El confinamiento no se les impone a las grandes empresas extractivistas ni a los latifundistas que invaden las tierras y atropellan a las comunidades nativas
Ricardo Arenales
La pobreza, la marginalidad y la informalidad, que desde siempre han afectado la vida y la salud de los pueblos indígenas en América Latina, se mezclan, como una mixtura exótica, una pócima fatal, a la que ahora se le agrega el nuevo ingrediente del coronavirus y amenaza con llevarse por delante la vida de no pocos miembros de las comunidades originarias del continente.
Vinicius Pinheiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina, dijo la semana pasada que “la cara más nefasta de esta pandemia es la desigualdad, porque la enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas afectan más a los que menos tienen, como son los pueblos indígenas y tribales, con escasa protección social o acceso a la salud”.
Con esta afirmación, Pinheiro reforzó una cifra revelada por la OIT, en el sentido de que alrededor de 55 millones de indígenas en América Latina estarían en riesgo de ser afectados por la crisis del coronavirus. La OIT advirtió además sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en todo el mundo, unos 476 millones de personas, de los cuales el 11.5 por ciento, con más de 800 pueblos nativos, viven en América Latina y el Caribe.
Precariedad y discriminación
El coronavirus llega a las poblaciones indígenas en el peor momento. La tasa de informalidad entre los trabajadores aborígenes bordea el 82 por ciento, casi 30 puntos porcentuales por encima de la informalidad de la población trabajadora en general, que es del 54 por ciento.
“Una vasta mayoría de mujeres y hombres indígenas viven en condiciones precarias y trabajan en condiciones de informalidad en los sectores más afectados por la crisis, lo cual se traduce en pérdida de medios de vida”, dijo Pinheiro, quien admitió que, en tal escenario, en regiones como la Amazonia, el virus crece de manera exponencial.
En más de dos meses de cuarentena, los impactos sobre los pueblos indígenas son crecientes. Aunque la realidad es que muchos de ellos, a decir de uno de sus líderes, han vivido en “eterno confinamiento”, sin caminos vecinales, sin empleo remunerado, sin quién les compre sus cosechas a precio justo. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos de la región, en medio de las restricciones de movilización, hacen una excepción con las grandes empresas comercializadoras de alimentos, por considerarlas un servicio esencial, como hacen, por ejemplo, con las que surten a la central Corabastos en Bogotá.
Ayuda con sesgo racista
Pero a los indígenas se les prohíbe trasladar sus productos, porque el toque de queda se los impide. El protocolo de transporte de alimentos está pensado para empresas, especialmente las más grandes.
El gobierno de Guatemala, por ejemplo, concedió unos ‘bonos’ para las personas más afectadas por la pandemia. Pero al potencial beneficiario le exigen que tenga una cuenta bancaria para consignarle y presente el último recibo de pago de electricidad. Ninguno de los dos pueden ser aportados por las comunidades indígenas del país; el asistencialismo aquí tiene un marcado sesgo racista. Tendrían la opción de recibir la ayuda en los cascos urbanos, pero el confinamiento les impide movilizarse.
En este país centroamericano no llegan las ayudas a las comunidades nativas, pero el confinamiento les impide las prácticas ancestrales de sanación, tan necesarias para emergencias como la actual. Por consiguiente, tampoco funciona la economía familiar. Por ello son frecuentes, en sus bohíos, las banderas blancas, reclamando ayuda humanitaria y comida, como en Colombia las bandereas rojas.
Hospitales desabastecidos
En Manaos, Brasil, hasta el 15 de mayo, última estadística disponible, habían fallecido 16 indígenas por coronavirus, y un numeroso grupo de nativos estaba infectado. El brote golpea la región después de que sus habitantes fueron azotados por el dengue, el zika y el sarampión.
En Mato Grosso del Sur habita el pueblo guaraní, la población indígena más grande del Brasil, con 51.000 habitantes. Allí se han confirmado al menos 10 muertes por coronavirus. Las condiciones de vida de los nativos no permiten el aislamiento doméstico lo que facilita la transmisión. Los hospitales cercanos cuentan con pocas camas.
En Estados Unidos la comunidad de los Navajo, ha sido una de las más afectadas, con 44 muertos por el covid-19, hasta ahora, y más de mil casos confirmados de contagio. Es el pueblo aborigen más grande del país del norte, que se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah. Están también los Cherokee y varios pueblos nativos en Canadá. De unas 574 tribus reconocidas en Estados Unidos, los Navajo tienen una de las tasas más altas de pobreza.
Virus y despojo
El confinamiento, sin embargo, no se les aplica a las grandes empresas extractivistas ni a los latifundistas que invaden las tierras de las comunidades nativas. En Mato Grosso, les han arrebatado a los aborígenes en estos tiempos, 480.000 hectáreas de tierra. El mismo destino corren los pueblos maya en Guatemala.
En Ecuador, uno de los países más contagiados por la pandemia, la trasnacional Texaco-Chevron perforó más de 350 pozos y arrojó 16.500 millones de galones de agua contaminada en piscinas sin protección que luego se desbordaron y envenenaron los territorios cofán, siona, secoya, quichua y huaorani. El pueblo Siekopai, en Sucumbíos, con 443 casos positivos de coronavirus, fue despojado del 95 por ciento de su territorio ancestral, a manos de latifundistas y empresas transnacionales.
En Colombia el drama adquiere un matiz adicional. “La pandemia está sirviendo para ocultar la guerra en Colombia”, dice Gabriel Marrugo, un líder indígena al referirse a los enfrentamientos entre paramilitares y el ELN, que se agrega a los sufrimientos por el virus. Afirma que el 24 de abril pasado, 70 familias embera-eyábida, en Urrao, Antioquia, se vieron obligadas a dejar su terruño por este motivo, y otras mil más quedaron en riesgo, según denuncia de la Organización Indígena de Antioquia.
En todo el continente, las comunidades nativas reclaman insumos, alimentos y ayudas económicas para enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo que puedan ejercer su autogobierno y libre determinación, y que se les brinde información oportuna en sus propias lenguas.
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