Falta de recursos para responder a la alta demanda y a la modernización del sistema, e incumplimientos en cuanto a la ampliación de planta son algunos de los temas por los que miles de trabajadores de esta rama irán a paro el 2 y 3 de octubre
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
El adecuado para la administración de justicia que permita la modernización tecnológica y la modernización de los despachos judiciales, la ampliación de personal para el esclarecimiento de delitos y estar al nivel de la demanda de justicia quintuplicada en los últimos años, son puntos vitales de las exigencias de los trabajadores de la rama judicial que los llevan a una nueva jornada de protesta con cese de actividades durante los próximos 2 y 3 de octubre, en todo el país. Así lo dio a conocer a VOZ el presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, Luis Fernando Otálvaro.
Cuando se habla de déficit presupuestal, los trabajadores aclaran que para poder responder a las necesidades hay cinco billones doscientos mil millones de pesos para la vigencia 2020 y en las discusiones de presupuesto en el Congreso de la República, el Gobierno apenas ha ofrecido cuatro billones cien mil millones; un billón cien mil millones menos. Dinero que limita el cumplimiento de acuerdos como la ampliación de planta.
“En la negociación estatal, en el sector Justicia, en donde hubo la participación de la Ministra de Justicia de ese entonces, Gloria María Borrego, habíamos logrado la creación de 2.300 cargos. La jefe de esa cartera había adquirido el compromiso de impulsar en el presupuesto nacional los recursos para ese fin, que son de 457 mil millones de pesos, y eso no está en este proyecto ni tampoco está la creación de las salas de audiencias ni de despachos judiciales en aquellas zonas de conflicto para que sea el Estado quien deba ir copando los espacios que han dejado los desmovilizados”, argumenta Luis Fernando Otálvaro.
Exenciones tributarias
Como segunda causa de las movilizaciones, está una deuda que hay con los jueces desde 1994, correspondiente a una prima del 30%, que no se ha querido pagar a pesar de los fallos de bonificación del Consejo de Estado que reconocen ese derecho.
En tercer lugar, hay una alta carga de impuestos a los jueces que anula los derechos adquiridos en diversas jornadas de paro: “Nos están gravando con dos salarios devengados en el año, es decir, que lo que tenemos que pagar al Gobierno es dos salarios, y eso ha producido una gran inconformidad por la rebaja de los pagos”, explicó Luis Fernando Otálvaro.
Sobre este particular las organizaciones sindicales que dirigen las protestas expresaron: “Exigir el restablecimiento de las exenciones tributarias sobre las rentas de trabajo (salario, gastos de representación y cesantía) que eliminó la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018), sin perjuicio de las acciones públicas de inconstitucionalidad promovidas por Asojudiciales y Asonaljudicial”.
También llaman la atención sobre la reforma pensional y laboral que desprotege a los trabajadores y deslaboraliza porque pone los trabajos por hora, lo que desmejora salarios, pauperizando más a los asalariados. “En la forma pensional se piensa marchitar el fondo de pensiones públicas para dar avance a los fondos privados”, agrega el presidente de Asonal Judicial S.I. quien asegura que estos y otros son motivos más que suficientes para continuar las movilizaciones de manera unitaria como se ha dado en este oportunidad.
Y es que la unidad sindical en esta rama pocas veces se ha dado, aunque en esta oportunidad hay una coordinadora sindical integrada por Asonal Judicial, Asonal SI, Vocero Judicial, Semjud, Asojudiciales, Unisercti, Sintrafisgeneral, Asojusur Si, Cormajuris, Atraes-Fgn, Unitraj y Sintranivelarcomuneros que recogen trabajadores de diferentes instituciones.
Esta coordinadora emitió un comunicado en que también expresa que en sus peticiones está la defensa del principio de separación de poderes y la autonomía judicial como elementos fundantes del Estado Social y Democrático de Derecho; rechazar la injerencia indebida de gobiernos, agencias externas, de autoridades y sectores internos en el proceso decisional de los jueces y coadyuvar políticas públicas que permitan el acceso eficaz de todas las personas a la administración de justicia.
Carga y acoso laboral
Asimismo, exigen al Consejo Superior de la Judicatura el cumplimiento del acuerdo colectivo suscrito con tres organizaciones sindicales, especialmente aquellos aspecvtos atinentes a los manuales de funciones, calificación de servicios, modelo de gestión (centros de servicios) y proyecto de ley sobre carrera judicial.
Piden también, soluciones efectivas e inmediatas a la problemática institucional y laboral de la Fiscalía General de la Nación, específicamente lo relacionado con carga razonable y acoso laboral, traslados territoriales y funcionales arbitrarios, traslado de funciones del CTI a entidades de la Policía Nacional, implementación de la carrera judicial de acuerdo con sus especificidades (curso-concurso de ascenso, concurso especializado CTI y promoción de los servidores de carrera a cargos en provisionalidad, sin renunciar a derechos adquiridos), evaluación de servicios y restitución de los descuentos salariales efectuados por la participación en el paro judicial de 2014, etc.
Por otra parte, solicitan respeto a las garantías sindicales, especialmente la observancia del principio de concertación en la negociación colectiva, el otorgamiento de permisos sindicales y la asignación de un presupuesto suficiente para el nombramiento de los reemplazos.
La mayor parte de los temas han sido discutidos desde años atrás entre los representantes de los trabajadores y el representante de diferentes Gobiernos, se ha llegado a acuerdos, pero los incumplimientos continúan como el común denominador y detonante de nuevas protestas.
“Por eso decimos que los gobiernos le mienten al país cuando hablan de la necesidad de fortalecer la justicia y lo que hacen son reformas que benefician a las elites, porque si en realidad quisieran una reforma para que la ciudadania tuviera acceso, para que fuera pronta, rápida y eficaz le darían con qué funcionar y lo mantendrían como actualmente está. Le hemos dicho al Gobierno que cualquier reforma a la administración de justicia tiene que pasar por un mayor presupuesto y sin tocar instrumentos como la tutela que han sido beneficiosos para la ciudadanía, que es lo que han querido tumbar”, explica Luis Fernando Otálvaro.
Por las anteriores razones, durante los 2 y 3 de octubre la administración de justicia estará cerrada, aunque se atenderán acciones de tutela que lleven medidas previas, cautelares, sobre el derecho a la vida, libertades y hábeas corpus.
Pero a la vez, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, había convocado a las organizaciones sindicales de la rama judicial a una reunión en su despacho para el 25 de septiembre y tratar los temas. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura hizo lo propio por lo que se reactivó la mesa de negociaciones con los representantes de los trabajadores.
