento de esta forma de explotación de la naturaleza, generando además el cierre de varias canteras.
Por otra parte y no menos complejo, está el crecimiento desbordado del negocio de las inmobiliarias. Existe una ampliación de terrenos destinados a la propiedad horizontal privadas, cuyos dueños han acumulado grandes sumas de dinero, bajo la especulación con la venta de apartamentos en miles de millones de pesos, bajo el fetiche del vivir bien en medio del paisaje de la naturaleza. También se han ubicado allí universidades privadas que han ampliado sus predios sobre la zona de reserva, sin que esto les traiga ninguna implicación o sanción económica o jurídica.
Además de la construcción de asentamientos comunes en donde su mayor población son personas desplazadas, también se ha consolidado una comunidad comercial. Sus pobladores, han sido los más afectados por las resoluciones en relación a la zona de reserva, pues estos, a diferencia de universidades y constructoras, si han sido llamados a reubicación.
Las razones de la audiencia pública
El llamado de la audiencia pública, es un llamado al “Pacto de vida por los cerros orientales”, esta audiencia se realizó en el Congreso de la República. Allí las entidades del Distrito fueron invitadas, pero estas se negaron a firmar el pacto ambiental sugerido por la propia comunidad, las organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio y los congresistas citantes a la audiencia pública, Ángela María Robledo, Angélica Lozano, Alirio Uribe e Iván Cepeda.
Este pacto tiene como objetivo, “establecer un acuerdo básico sobre la necesidad de concebir y actuar de manera decidida, articulada y coherente con este espacio de vida y biodiversidad que son los Cerros Orientales de la ciudad, que exige garantías para conservar lo que hay que conservar y garantizar la habitabilidad digna de sus pobladores históricos rurales y urbanos”, reza el comunicado público que proyectaron los convocantes.
Según expresó la misma congresista Ángela María Robledo, la administración distrital no tiene interés alguno en proteger el bienestar común de la ciudanía. “Esta decisión evidencia la falta de voluntad de la administración distrital para cumplir las órdenes del fallo que protege los cerros y que tiene una incidencia directa en unas 96 mil personas que habitan en las cinco localidades de los cerros orientales”, planteó.
Por su parte el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, aseguró que “continuaremos acompañando a las comunidades en la exigibilidad del cumplimiento del fallo judicial en todos sus contenidos, no vamos a permitir como al parecer quiere Peñalosa, que se cambie el uso del suelo para poder favorecer a sus amigos constructores y llenar de cemento los cerros”.
Por su parte las organizaciones sociales y defensoras de esta importante reserva natural, denominada como parte del pulmón de la ciudad, aseguran que continuarán insistiendo en la protección de los cerros, y en la exigibilidad a la alcaldía mayor, para que cumpla con el mandato de protección de todo el sistema ambiental de la capital, contra el cual, la administración ha procedido de forma antipopular y en contravía de la preservación del ambiente y los ecosistemas.
Se espera, que mediante la presión, el distrito desista de nuevas construcciones y urbanizaciones y que por el contrario se invierta en programas concertados socialmente en relación al mejoramiento integral de “barrios y veredas y la potenciación de economías solidarias y populares y destinar recursos suficientes para el cabal cumplimiento del fallo del Consejo de Estado proferido en el año 2013, el cual reconoció la necesidad de legalizar los barrios populares y a la vez orientó proteger y conservar el patrimonio natural”, asegura el comunicado.
