Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Intervención ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y las intimidaciones por parte de la fuerza pública a sus comunidades, es una de las peticiones hechas por las organizaciones Movimiento Comunal Catatumbo y el Movimiento Ciudadano Atrévete al Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades estatales, a través de una carta la semana pasada.
Las peticiones se hicieron porque los campesinos de varias veredas de los municipios Convención y El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, están cansados y atemorizados por acciones de miembros del Ejército que los victimizan o los ponen en peligro.
Entre las denuncias está el acuartelamiento en escuelas y viviendas de las veredas las Águilas y El Loro, por parte de tropas del Ejército Nacional. Además, “en la finca San Miguel de la vereda el Loro, se encuentra acantonado el Ejercito Nacional, un vecino del señor García Rodriguez expresó que el Ejército lo señala como guerrillero y que ya tienen orden de atentar contra su vida. Además, el Ejército también manifiesta que el señor manipula artefactos explosivos, cuando eso no es cierto, el señor es un campesino que está afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda el Loro”, detalla la misiva.
Aunque por estos días, debido a la pandemia de coronavirus, las escuelas no tienen estudiantes, estas sí se utilizan para reuniones de las organizaciones campesinas, de deportes, de trabajadores y de juntas de acción comunal, entre otras. No obstante, hay preocupación porque en la zona hay grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC que pueden entrar en combate con los militares dejando a los civiles en medio.
Sin alternativas a la coca
Según Jhon Jairo Saravia, del Movimiento Ciudadano Atrévete, buscan visibilizar la problemática ante los medios de comunicación, “para que haya soluciones antes de que pase a hechos mayores como una víctima, como sucedió con Dimar Torres, torturado y asesinado por miembros de esa institución (Ejército)”.
El documento que también fue enviado a la Comisión de Paz del Senado y a organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, agrega: «Existe empadronamientos y señalamientos a las familias, acusándoles de pertenecer a las insurgencias, toman fotos a las personas y a su documento de identidad, obstaculizan la libre movilidad sin justificación alguna y en ocasiones intimidan a las personas con disparos al aire, es importante resaltar que estas tropas del Ejército Nacional se ubican en propiedades privadas de las familias”.
Los hechos se presentan en el contexto de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en la región hace presencia por parte del Ejército la Fuerza de Tarea Vulcano con las Brigadas número 10 y 30. Además, existen proyectos extractivistas en la región.
En ese sentido, las comunidades expresan que aunque sí quieren erradicar los cultivos de coca, lo que está de fondo son los planes gubernamentales de carácter minero para la extracción de petróleo, coltán, carbón y uranio.
Las organizaciones campesinas han manifestado el temor de que con la llegada de los proyectos mineros y de monocultivos, los campesinos sean desplazados de sus tierras y su única opción laboral es convertirse en obreros mal pagos de esas empresas.
“El Estado solo hace presencia con la militarización, pero muy poco con salud, carreteras, educación. En los municipios de El Carmen y Convención no se ha iniciado la erradicación, solo han quemado algunos cambuches que es a donde los campesinos llevan la hoja, pero no una erradicación a fondo como en otros municipios”, aclara Jhon Jairo, quien agrega: “A algunos les han dado pollos, semillas, tres o cuatro millones de pesos, pero a la mayoría no les han dado nada, no ha habido esa sustitución gradual. Pedimos al Gobierno que cumpla porque en el papel pinta pajaritos en el aire, nos venimos contentos para la casa y no cumplen”.
Hoy su supo que existía la posibilidad de que una comisión integrada por delegados de la Organización de Estados Americanos, OEA; de Naciones Unidas, ONU y de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones campesinas asistiera a las veredas a una reunión con el Ejército.
