Luis Jairo Ramírez
@JairoRamirezH
Las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, más conocidas como “falsos positivos”, han sido una característica de vieja data practicada por las élites liberal-conservadoras, como una forma de mantener la hegemonía política, el despojo y la acumulación de la riqueza en pocas manos.
Sin embargo, la investigación practicada por la JEP plantea que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez -2002 y 2008- se presentaron, al menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales.
La dimensión escandalosa de este fenómeno criminal tiene como antecedente inmediato el gobierno conservador de Andrés Pastrana, quien una vez instaló los diálogos de paz del Caguán el 7 de enero de 1999, en una actitud tramposa, muy propia de las élites gobernantes, partió a reunirse con el presidente Bill Clinton de los EE. UU. y allí suscribieron de espaldas al país el conocido “Plan Colombia” con el supuesto objetivo de “terminar con el conflicto y generar estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico”, para lo cual se estableció una ayuda de cerca de 10 mil millones de dólares entre el 2000 y 2016.
Muy pronto la lucha antinarcóticos pasó al plano militar y las acciones contrainsurgentes, todo lo cual desencadenó la ruptura del proceso de diálogos en el gobierno Pastrana. Parte de los recursos del “Plan Colombia” fue a parar a manos de los paramilitares, los cuales intensificaron sus acciones entre 1999 y 2001 ejecutando 449 masacres. En 1999, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que “los grupos paramilitares se han convertido en el brazo ilegal de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para quienes realizan la labor sucia que las Fuerzas Armadas no pueden hacer por ser autoridades sujetas al imperio de la ley”.
Durante los siguientes ocho años, en el gobierno Uribe, la política de “seguridad democrática” adquirió un carácter puramente contrainsurgente y las organizaciones sociales fueron asimiladas a “terroristas” para justificar su represión abierta; la violación a los derechos humanos alcanzó dimensiones inéditas.
El gobierno colombiano se comprometía año tras año a presentar al gobierno norteamericano resultados de “la lucha contra el terrorismo”, pero a pesar del enorme arsenal militar de aviones de combate, helicópteros artillados y centros de inteligencia militar dotados con la tecnología más avanzada, y a pesar de algunos golpes aislados a la insurgencia, los resultados no eran los esperados, ni correspondían con el volumen de la asistencia militar norteamericana.
El desespero por la ausencia de resultados para presentar a los EE.UU. lleva al gobierno de Uribe a precipitar “falsos positivos” como la supuesta desmovilización en el 2006 de 66 guerrilleros de un inexistente frente “Cacique La Gaitana” de las FARC, con comandante incluido, armamento y un avión, financiados con recursos del gobierno y como principal protagonista el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, actualmente prófugo de la justicia.
El Tribunal de Paz indicó que entre 2002 y 2008, en desarrollo de la “seguridad democrática” del presidente Uribe, fueron asesinadas 6.402 personas, 4.154 casos más que los registrados por la Fiscalía; asesinatos que fueron sistemáticos y generalizados. “Bajo el ala criminal de un gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios de ascensos y viajes para quienes entregaran resultados macabros”.
Evidentemente estos hechos de verdad no serían posibles sin el acuerdo de paz de La Habana.
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