La democracia ha sido prostituida y empujada hacia la dictadura civil, que hace de la violencia, el miedo, la corrupción, el fraude y la práctica del genocidio su instrumento principal de dominación
Alberto Acevedo
Empresas de reconocida solvencia en el mundo de la cosmética, como Estée Lauder, Elizabeth Arden, Revlon o Chanel, seguramente ya habrán puesto sus ojos en el presidente Iván Duque, para ofrecerle un jugoso empleo después del 7 de agosto de 2022, por sus extraordinarias dotes de gran maquillador, como lo demostró con creces durante su discurso de instalación del Congreso, el pasado 20 de julio.
Hay un consenso, en los círculos políticos, entre comentaristas de prensa, observadores de la política nacional que, en su discurso ante el Congreso, que fue también de balance de su primera mitad de gobierno, Duque habló de un país idílico, que no es el nuestro. Es la prosa de un poeta que anda por las nubes, bastante alejado de la realidad. Y, por consiguiente, con notables incongruencias.
Por ejemplo, hizo un vehemente llamado a la ‘cohesión nacional’, que era “necesario dejar atrás un pasado de divisiones” y que debemos ser “los protagonistas de un reencuentro de los colombianos en medio de las dificultades”. No de todos los colombianos. Minutos más tarde, al concluir su perorata, se refirió con desgreño a la vocera de la oposición, que hacía uso del derecho legal a la réplica, como a “la vieja esa”.
Daña la democracia
La mirada discriminatoria del presidente no es sólo contra la senadora de la Unión Patriótica. La verdad es que un amplio espectro del llamado ‘país nacional’ permanece excluido. “El presidente Duque gobierna por decreto, sin control político”, se consigna en el Manifiesto por la Democracia, que suscriben una serie de personalidades de la política y la cultura, entre quienes se cuentan, la directora del Teatro La Candelaria, Patria Ariza, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1992, Antonio Navarro Wolf, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño y el secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo.
“El poder se ha concentrado en el presidente, se han adoptado normas de orden público que limitan derechos fundamentales y escapan al control constitucional expedito”. Duque “ha incorporado al ordenamiento jurídico leyes sin deliberación democrática”, “Duque violenta la democracia”, denuncia el Manifiesto.
Problemas sociales
El presidente advirtió a los congresistas de los peligros sobre el “discurso del caos”, y la necesidad de responder a los desafíos que plantea la crisis sanitaria con responsabilidad, solidaridad y grandeza. Ni una palabra autocrítica sobre la irresponsable medida del ‘día sin IVA’, que disparó el contagio del virus en las grandes capitales del país.
Para la oposición política y muchas organizaciones gremiales de la salud, ha sido justamente el presidente el responsable de la crisis. No solo por el manejo errático de la pandemia. También por el tratamiento que da a los problemas sociales medulares sobre los cuales la población reclama soluciones con urgencia.
Las enormes desigualdades sociales, confirmadas una y otra vez por el DANE, la pobreza multidimensional, el asesinato sistemático de líderes sociales, la creciente corrupción, la criminalización del pensamiento crítico, la entrega de la soberanía nacional a los dictados de Washington, son entre otros, aspectos que ni siquiera fueron incluidos en el recetario de soluciones que plantea el primer mandatario cuando llama a cerrar filas en torno a la obra de gobierno.
Primero la paz
El otro problema medular de la vida nacional, es la implementación de los acuerdos de La Habana y la construcción de una paz estable y duradera. Saltan a la palestra, en este sentido, las recientes propuestas del ministro de la Defensa, de explorar un pacto político para hacer modificaciones “a futuro” al acuerdo de paz de La Habana. Vale decir, retomar los objetivos de la campaña por el ‘no’ y hacer trizas los acuerdos de paz, un acariciando sueño del Centro Democrático de Uribe, a nombre del cual habla el ministro Holmes Trujillo.
Lo que reclaman los sectores democráticos y progresistas, incluido el ‘centro político’, que en las últimas semanas intenta reconfigurarse alrededor de figuras como la de Humberto de la Calle Lombana, pese a sus diferenticas tácticas, es la necesidad de llevar a feliz término el cumplimiento de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC y avanzar en las negociaciones con el ELN y otros grupos insurgentes.
Entonces, lo que vemos son dos discursos diferentes, antagónicos en lo estratégico, en torno a las soluciones a la crisis del país. De un lado el llamado del presidente Duque a cerrar filas alrededor de su gestión, caótica y desgastada, buscando soluciones, no las que plantean los trabajadores y el pueblo, sino los gremios económicos y la banca financiera, nacional y extranjera.
El pliego del Comité de Paro
Y de otro lado, el catálogo de exigencias de los sectores populares. “Proponemos un pacto social para salir de la crisis”. “El programa alrededor del cual se debe construir la unidad de la nación está contenido en el pliego de peticiones de emergencia, presentado al Ejecutivo por el Comité Nacional de Paro: medidas efectivas en salud, renta básica, empleo, educación, protección a la población carcelaria (..) cesar los feminicidios y la violencia de género”, dijo la senadora Aída Abella en su discurso de réplica, al de Iván Duque en la instalación del Congreso.
Por su parte, la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano, en una declaración con motivo del 90º aniversario de su fundación, dijo: “La democracia ha sido prostituida y empujada hacia la dictadura civil, que hace de la violencia, el miedo, la corrupción, el fraude y la práctica del genocidio el instrumento central de dominación”.
“En la perspectiva del poder, el Partido Comunista levanta su consigna histórica de unidad de todas las rebeldías, de todas las fuerzas alternativas para consolidar la implementación plena del acuerdo final de paz, restablecer el diálogo con el ELN, reconstruir una política de paz y de diálogo permanente y obligatoria del Estado, conducente a un pacto para sacar las armas de la política y producir las reformas que garanticen la inclusión, el reconocimiento, el cese de la estigmatización, la no repetición, la reparación debida y la creciente participación de todos los sectores del pueblo y de sus vertientes políticas en la conducción del país”, señala la declaración.
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