A Dimar Torres lo asesinaron hombres del Ejército. Fue un acto planificado, con orden de mando que se quiso encubrir por parte de la misma tropa, mientras se planificaba el siguiente crimen. Gracias a la comunidad, la verdad no se enterró. Cuando empiezan a salir al aire las manzanas podridas de una institución cuya misión es proteger a la población, el caso lo llevan a la impunidad
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
A las 5:40 p.m. de ese 22 de abril, Dimar Torres fue abordado por militares mientras se transportaba en su moto camino a su rancho, junto a él llevaba unas rulas para el trabajo agrícola de su finca. Los militares activos del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 11 del Ejército, ya sabían lo que harían con Dimar, y así lo hicieron. Lo bajaron de su moto, lo golpearon, y a sangre fría, le dispararon en varias ocasiones con metralla, a quema ropa. Su cuerpo fue arrastrado a unos metros de la carretera monte adentro donde pretendían enterrarlo en una fosa común, junto a su moto, para desaparecer la evidencia.
Es gracias a los campesinos lugareños, que se percataron de los disparos y que echaron de menos la llegada del hombre a su destino mientras se movilizaba entre la vereda Campoalegre y la vereda Miraflores, y emprendieron la búsqueda. Ya era de noche en las montañas catatumberas, la población sabía del peligro de estar por esas zonas de conflicto armado y solo así, en comunidad, iniciaron la búsqueda. Se dirigieron a la base militar, lugar en donde los soldados se encontraban haciendo un retén, los confrontaron mientras grababan la acción de búsqueda y minutos después hallaron el cuerpo inerte de Dimar. Junto a su cuerpo había una pala, una fosa y su moto.
“Hay que matarlo”
El coronel Pérez, adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres n. º 11 del Ejército en el Catatumbo, es quien da la orden al cabo que finalmente coordina la ejecución. En un chat de whatsapp quedaron registrados los informes de los seguimientos de los militares y el reporte del momento en el que se ordena el asesinato: “A ese man no hay que capturarlo, sino que hay que matarlo, porque no aguanta que quede en la cárcel”. Según la Fiscalía, “el soldado Gómez cumple con el mandado ordenado por el coronel Pérez y le dio de baja”. Y la orden se cumple: “Mi coronel, ya lo maté”, fue el reporte que el cabo le da a su mayor Pérez Amézquita.
En el mismo chat, donde se planificó el seguimiento y la ejecución del excombatiente de las FARC, quién se había acogido al proceso de paz y que gracias a la revista Semana se conoce públicamente, el coronel Pérez, le pregunta a quien materializó la ejecución: “¿Qué decía el hijueputa?”. Y, luego de que el cabo le dio a conocer el reporte de que los lugareños preguntaban por Dimar Torres, el mayor Pérez le ordena a este: “chequéelos, chequéelos (refiriéndose a la comunidad) porque esos son los que siguen”.
La “ilegitimidad para el Ejército”
VOZ dialogó con Diego Martínez, quien representa a la víctima de esta ejecución extrajudicial o crimen de estado y comentó que: “En el caso de Dimar Torres existe un hecho real, el cual consiste en la existencia de un plan de seguimiento y ejecución en contra de un reincorporado de las antiguas FARC. Este plan consistió en actividades de seguimiento e inteligencia de manera ilegal con un trágico final: la desaparición forzada y con ella la clara intención de desaparecer a esta persona”.
Advierte que la gravedad de los acontecimientos, también está en que son protagonizados por entes del Estado, que hoy vienen siendo investigados por este mismo modus operandi en todo el territorio nacional: “Estos hechos los protagonizaron servidores públicos, con ello existe la plena evidencia de que el Ejército Nacional ha vuelto a una vieja práctica de la anterior confrontación armada y es considerar como sus enemigos a comunidades campesinas marginadas por el Estado y actuar como un “Ejército de ocupación”. Lo anterior no es solo un factor de ilegitimidad para el Ejército, sino para el actual gobierno que demuestra con estas acciones y su falta de medidas, ser una pequeña minoría a favor del pasado y el reinicio de la confrontación”.
Según el reporte de la investigación de la Fiscalía, Torres, “era un campesino, agricultor, reincorporado de las Farc, sometido al proceso de paz y que vivía con sus padres, esposa e hijos”. No era un miembro del ELN, como lo quisieron presentar en medio de los diálogos del chat creado por los militares, so pretexto de adelantar su ejecución.
Según el abogado Martínez, el cabo Gómez, quien ejecuta el crimen: “fue el primero en aceptar cargos por estos graves hechos, lo que le implica algún tipo de rebaja de pena; sin embargo, existen más responsabilidades penales por establecer, como el caso de más oficiales y funcionarios que presuntamente también actuaron en estos hechos”.
Una maniobra para la impunidad
Luego de adelantadas las investigaciones y de conocerse los primeros responsables de los hechos, el abogado de la víctima comenta que el caso puede quedar en la impunidad y menciona que: “La actuación de la Justicia, que se evidenció con la reciente actitud tomada por la Juez 80 de Control de Garantías, determinó enviar el caso al Consejo Superior de la Judicatura, por solicitud realizada por la defensa de que el caso debía ser conocido por la Justicia Penal Militar. Esta remisión por parte de la Juez generó dilación en los términos procesales y en consecuencia, que el caso continúe en la impunidad. Claramente, la justicia ordinaria sigue demostrando ser un factor de impunidad” afirma Martínez.
Los familiares de Dimar Torres y el partido político FARC han advertido la maniobra impune que se está cocinando sobre el caso, tal y como lo menciona el abogado de la defensa de la víctima.
Por otra parte, se cuestiona que en la búsqueda de la justicia sobre estos hechos, el Ministro de la Defensa, Guillermo Botero, haya inicialmente desmentido y luego: “justificado el crimen con su lenguaje violento e incitador del odio en estos hechos. Él es responsable políticamente de esta y otras graves muertes. El actual gobierno con su falta de implementación de las medidas del Acuerdo de Paz, entre ellas la de garantizar la seguridad de los reincorporados y de las comunidades rurales en los territorios, ha demostrado que su principal bandera de seguridad y legalidad está fracasando y con ello, que este no es un gobierno dispuesto a proteger a la gente y en especial a los líderes y defensores de derechos humanos en los territorios que dejaron las antiguas FARC”.
La defensa, comenta que: “hemos solicitado rectificación pública al señor ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sin embargo, hasta este momento esto no ha ocurrido, situación que evidencia el reinicio de una política peligrosa de estigmatización a personas. La vieja política de la Seguridad Nacional, la de considerar que existe un enemigo interno y que los indígenas, defensores de derechos humanos y los reincorporados son enemigos, hemos regresado al más oscuro componente del terrorismo de Estado”, afirma Diego Martínez.
