El Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, es una instancia internacional, no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales, que no son reconocidos por las instituciones judiciales de los Estados
Alberto Acevedo
La responsabilidad política, penal y moral que le cabe al presidente Iván Duque en su condición de jefe de Estado por el asesinato sistemático de excombatientes firmantes de los acuerdos de paz de La Habana, y por las masacres contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y de diferentes etnias y comunidades campesinas, será puesta en la picota pública, en el marco de un juicio ético al Estado Colombiano por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, en sesión que se realizará entre el 25 y el 27 del presente mes de marzo, según convocatoria de sus organizadores.
El Fiscal del Tribunal será el reconocido exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, quien dirigió el proceso contra la parapolítica durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Velásquez ha sido magistrado del Consejo de Estado, en 2011 recibió el Premio Mundial de Derechos Humanos y en 2013 fue comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, designado por las Naciones Unidas, a nivel de Secretario General adjunto.
La sesión del Tribunal, denominada “El genocidio político en Colombia 2021”, tendrá como jurados, entre otros, a los juristas italianos Luigi Ferrajoli y Luciana Castellina; a los franceses Marielle Fanon-Méndes France y Philippe Texier, al mexicano Andrés Barrera y a Antoni Pigrau Soler, de Barcelona.
Jurado de lujo
Texier es el actual presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y magistrado de la Corte de Casación de Francia. Ferrajoli, por su parte, es considerado el jurista vivo de mejor formación humanística, autor de célebres textos jurídico filosóficos como Derecho y razón y Democracia y garantismo, profesor de la Universidad de Roma Tres. Uno de los vicepresidentes del Tribunal Permanente de los Pueblos es el sacerdote jesuita colombiano Javier Giraldo.
El pasado 26 de enero se llevó a cabo el lanzamiento oficial del evento, mediante el cual el Tribunal Permanente de los Pueblos realizará un juicio ético al gobierno colombiano por las masacres y la violación sistemática de derechos humanos en el país. Por tratarse de una ONG no gubernamental, el fallo del TPP no es vinculante. Pero sí realizará un juicio ético que tendrá significativas repercusiones para la imagen de Colombia en el concierto internacional.
El TPP es un tribunal que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. La actividad del TPP se basa en los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 1976, o Carta de Argel, y analiza las causas históricas, políticas y económicas que generan las violaciones a los derechos de los pueblos.
Tribunal de opinión
De este modo, tras los análisis pertinentes, y después de escuchar a los testigos, el jurado emite un verdecito de carácter jurídico en contra de los agentes responsables de las violaciones denunciadas. En el caso colombiano, numerosas organizaciones sociales de distinta índole vienen trabajando en la preparación de casos y se contempla la vinculación de procesos sociales y populares, campesinos, negros, de trabajadores, estudiantiles y de educadores.
En la preparación del evento de este mes en Colombia participan, la Coordinadora Colombia, Europa Estados Unidos, el Congreso de los Pueblos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones que ya trabajan en la preparación de un extenso documento sobre genocidio, impunidad y crímenes contra la paz. Ya se han dado reuniones con organizaciones políticas y sociales que respaldan la convocatoria y preparan sus respectivos informes. Se espera que para el mes de abril se produzca el fallo del tribunal.
El TPP ya sesionó en Colombia en dos ocasiones, en los años 1989 y 2008. En esta ocasión repite, teniendo en cuenta la crítica situación de derechos humanos en el país, los falsos positivos, las masacres y los asesinatos de luchadores sociales y excombatientes acogidos a los Acuerdos de paz de La Habana.
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