El principal órgano de monitoreo del Sistema Interamericano elaboró un contundente informe sobre la sistemática violación a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional contra el gobierno de Iván Duque, que desconoció su competencia y con arrogancia se negó a acoger las recomendaciones
Carolina Tejada
@carolltejada
En la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, como órgano que hace parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el mes de junio en pleno auge de violencia en el marco del levantamiento social y popular, este órgano había expresado que, en su visita, “constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas” entre otros elementos por “la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género”.
La comisión reconoció la Constitución Política del 1991 como una carta política que sostiene una arquitectura institucional equilibrada entre los poderes públicos y organismos autónomos con funciones específicas de control y reforzada por los elementos contenidos en el Acuerdo de Paz, que habría que preservar en el marco del Estado Social y de Derecho. Ese mismo marco constitucional es el que enaltece la CIDH en su informe y, el que llama a preservar en el documento de 48 páginas presentado el 7 de julio al gobierno nacional.
El documento que fue inmediatamente rechazado por el partido de gobierno y por el mismo presidente Iván Duque, deja un precedente en la historia del país. Por un lado, reitera los llamados a la necesidad de garantizar los derechos constitucionales en el marco de la protesta, pero, además, es enfático en detallar los efectos de la asistencia militar en el marco de las manifestaciones de la sociedad civil y recomienda la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.
El documento resalta “el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”. Así mismo, la CIDH constató que, “en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”.
La Comisión habría recibido un total de 2.908 solicitudes para dar testimonio sobre la situación de DDHH en Colombia y que se obtuvieron 302 declaraciones individuales y colectivas, con la participación de más de 500 personas. Las cifras que se incluyeron en el documento presentado corresponden a las ya socializadas por organizaciones de DDHH; al menos 4.687 casos de violencia policial, 82 mutilaciones oculares, 28 víctimas de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas, más de tres mil detenciones arbitrarias, además de 44 asesinatos y 29 homicidios en proceso de verificación.
En dicho documento, la comisión también condenó, a diferencia de las interpretaciones parcializadas del partido Centro Democrático, las afectaciones que sufrió la fuerza pública y que sistematizó la misma institución. “La CIDH condena el fallecimiento de tres integrantes de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones”, pero también aseguró “inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado”. Ratificó su condena y rechazo a los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social, se refirió “tanto a aquella ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública como la provocada por grupos ajenos a la protesta misma».
La importancia del informe
La importancia de este informe, en el marco de las observaciones de la CIDH, radica en que, como le expresó el abogado Diego Martínez a VOZ, “son el órgano principal de monitoreo del sistema interamericano. Cuando la OEA se crea incluye la posibilidad de que haya un sistema que verifique, promueva y garantice el cumplimiento de DDHH a nivel del continente, el papel que se le dio a la Comisión fue el de actuar como guardián de entrada del sistema y ejercer labores diplomáticas y de coordinación con los gobiernos de la región en el respeto por la Convención Americana sobre los DDHH”.
Lo que ha hecho la CIDH en su informe, es obrar conforme a la norma y a los convenios interamericanos, que es, dar recomendaciones al Estado para que actúe conforme con las reglas de los tratados regionales de DDHH. En pocas palabras, le está advirtiendo al gobierno que algunos de los hechos que están sucediendo “no cumplen con los estándares mínimos que ha asumido Colombia al ratificar los tratados interamericanos de derechos humanos, y sugiere al Estado formas de remediarlo”, asegura Martínez.
Luego del papel de la CIDH, viene el de la Corte Interamericana, que ya resuelve líos judiciales, como un juez. Comenta el abogado que la importancia de estas recomendaciones también radica en que nos anuncian que “el sistema está prestándole atención a la situación en Colombia, y que está interesado en la grave situación de DDHH”.
Si dichas recomendaciones no se cumplen, y las víctimas a título individual quisieran interponer una petición ante el sistema, lo que sería el equivalente a una demanda, en el que se solicita reparación por una violación de una de las obligaciones de derechos humanos del Estado, pues lo podría hacer y las recomendaciones de la CIDH se convertirían en un precedente en la evaluación del caso.
Uno de los elementos más significativos del informe, es el relacionado con la separación de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, del Ministerio de Defensa. Lo cual ha generado revuelo alrededor de este ministerio y por ende de quienes defienden el actuar desproporcionado de la fuerza pública. Ante ello, Martínez comenta: “En la actualidad la Policía es un órgano de naturaleza civil, depende de un órgano de naturaleza militar responsabilizado entre otras cosas de graves violaciones de derechos humanos y de militarizar la vida ciudadana. La recomendación de la CIDH obedece a que el Ministerio del Interior es la entidad que debe centralizar el diseño e implementación de la política nacional de DDHH”.
Analiza el abogado que, es coherente que la Policía y el ESMAD estén bajo la supervisión de esta entidad. “Facilita que sea una sola la entidad que aplique los DDHH y que regule la operación del Esmad, y se dé un tratamiento civil a los problemas sociales y no militar”. Sin embargo, expresa el abogado, “mientras se mantenga la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno, la práctica usual e institucional de la clase dominante no servirá, solo un cambio funcional en cuanto a la estructura de la que dependa este organismo, sino se requiere democratizar la vida nacional y el país. Pues, estas instituciones policiales tienen por objeto no la defensa de los derechos ciudadanos sino del establecimiento, así lo demostró en su actuar en el presente paro contra el actual gobierno”.
No asumir las recomendaciones
Frente al panorama nacional, si el Estado no cumple dichas recomendaciones, pues la tendencia es a empeorar la crisis humanitaria en el país. En términos de política exterior se vislumbran varias consecuencias que vale la pena tener en cuenta. Explica Martínez: “Colombia ha sido, y ojalá siga siendo, un Estado generalmente activo en sus obligaciones de derechos humanos, efectivamente por tener el mayor índice de casos en el Sistema Interamericano por violador de DDHH. Esto no quiere decir que la situación del país sea positiva, sino que el Estado suele negociar y participar de forma directa en instrumentos de derechos humanos, y mantener un diálogo fluido y constante con los órganos que lo monitorean”. Lo que ha conllevado a que el Estado tenga que ser diligente con el uso de los mecanismos de la Comisión Interamericana.
Sin embargo, desde sus inicios, este ha sido un gobierno que se ha distanciado de la aplicabilidad de los protocolos internacionales de DDHH y de DIH, cuando se trata de asumirlos para su propio país. Situación que se evidenció con el rechazo, inicialmente a la visita de la CIDH y posterior al informe de recomendaciones. El mismo rechazo no se ha visto cuando la comisión actúa frente a los países vecinos.
Y, por otro lado, y no desligado de esta situación, asegura Martínez que también hay que pensar en cuál puede ser la reacción de otros foros de cooperación al ver la reacción a las recomendaciones de la CIDH. Principalmente, “la Comisión responde a la Asamblea Permanente de la OEA, que podría incluir en su agenda la situación de Colombia. Así mismo, la situación podría despertar el interés de Naciones Unidas. En donde el Estado también ha asumido compromisos en materia de DDHH y que tiene órganos de monitoreo propios”, además de otros espacios internacionales como lo es Consejo de Derechos Humanos, etc.
Cabe recordar, que las decisiones que sí son de obligatorio cumplimento son las de la Corte Interamericana. Mientras tanto, existen otros mecanismos de presión para buscar frenar dicha situación de DDHH en el país, como puede ser, comenta Martínez, “lo que se llama una visita in loco, mucho más exigente que la que acaba de darse, y tal vez sea el camino que busquen las organizaciones de DDHH y representantes ante el sistema como el Comité Permanente de Derechos Humanos”.
La Comisión, por lo pronto anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.
