Las abrumadoras evidencias de delitos cometidos en la campaña electoral de 2018, la bajísima popularidad del presidente y su desastrosa gestión han dado razones para declarar ilegitimo al Gobierno y llamar a la desobediencia civil
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
“¿Y qué pasó con lo del venezolano? ¿Sí será verdad tanta belleza?”, pregunta María Claudia Daza, entre curiosa e inquieta. “¿Sabes cuánto nos dio? 300 mil dólares”, le contesta complacida Nubia Stella Martínez, consciente de que está dando una muy buena noticia. La conversación es tan explícita -a pesar de que las interlocutoras usan un lenguaje discreto- que es posible imaginarse a las dos señoras aplaudiendo emocionadas y dando pequeños saltos de felicidad. Sin embargo Daza, entonces asesora de Álvaro Uribe y Martínez, directora del Centro Democrático, no caen en cuenta que están confesando un delito: financiación de extranjeros a campañas políticas.
En otra conversación también divulgada estas semanas, la comerciante de ropa Sandra Isabel Aguilar le pide ayuda al Ñeñe Hernández para “direccionar” unos votos en Bucaramanga para la segunda vuelta. Según la grabación, esas personas habían votado por Fajardo y era urgente reunirlas con algún “líder de Duque, una persona seria” para que las “dirigiera bien” y “cuanto antes, para que la gente no los paguen (sic) por otros lados”. También con un lenguaje discreto y entre expresiones formales de cercanía como “mi vida” o “mi amor”, Hernández y Aguilar están a su vez sugiriendo la comisión de un delito: constreñimiento al elector o en lenguaje sencillo, compra de votos.
El portal La Nueva Prensa divulgó otra grabación donde el Ñeñe Hernández comenta entusiasmado los resultados electorales con el exdiputado y fundador del Centro Democrático en Santander, Iván Aguilar. Es un intercambio de elogios y felicitaciones que comienza con un exultante Hernández: -Hace cuatro días me llamó el presidente. -¡Ñeñe Hernández!, ¡el hombre que quiere Iván Duque!, ¡tenemos presidente! -Tenemos presidente y amigo. -Eso vale más que la plata. La conversación, evidentemente animada por altas dosis de vallenato y alcohol -y a pesar del desmentido oficial de la Casa de Nariño-, deja en claro la cercanía del testaferro de la mafia con el presidente electo.
El abogado Miguel Ángel Del Río hizo público otro audio donde el Ñeñe comenta con un interlocutor no identificado y de forma absolutamente explícita la compra de votos en el sur del departamento del Cesar: “Toca meterle duro, ¿oyó? Y llevar y mandar plata a la gente para que salga a votar”, dice el desconocido. “Yo vine a eso. Aquí en San Martín yo les dejo de a 50.000 pesitos para que vayan y voten”. A lo que el Ñeñe contesta “Claro, para que vaya y vote la gente”. Más allá de la confesión de un delito, lo nuevo es la evidencia de una práctica tan tradicional como opaca en la política colombiana: el clientelismo. En otras palabras, este audio confirma algo que ya se sabía: que así se hace la política en este país.
Debate distorsionado
Cada revelación es más espeluznante que la anterior porque permite entrever un refinado entramado mafioso tras la campaña de Duque en 2018. Como es lógico, la divulgación de estos audios -que se han dado a conocer gracias al fallo judicial que ordenó a la Fiscalía entregar todas las grabaciones de la ñeñepolítica al abogado Del Río- ha desatado una tormenta política. El senador Gustavo Petro denunció que los audios probaban un fraude masivo en las elecciones, directamente señaló al Gobierno de ilegítimo y convocó a la ciudadanía a la desobediencia civil. Sus detractores, por supuesto, no tardaron en repetir la cantinela de siempre con acusaciones de “querer incendiar el país” y tonterías por el estilo.
Este debate es muy importante, pero está planteado en términos confusos por, al menos, dos razones. Primero, porque hay una ausencia de espacios serios de reflexión y análisis, y segundo, porque la calidad de las argumentaciones -especialmente cuando provienen del uribismo- es dramáticamente baja, cuando su intención no es directamente sabotear. Por ello sí merece la pena precisar el significado de la legitimidad para aclarar si estamos efectivamente ante un Gobierno ilegítimo o si por el contrario se trata solo de una audaz jugada política de Petro. O si ambas afirmaciones son ciertas.
Qué es la legitimidad
La legitimidad es uno de los conceptos más importantes de la ciencia política porque permite preguntarse por las formas como se reproduce la dominación, incluso cuando es percibida como odiosa. El sociólogo alemán Max Weber define a la legitimidad como un orden que aparece con el prestigio de ser obligatorio y modelo. Pero no hay que apresurarse, la sencillez de la definición esconde una culebra que se muerde la cola: que la legitimidad -es decir, el acatamiento a la dominación- no descansa en la fuerza sino en que los dominados crean que esa dominación es legítima. Dicho de otro modo, un poder es legítimo porque así lo creen quienes lo padecen.
Y hasta hace poco era claro que la mayoría de los colombianos estaba en desacuerdo con el Gobierno de Duque -el masivo paro de noviembre y las encuestas así lo demuestran- pero a nadie se le ocurría pedirle la renuncia. No se le exigía que se fuera, sino que hiciera bien su trabajo. Hasta ahora. Las revelaciones que han desatado el escándalo de la ñeñepolítica han dado razones para cuestionar la legitimidad del Gobierno porque han puesto en entredicho el origen de la misma: la transparencia de las elecciones que le llevaron a la Casa de Nariño.
El propio Weber define que uno de los tipos de dominación legítima es la legal-racional, que consiste en que la legitimidad descansa en el resultado de un procedimiento fiable de elección. Es decir, alguien pudo no votar por Duque, pero eso no significa que cuestione su victoria, siempre y cuando las elecciones hayan sido justas. No obstante, la aparición de más y más evidencias de delitos electorales, la negligencia de la Fiscalía para investigarlos y la complicidad del Consejo Nacional Electoral, dan motivos de sobra para dudar de la propia legalidad de la elección del presidente, y a Petro para declararlo ilegítimo y llamar a la desobediencia civil.
Y Duque qué
Esto es muy grave porque efectivamente el presidente se encuentra en sus horas más bajas de popularidad. La gestión de la pandemia fue una oportunidad desperdiciada para reconstituir su imagen y si bien en las primeras semanas se presentó el fenómeno llamado Rally around the flag -los ciudadanos rodean al líder en situaciones de crisis-, pronto su imagen en las encuestas volvió al acostumbrado deterioro. Recuérdese que durante el mandato de Uribe hubo muchas y peores denuncias -incluso de financiación ilegal de la campaña presidencial- y casi nadie se atrevió a denunciar la ilegitimidad legal del Gobierno, porque Uribe gozaba de una enorme legitimidad carismática. Hoy, ese señalamiento a Duque no suena desquiciado.
Petro lo sabe y por eso ha decidido intensificar la confrontación política. Por una parte, la desidia de las autoridades para investigar los hechos denunciados hace prever que los delitos conocidos no tendrán consecuencias penales. Así, la impunidad contribuirá a deslegitimar al Gobierno, a la Fiscalía y al Estado en su conjunto. Además, la decadencia del uribismo como proyecto político ha roto el aplastante consenso del decenio anterior y permite que este tipo de denuncias tengan mucho más seguimiento y se conviertan en combustible para las movilizaciones ciudadanas.
Sí, Duque es ilegítimo porque ganó las elecciones con fraude, pero también es ilegítimo porque cada vez más ciudadanos no lo reconocemos como nuestro presidente. Y no es solo por bandido, también por incapaz.
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