Roberto Amorebieta
@amorebieta7
El presidente Iván Duque ha anunciado que expedirá un decreto que “regule el porte y consumo” de la dosis personal de estupefacientes. La medida ha sido recibida con complacencia por la mayoría de la opinión pública que, como se sabe, ha sido tradicionalmente escéptica frente a cuestiones relacionadas con el libre desarrollo de la personalidad. Frente a ello, algunos académicos, periodistas e intelectuales han intentado criticar la medida sosteniendo que es reiterativa (repite cosas que ya existen), es riesgosa (crea las condiciones para que haya más abusos de la policía), es inocua (no resuelve el problema) y es contraproducente (fortalece a las mafias).
Estamos aquí ante una clara medida de populismo punitivo, que consiste en endurecer los castigos con la promesa de reducir el delito. Es perfectamente previsible que el decreto no va a incidir en el llamado microtráfico porque es un negocio que obedece a la más simple regla de cualquier economía de mercado: La demanda crea la oferta. La consecuencia que sí tendrá es que aumentarán todos los precios relacionados con el negocio: El de la propia dosis de droga, el de la extorsión, el del soborno, entre otros. Y quienes estarán más expuestos serán los que no pueden pedir su dosis a domicilio y consumirla tranquilamente en un lugar seguro, es decir, los más pobres, las clases populares, los que tienen que acudir al parque, a la esquina, al callejón. Los excluidos de siempre.
Además, es irritante el tono que ha adquirido la noticia en los medios. Lo que podría ser un debate propositivo sobre el tema de las drogas se ha convertido, a pesar del esfuerzo de unas pocas voces sensatas como Pascual Gaviria o Sandra Borda, en una manifestación de histeria colectiva, haciendo un especial énfasis en “el consumo por parte de niños y adolescentes por culpa de jíbaros que rondan los centros educativos”.
Funcionarios del gobierno, congresistas, directores de centros de rehabilitación, periodistas y hasta padres de familia han desfilado por los principales micrófonos a repetir la misma cantinela de que están protegiendo a los niños. Una preocupación legítima como es el consumo de drogas por parte de nuestros hijos, ha sido utilizada por los actores del régimen político para desviar la atención sobre temas importantes como los casos de corrupción, las reformas que se avecinan y las dificultades de la economía. Y el discurso que se ha construido está dirigido a estigmatizar a los de siempre, a los hombres jóvenes y pobres de nuestras ciudades. Es un discurso de control social sobre las personas, sobre los cuerpos y sobre las conductas.
