Alfredo Valdivieso
Este 16 de marzo se cumplen sendas efemérides para el pueblo colombiano, luctuosas ambas, que es necesario recordar. La primera, los 238 años del alzamiento popular de la provincia del Socorro, que la historia conoce como la Insurrección Comunera; y la segunda, el centenario del bautismo de fuego de la clase obrera colombiana en 1919.
Sobre la primera, baste recordar que el 16 de marzo de 1781, en la población de Charalá, actual Santander, una vivandera (Manuela Beltrán) rompe el edicto fijado muralmente, que ordenaba el cobro de un nuevo tributo, llamado de ‘Armada de Barlovento’, impuesto por el virrey Gutiérrez de Piñeres, que aumentaba la alcabala del 4% al 6%, para sostener la nueva guerra contra el imperio británico. El rechazo al aumento en la mitad de los impuestos, que afectaban a los más pobres, rápidamente se extiende a todos los poblados vecinos, empezando por El Socorro (de donde deriva su nombre) y llega hasta al sur del país y al noroccidente de Venezuela.
Contra el nuevo impuesto
La combinación de las exacciones del virrey y las recién establecidas medidas de libre comercio, amenazaban la floreciente industria de textiles y otros productos artesanales. Tras negarse a pagar el nuevo impuesto, cerca de 6.000 campesinos se insurreccionaron y atacaron las bodegas del gobierno, expulsaron a las autoridades españolas y eligieron sus propios dirigentes. El movimiento inicial era popular y predominantemente criollo. El líder fue Juan Francisco Berbeo, y sus subalternos pequeños comerciantes, agricultores y funcionarios municipales. Cuando la revuelta se extendió del actual Santander a Tunja, Antioquia, Neiva, Pamplona y Casanare, un grupo de indígenas, alentados por el ejemplo de Túpac Amaru en el Perú, se sumaron extendiéndose la insurrección generalizada.
El 2 de junio un ejército de 20.000 personas enfurecidas se reunió en Zipaquirá, a un día de distancia de Santafé, exigiendo la supresión del monopolio del tabaco, la abolición de muchos impuestos y la supresión del cargo de visitador general. Alarmado Gutiérrez de Piñeres reactivó la Junta Superior, y cuando el principal negociador de ésta, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, llegó a Zipaquirá, recibió de Berbeo las Capitulaciones, documento de 35 puntos que exigía reformas administrativas, mayores oportunidades para los criollos y un mejor tratamiento para los indígenas. Para que el conflicto no se extendiera y llegara a Santafé de Bogotá, e indefenso frente al ejército comunero, Caballero y Góngora firmó el documento el 6 de junio, que fue aprobado por la Audiencia al día siguiente. Teniendo la “victoria” en sus manos, Berbeo ordenó a sus seguidores que se dispersaran y condescendió con las autoridades.
Cuando las noticias del arreglo llegaron a Cartagena, el virrey Flores lo desconoció de manera categórica y el 6 de julio envió 500 soldados a Santafé para “restaurar el orden”. Dirigidos por José Antonio Galán los comuneros que no habían desistido, ni desmovilizado, continuaron la lucha, hasta que Galán fue capturado en Onzaga el 13 de octubre. Con el orden ‘restaurado’, se restablecieron los impuestos, y se juzgó y ejecutó a Galán y a tres de sus compañeros el 1 de febrero de 1782. En julio la corona nombró como nuevo virrey a Caballero y Góngora. Uno de los primeros actos del virrey-arzobispo fue conceder un perdón general a los involucrados en la insurrección. La ‘paz’ retornó, para las autoridades reales, pero no para los comuneros.
Contra la corona
Poco se habla de los ‘comuneros del Casanare’, que el 19 de mayo de 1781, dirigidos por el Capitán General de los Llanos, Javier de Mendoza tomaron las principales ciudades, abolieron los impuestos y depusieron al gobernador; desafiaron las órdenes de la corona y de los líderes comuneros del Socorro. Finalmente, una milicia privada financiada por uno de los hombres más ricos de Santafé, el marqués de San Jorge (Jorge Tadeo Lozano ¿les suena el nombre?) cruzó la cordillera para “restaurar el orden”.
La segunda efeméride es la que conmemora los sucesos del 16 de marzo de 1919 (hace un siglo), cuando en Bogotá es asesinado un número indeterminado de obreros y artesanos, cuando se conmemoraba un año más del alzamiento comunero. La historia, de ese primer bautismo de fuego de la clase obrera en Colombia, es la siguiente:
En 1918, en pleno declive de la I Guerra Mundial, Colombia se halla en auge de su primera ola industrialista, aunque depende para lo esencial de las importaciones de EE.UU., en especial de sus capitales en desarrollo de esa potencia imperialista. Están por tanto en formación los primeros núcleos del proletariado, ligado a unas pocas industrias y a enclaves neocoloniales. Pero además, los trabajadores, junto a exigir la terminación de la guerra y a reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales, expresan sus plenas simpatías por el triunfo de la Revolución Bolchevique.
En enero de 1918 en el litoral Caribe, en especial Barranquilla y Cartagena, se producen huelgas en varios sitios, con énfasis en el ferrocarril, que reclaman reducción de jornada laboral y aumento salarial, y a pesar del acuerdo, finalmente la policía arremete contra los trabajadores con un saldo de tres obreros asesinados. El gobierno declara el estado de sitio en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.
Contra los artesanos
La oleada de huelgas continúa en el país, y terminada la guerra, el nuevo gobierno, de Marco Fidel Suárez, determina por medio del ministerio de Guerra, contratar a un particular para importar desde los EE.UU., preferencialmente, un total de hasta 10.000 uniformes militares completos (que incluía vestido, botas, fornituras y demás arreos), lo que mandaba a la quiebra y al hambre a sastres, zapateros y tafileteros, entre otros. El pretexto para importar dicha cantidad de uniformes, que finalmente se tasó en 8.000, era que las tropas del ejército y la policía “debían estar presentables” para la celebración del centenario del 7 de agosto. (Como si el Ejército Libertador no hubiese ganado la Batalla del Puente de Boyacá con andrajos).
Los artesanos al conocer la decisión del gobierno deciden la protesta, mediante memoriales, artículos de prensa y mítines, y finalmente el domingo 16 de marzo (pues en días laborales no podían protestar) determinan concentrarse en la plaza de Bolívar y de ahí marchar al Palacio de la Carrera. Desde la presidencia, finalmente con el pretexto de unas piedras, se ordena disparar un cañón cargado de metralla, instalado a la entrada, y fusilar a mansalva a los trabajadores, incluyendo en ellos a más de 300 costureras de la fábrica La Maestranza. Los obreros huyen en desbandada, dejando sus muertos y heridos, y acuden al ministerio de la Guerra, en el cual el propio Ministro, general Pedro Sicard Briceño, descerraja su revólver contra el líder artesanal Gabriel Chávez.
El diario El Tiempo reconoce 20 muertos, 18 heridos y más de 300 apresados (que luego, en su mayoría son ‘extrañados’, es decir expulsados de la ciudad). El gobierno en el Diario Oficial del 29 de marzo, reconoce en unos partes, que “hubo disparos al aire y al piso”, que “desgraciadamente causaron algunos muertos y heridos”. Un diplomático francés, informa a su gobierno que los muertos y heridos son centenares.
A un siglo de semejante masacre, primer bautismo de fuego del proletariado colombiano, es necesario rescatar la memoria, en especial en las organizaciones obreras, ligándola a lo que significó como antesala del primer centenario de la Batalla de Boyacá. Por eso, los trabajadores y el pueblo debemos conmemorar este 16 de marzo, la doble efeméride popular.
