La eliminación de la figura política de Rafael Correa del escenario político, fue el verdadero trasfondo de ese que Atilio Borón calificó como ‘referendo-trampa’
Ricardo Arenales
Decidir si se destierra definitivamente de la vida política nacional la figura del expresidente Rafael Correa Delgado, uno de los más ilustres hijos del Ecuador, fue en realidad el objetivo supremo del referendo del pasado domingo en ese país. De las siete preguntas que se sometieron a consideración del electorado, todas pudieron haber recibido un trámite normal a través del órgano legislativo.
El formulario de preguntas fue un distractor para ocultar el verdadero sentido de la consulta, contenido en el punto relativo a la prohibición de la reelección presidencial. En el tarjetón no faltó sino que se hubiera colocado con nombre propio y con cédula de ciudadanía, el nombre de Rafael Correa. Contra él estaba dirigida la consulta.
De acuerdo a cifras suministradas por la autoridad nacional electoral, el sí a las preguntas del referendo bordea el 64 por ciento de los votos, en tanto que la pregunta concreta sobre si se prohíbe la reelección presidencial, alcanzó el 63.57, contra un 36.43 por ciento en contra que, según analistas, va a representar el capital político de Correa hacia el futuro, que se niega a salir del escenario político ecuatoriano.
Inconstitucional
El referendo, según lo expresaron analistas y no pocos miembros del partido Alianza País, es inconstitucional, por cuanto la normatividad legal obliga al ejecutivo a consultar primero con la Corte Constitucional si la consulta se ajusta al precepto legal. El actual mandatario, Lenín Moreno, en su afán por sacar del escenario político a Correa, se saltó este trámite. Además, salvo la prohibición de la reelección, las propuestas contenidas en las demás preguntas, pudieron haberse tramitado como leyes de la república por vía ordinaria a través del Congreso.
Vocación latinoamericanista de Correa
Lo paradójico de este proceso es que la burguesía ecuatoriana siempre soñó con desterrar definitivamente de la vida política del país a Rafael Correa. Durante su mandato acudieron a todo tipo de estrategias, sabotajes, e incluso intentonas de golpe, para desarticular su proyecto político. Y ahora, lo que no pudo lograr la burguesía de derecha, lo consigue quien fuera uno de los principales aliados del correísmo.
Es una estrategia que se repite en otros países. Lo confirman los procesos judiciales contra Dilma Rousseff y Luis Inacio Lula da Silva en Brasil; contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y las intentonas de liquidar política y físicamente a Nicolás Maduro en Venezuela, todos ellos protagonistas de importantes cambios democráticos en la región.
Conseguir este objetivo, es cuando menos un acto de inmoralidad, si no de abierta traición a un proyecto político de inclusión social, de redención popular, independientemente de los errores que pudo haber cometido la administración Correa.
Rafael Correa puso fin a un período de inestabilidad política en Ecuador. Fue un estadista profundamente convencido de la necesidad de promover la unidad entre los pueblos de América Latina, de una vocación integracionista y libertaria, ofreció a su país como sede de Unasur, desalojó a las tropas norteamericanas de la base militar de Manta, brindó asilo a Julián Assange, símbolo del periodismo contestatario y ofreció a su país como sede de los diálogos con el ELN y el gobierno colombiano.
Ese legado es el que quiere borrar del espectro político el actual gobernante de Ecuador, Lenín Moreno. Correa por su parte, considerado un viejo zorro de la política, ha dicho que no se va a dejar sacar tan fácil del escenario político, y anunció ya su decisión de aglutinar al sector más radical y consciente de su proyecto de Revolución Ciudadana para intentar salvar los cambios democráticos que se dieron bajo su administración.
