Campesinos, defensores de derechos humanos y periodistas han sido víctimas de la agresión militar del Ejército Nacional, en el marco de las erradicaciones violentas de cultivos de uso ilícito. Las comunidades denuncian que, a plomo, se les obliga a desistir de sus derechos constitucionales
Carolina Tejada S.
La guerra contra las comunidades campesinas no para. Luego de los operativos de erradicación forzada por parte del Ejército Nacional, en la región del Guayabero desde inicios del mes de mayo, cuando estos se intensificaron, el pasado 5 de junio, bajo el mando del Sargento viceprimero Sosa y el Capitán Alexander Rodríguez Pabón, adelantaron un nuevo operativo contra las comunidades en las que el Ejército disparó de manera indiscriminada contra la población y como saldo quedaron seis campesinos gravemente heridos.
Tratamiento de guerra al campesinado
Bajo el mismo modus operandi, el pasado 15 de junio, nuevamente el Ejército ataca, como enemigo en guerra, a un grupo de campesinos y campesinas que estaban concentrados en la vereda Tercer Milenio, buscando el dialogo, como expresaron por medio de un comunicado: “para evitar la erradicación de los cultivos de uso ilícito, que en este momento de crisis por el Covid 19 es su único sustento familiar” las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega sin mediar y pasando por encima del Derecho Internacional Humanitario, “dispara indiscriminadamente contra su humanidad, dejando hasta el momento varios heridos de bala”, reflexionan en su comunicado.
La Fundación DHOC, organización defensora de los derechos humanos en la región, quien se encontraba haciendo el acompañamiento y defensa de los DDHH y el DIH en la vereda Tercer Milenio, denunció que los militares también intentaron disparar contra quienes se encontraban cubriendo los hechos, y en un claro atentado a la libertad de prensa. El cinco de junio ya se había denunciado que el Ejército disparó e hirió con una bala de fusil, en una de sus manos, al reportero Fernando Osorio Gallo del medio Voces del Guayabero.
En este segundo ataque que se dió el pasado 15 de junio, los campesinos heridos son: Carlos Javier Pernía, quien fue herido en los testículos por arma de fuego calibre 2.23 mlm; el campesino Franklin Cubillos, herido en los dedos de la mano por quemadura de bomba aturdidora; Mario Téllez, herido en la cara por bala de goma; Gil González, herido por arma de fuego calibre 2.23 mm a la altura de una de sus piernas; Cristian Arévalo con una herida en el pecho con artefacto no convencional de metal.
A tiros de fusil el Ejército ya completa 12 campesinos heridos, sin que las autoridades locales o nacionales se hayan expresado para rechazar o frenar por medio de algún procedimiento de control interno dicha situación sistemática que se viene presentando en el país, pues, como es de conocimiento público, las acciones militares a bala sobre las comunidades que se niegan a la erradicación forzada en el marco de la pandemia y sin siquiera haber cumplido, por parte del gobierno el Acuerdo de Paz y los planes de sustitución con garantías económicas.
Llamado a la sociedad y a las instituciones públicas
Luego de que el 15 de junio quedaran múltiples campesinos heridos, diversas organizaciones llamaron a las instituciones del Estado a responder por estas agresiones a las comunidades. Así mismo, las organizaciones del Guayabero, hicieron un llamado público, porque a pesar de lo grave de la situación humanitaria, ni la Defensoría del Pueblo, Personería Nacional u otras instituciones garantes de los derechos humanos, no se pronunciaron, ni se acercaron a las comunidades para conocer sus demandas y su realidad.
Es por ello que, en medio de las circunstancias críticas y de la ausencia de garantías para las comunidades por parte del gobierno, desde el Guayabero, llamaron a todo el pueblo trabajador del país a que defiendan sus derechos y: “a buscar mecanismo para hacer ejercicio de nuestros derechos constitucionales de la protesta pacífica y de la libre asociación contemplados en los artículos 37 y 38 de la Constitución Política de Colombia”
Igualmente, expresaron que: “Las comunidades del Guaviare y sur del Meta anunciamos al pueblo en general, nuestro retiro de la vereda Tercer Milenio donde nos encontrábamos desde el 20 de mayo del 2020 en protesta pacífica en ejercicio de nuestros derechos constitucionales y en exigencia de nuestros derechos fundamentales, invocando el articulo tres (3) común del derecho de gentes que aparece en el protocolo II de Ginebra de 1977 del DIH” y resaltan que esa decisión es debido a las: “gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública quienes nos han disparado en repetidas ocasiones a la altura del pecho y la cabeza de manera indiscriminada a más de 60 metros de distancia con el objetivo de aniquilarnos”.
Denuncias que se han hecho, y las cuales han pasado desapercibidas por el gobierno. En su comunicado, el cual refleja una amplia indignación desde las comunidades, expresan: “Con todas estas dificultades hicimos resistencia a mano limpia, pero la infamia de los altos mandos militares fue tal que ordenaron instalar minas en la vereda”, frente a ello denuncian que estas minas estallaron durante la semana en la que fueron instaladas, la última de ellas detonó el 16 de junio. Por ello, hacen responsable a los Generales Eduardo Zapatero y Raúl Hernando Flores, de cualquier hecho en contra de la vida e integridad física de los las líderes sociales de la región.
Finalmente, las comunidades advierten que es antidemocrático que, a bala, y con las amenazas de minas en los lugares en donde se han presentado los plantones para manifestar su descontento frente a los incumplimientos del Estado a los Acuerdos de paz, y a la ausencia de la garantía de derechos, obliguen a las comunidades a desistir de un derecho constitucional como lo es la manifestación pacífica. “Nos retiramos con dignidad y seguiremos en la lucha social con la consigna de no nos dejarnos sacar del territorio” y reiteran la consigna de “parques con campesinos”.
Foto: Dirigentes agrarios denuncias agresiones del Ejército y llaman al respeto por sus derechos constitucionales. Foto: Verónica Luna
