En Colombia, la memoria es un campo en disputa. Nuestro pasado republicano está compuesto por guerras y conflictos marcados por las aspiraciones populares de emancipación, así como por el esfuerzo de las élites de configurar su monopolio sobre el poder del régimen excluyente. Por eso, la élite ha hecho un gran esfuerzo por truncar o cooptar la memoria colectiva, por lo que han sido pocos los sucesos que son continuamente evocados por el grueso de la ciudadanía, tales como la masacre de las bananeras o los acontecimientos del 9 de abril de 1948.
El que estos hechos aun le digan algo a la gente, muestran su relevancia histórica, la cual es reforzada desde la academia. En las últimas décadas, investigadores sociales se han esforzado en explicar que la muerte de Gaitán, antes que la causa última del conflicto armado interno, fue más una consecuencia de un conflicto social que venía gestándose al menos desde la década de 1930, y que este asesinato lo que hizo fue escalar la violencia política que se presentaba ya desde 1946.
Sin embargo, para muchas personas, el magnicidio del caudillo popular aún marca el inicio de la Violencia, y con ella una historia dramática que moldeó el presente: guerra, violencia política, desplazamiento de campesinos, urbanización precaria. El hecho de que lo ocurrido el 9 de abril siga siendo un hito que prefigura la historia colombiana reciente se debe en parte a que millones de colombianos aún guardan registro en sus pasados personales y familiares de la terrible política de exclusión y persecución del pensamiento divergente inaugurado simbólicamente un viernes de abril hace 73 años.
Gaitán parecía representar la promesa más seria de apertura del régimen político. Valiéndose de los marcos bipartidistas, en la parte final de su vida el caudillo logró hilvanar un discurso que superaba la secular confrontación liberal-conservadora. Planteaba un proyecto para los trabajadores y los pobres, el pueblo, el cual había sido excluido política y socialmente por las oligarquías de los partidos tradicionales. Por eso, fueron muchas personas del común las que se integraron al movimiento creyendo en la promesa de participación efectiva en el régimen encarnada en la figura misma de Gaitán. Cuando el caudillo cayó víctima de las balas, quedó claro para millones de colombianos que no sería posible la ampliación de la democracia para el pueblo.
Ahora, el asesinato de Gaitán, que se sumaba a una serie de masacres y actos violentos en zonas rurales que estaban ocurriendo desde al menos dos años antes, era una muestra clara de que la oligarquía estaba dispuesta a recurrir a cualquier medio para frenar todo proyecto que recogiera las aspiraciones de los excluidos. La muerte de Gaitán generó una reacción popular por todo el país, con diferentes grados de organización y conciencia, por lo que la respuesta oficial no escatimó en crueldad. El conflicto poco a poco alcanzó niveles cimeros.
La violencia para-estatal desplazó a millones de campesinos hacia los principales centros urbanos del país; a la vez, la persecución oficial también se ensañó con el movimiento sindical y las organizaciones que representaban proyectos alternativos al bipartidismo, herramienta de la que se había valido la élite criolla para monopolizar el Estado, apropiarse de las tierras y el capital, y para mantener en condiciones agobiantes de explotación a los trabajadores, verdaderos productores de la riqueza nacional.
Se calcula que durante los primeros 20 años del conflicto, fueron asesinadas entre 200 y 400 mil personas; igualmente, se ha estimado que entre 1951 y 1973, fueron expulsadas del campo cuatro millones de personas que se desplazaron hacia la frontera agrícola y las grandes ciudades del centro y el litoral del país.
Y es precisamente por la magnitud y dureza de este conflicto que hoy millones de colombianos pueden relacionar su pasado familiar con la primera etapa de una guerra que atravesaría todo lo que restaba del siglo XX, y que fue impuesta al pueblo colombiano por empresarios, terratenientes y banqueros en beneficio de los intereses del capital norteamericano.
Pero la cuestión es que la política de exclusión basada en la persecución violenta de quienes proponen proyectos diferentes al modelo imperante, continuó a lo largo del siglo XX, y se reedita hoy en las fuerzas que se oponen a la salida negociada al conflicto armado, valiéndose para ello de los más crudos actos de violencia contra la sociedad colombiana.
La situación es acuciante. En el 2020 se produjeron 91 masacres en todo el país, que dejaron un saldo de 381 víctimas, y en lo corrido del presente año se contabilizan 95 víctimas en 26 masacres. El 9 de abril es una fecha para reivindicar la memoria de las víctimas, que nos hace repensar nuestro pasado para poner de manifiesto los problemas que continúan hoy y romper con el ciclo de violencia que se inició hace más de medio siglo. Es también la oportunidad de potenciar la lucha popular, esa que inició Gaitán y que tan necesaria es para democratizar el país, recuperar la soberanía nacional e imponer la plena convivencia, la inclusión social y la igualdad de derechos para las mujeres.
